Charlie Hebdo : Tras la conmoción y la movilización, la acción.

21/01/2015
Comunicado
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La FIDH rinde homenaje a los millones de ciudadanos y ciudadanas que se movilizaron el 11 de enero de 2015 en la Marcha Republicana, tanto en Francia como en el resto del mundo, en respuesta al atentado contra la redacción de Charlie Hebdo y a la matanza del supermercado kósher. En el contexto de las contramanifestaciones reaccionarias organizadas en diferentes países tras la publicación del último número de Charlie Hebdo, resulta tan importante valorar su alcance como sacar conclusiones.

Las marchas en favor de la libertad de expresión, contra el antisemitismo y cualquier otra forma de racismo y contra las matanzas son manifestaciones históricas de unidad. El pasado 11 de enero los manifestantes exaltaron los principios democráticos. Es tarea de todos hacer que estas movilizaciones no decaigan y los gobernantes son los primeros responsables de que se traduzcan en actos.

En Francia, la Liga de los Derechos Humanos se ha referido a la ingente tarea necesaria para cerrar esta fractura de la República (véase el comunicado común LDH, Licra, SOS Racismo y Mrap, "Por una República efectiva", del 9 de enero de 2015). Lo reiteramos junto ella y a las ONG de todo el mundo que se han manifestado tras los atentados: el alcance internacional de este desafío no se puede subestimar.

La defensa de la libertad de expresión no ha recibido el apoyo internacional necesario.

No podemos insistir lo suficiente, esta libertad " es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ’sociedad democrática’ ". (véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Handyside, 1976).

El derecho internacional establece, justamente, límites a la libertad de expresión. Esta libertad no incluye la incitación a cometer genocidio ni crímenes contra la humanidad, ni su apología, así como tampoco la incitación al odio o a la discriminación racial, étnica o religiosa.

Establece además restricciones a la libertad, concretamente para proteger los derechos y la reputación de terceros contra la injuria o difamación dirigidas a personas que se nombran −y exclusivamente a personas que se nombran−, ya que una religión o una convicción pertenecen a la esfera privada, son subjetivas.

Siempre según el derecho internacional, estas restricciones solo son admisibles en virtud de unas leyes nacionales que respeten la sociedad democrática y en unas condiciones muy estrictas (necesidad, proporcionalidad), cuya valoración debe hacerse caso a caso y es competencia del poder judicial.

Así, la libertad de expresión no se opone a la libertad de religión o de convicción, sino que, por el contrario, se constituye en su indispensable complemento, y garantiza el pluralismo de opinión, creencias y convicciones, la libertad de su expresión.

Estos principios se han reafirmado y concretado tras la controversia internacional surgida con motivo de la publicación de caricaturas del profeta Mahoma en periódicos daneses. Las Naciones Unidas organizaron una serie de consultas entre expertos de todas las regiones para identificar y precisar las restricciones aceptadas por el derecho internacional en materia de libertad de expresión. Al término de estas consultas, en Rabat, en febrero de 2013, se adoptaron una declaración y un plan de acción que reconocen concretamente que "las leyes sobre la blasfemia son contraproducentes, ya que pueden conducir a una censura de facto de cualquier diálogo, debate o crítica en el seno de las religiones y creencias o entre estas, que en la mayoría de los casos podrían ser constructivos, sanos y necesarios. Además, muchas de las leyes sobre la blasfemia conceden distintos niveles de protección para distintas religiones y a menudo se han aplicado de manera discriminatoria." "

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reconoció asimismo que: "La prohibición de las demostraciones de falta de respeto por una religión u otro sistema de creencias, incluidas las leyes sobre la blasfemia, es incompatible con el Pacto [Internacional de Derechos Civiles y Políticos], excepto en las circunstancias previstas explícitamente en el párrafo 2 de su artículo 20." (Observación general Nº 34 sobre el artículo 19 relativo a la libertad de opinión y libertad de expresión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado en julio de 2011).

A pesar de estos principios, las leyes nacionales se desvirtúan para convertirse en un instrumento para vulnerar las libertades en vez de para la protección de las mismas. Es el caso, concretamente, de las leyes que penalizan la blasfemia y que siguen existendo en más de cincuenta países del mundo (véase http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/Compendium-Blasphemy-Laws.pdf).

Muchos Estados o fuerzas políticas o religiosas que se oponen a la libertad de expresión, especialmente a través de la caricatura o del ridículo, justifican ampliamente las violaciones de esta libertad para asentar su poder o influencia.

Las primeras víctimas de ello son las voces independientes que existen en todo mundo, como es el caso en Arabia Saudita de Raif Badawi, bloguero que defiende una visión más liberal del islam así como la realización de reformas necesarias en su país. Ha sido por ello condenado a mil latigazos por "insultar al islam", a diez años de prisión, otros diez años de prohibición de salir del territorio nacional y a 20.000 euros de multa.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos que defienden a estas personas acusadas arbitrariamente ponen en riesgo su propia vida. Rashid Rehman, miembro de la Comisión Paquistaní por los Derechos Humanos, fue asesinado el 8 de mayo de 2014 en Pakistán: era el abogado de una persona acusada de blasfemia. Había recibido amenazas de muerte durante su alegato ante el juez y las autoridades pakistaníes se habían negado a proporcionarle protección alguna.

