El 11 de abril de 2014, el Tribunal de París abrió una investigación judicial por complicidad en actos de tortura cometidos en Siria. La investigación fue asignada a una unidad especializada en crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
La FIDH y su organización miembro, la Ligue des droits de l’Homme (LDH) de Francia, presentó hace 18 meses una denuncia contra varias empresas francesas del sector de las TIC, concretamente Qosmos, por la venta de material de vigilancia al régimen de Bachar el Asad. Los equipos de vigilancia electrónica permiten a los servicios de inteligencia mejorar los medios para ejercer la represión, sobre todo mediante la interceptación de las comunicaciones electrónicas. En mayo del 2012, se abrió otra investigación judicial por la supuesta implicación de la empresa francesa Amesys, acusada de complicidad para cometer actos de tortura en Libia.
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