Las organizaciones firmantes, observadoras internacionales y nacionales de este juicio, expresan su preocupación ante esta decisión, ya que dos de las cuestiones previas conciernen al grave vicio que representa la actuación del magistrado instructor del Tribunal Supremo quien subsanó y orientó los escritos de acusación de la parte querellante, esto en violación flagrante del principio de imparcialidad. El rechazo de estas cuestiones suponen en consecuencia que el Juez Baltasar Garzón a partir de hoy ha declarado en condición de acusado del presunto delito de prevaricación en la investigación entre otros delitos de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de 114.266 personas durante la guerra civil española y la dictadura de Franco.
«Resulta inaceptable criminalizar a un juez que tuvo la independencia de aplicar el derecho internacional de los derechos humanos en sus decisiones judiciales», afirmó Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. «En este sentido este juicio constituye una grave vulneración del principio de independencia del poder judicial, igualmente grave es que con esta decisión preliminar el Tribunal Supremo tolere la evidente parcialidad del magistrado instructor», agregó Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT. «Esta decisión también es muy grave pues significa que aplicar los principios de derecho internacional de los derechos humanos puede constituir delito de prevaricación», ha dicho Lydia Vicente, miembro del RIS.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y RIS, recordando que los crímenes de lesa-humanidad no prescriben, instan a la justicia española a desestimar los cargos en contra del Juez Garzón, y urgen a las autoridades españolas a demostrar su compromiso hacia el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, cumpliendo con su obligación internacional de investigar las ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, constitutivos de crímenes de lesa-humanidad.