Pensamos también en Aminatou Mint El Moctar, responsable de la asociación mauritana de mujeres jefas de familia, contra la que se lanzó una fetua en 2014 por su defensa de personas perseguidas por apostasía o acosadas por grupos islamistas radicales.

En Viet Nam, Bui Thi Minh Hang, Nguyen Van Minh y Nguyen Thi Thuy Quynh fueron condenados por alteración del orden público a varios años de prisión en diciembre de 2014, por haber defendido la libertad de religión y de creencias.

En aproximadamente ochenta países, el solo hecho de informar sobre violaciones de los derechos humanos universales y, con mayor motivo, de actuar para que cesen, es sinónimo de un riesgo mayor (véanse los últimos informes anuales del Observatorio para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos https://wearenotafraid.org/es). Riesgo de ser objeto de denuncias falsas y de detención arbitraria, de una sentencia injusta, de tortura y de trato cruel, inhumano o degradante, riesgo para las ONG y los medios de comunicación independientes de asesinato, suspensión o disolución; riesgo de ser designado a sufrir la venganza popular por cometer traición, apostasía, terrorismo, separatismo o extremismo.

Es urgente y necesario dirigirse a los Estados para recordarles las obligaciones contraídas en materia de derecho internacional de los derechos humanos. A este respecto deploramos el hecho de que a la cabeza de la marcha de París estuvieran una veintena de representantes de Gobiernos opresores de la libertad de conciencia, que acudieron rápidamente a la capital francesa para proclamar su condena del terrorismo, sin que se les recordara que el requisito previo era la garantía de las libertades. Probablemente hayan regresado de París reforzados en sus prácticas liberticidas.

Desde entonces, han tenido lugar en todo el mundo varias manifestaciones para protestar contra el apoyo que se ha brindado a la publicación satírica francesa. Si el derecho a manifestar de forma pacífica la opinión religiosa es inalienable, debemos en esta ocasión denunciar los ataques contra los cristianos en Níger, o en otros lugares contra representantes de minorías, porque son inadmisibles. Otras, como la movilización organizada en Grozny por Ramazan Kadyrovd el 19 de enero, no consiguen engañar a nadie sobre el hecho de que han sido totalmente organizadas por el poder establecido, que continúa instrumentalizando a la religión con fines políticos.

Más allá de las manifestaciones y de las declaraciones, esperamos de los dirigentes una movilización internacional sin precedentes, una defensa tenaz de los ciudadanos y ciudadanas reprimidos con el pretexto de su defensa de la libertad de expresión, así como de la libertad de religión o de creencias.

Habrá que valorar igualmente la influencia del fracaso de las llamadas políticas antiterroristas desde el 11 de septiembre de 2001 en el espectacular surgimiento de movimientos ideológicos que se fundan en el terror.

Las imágenes de Guantánamo y de Abu Graib no solo han servido como catalizador de las energía terroristas, sino que las han galvanizado en su macabra labor, hasta la terrible puesta en escena de las ejecuciones de rehenes en Daech.

En cuanto a la legitimación pública del uso de la tortura por parte de dirigentes "democráticos", la práctica de la detención arbitraria y de la tortura en sus centros secretos, el transporte extraordinario de personas en vuelos fantasma, las ejecuciones sumarias mediante drones indirectos, la interceptación masiva de datos personales y la absoluta impunidad de quienes deciden llevar a cabo estas prácticas, ¿cómo podemos imaginar que puedan no servir para alimentar los argumentos de los reclutadores de terroristas, el atractivo de su mortífera tarea y la banalización de las violaciones de los derechos humanos?

Debemos igualmente llevar a cabo un balance lúcido del fracaso patente de la invasión y de la posterior ocupación de Iraq a partir de 2003, así como del dramático fracaso del intento de los últimos cuatro años de terminar con la tragedia siria y de favorecer una solución justa y duradera del conflicto palestino-israelí. La percepción global de una injusticia recurrente sobre fondo de colonización permanente de los Territorios Palestinos no solo ha alimentado la crítica justificada de este doble rasero, sino que ha permitido su instrumentalización incluso en el reclutamiento en los sectores yihadistas. Es igualmente responsabilidad de los gobernantes reconocerlo, y, sobre todo, encontrar los medios de solucionarlo.

La democracia requiere una exigencia permanente en la que los Gobiernos son deudores ante sus ciudadanos y ciudadanas en la garantía de la realización de los derechos y de la efectividad de las libertades, incluido el derecho a la seguridad, especialmente en los momentos más difíciles (véase a este respecto el informe de la FIDH "El antiterrorismo pone a prueba los derechos humanos: las claves de la contabilidad", octubre de 2005). Saber resistir a la tentación del "Patriot Act-ismo", reforzar la seguridad al servicio de las libertades en vez de en detrimento de las mismas, es tal vez una dificultad insalvable. Por nuestra parte, vemos en ello la condición necesaria para permitir la realización de las labores esenciales: la educación de las personas jóvenes para la ciudadanía, la igualdad de géneros, la lucha contra las desigualdades sociales, la promoción de los derechos universales en una sociedad capaz de acoger a todos y todas, independientemente de sus creencias religiosas o filosóficas.

El Buró Ejecutivo de la FIDH


Condena al ataque y apoyo incondicional a Charlie Hebdo

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