Sin que haya mediado un debate transparente y público sobre la reforma de la legislación que regula el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, el Congreso de los Diputados ha dado un paso más para acelerar un proyecto de ley con graves consecuencias para la lucha contra la impunidad.
En el día de hoy se ha dado un claro mensaje de que España se preocupa más por no ofender a algunos Gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales.
La inmensa contribución efectuada por la justicia española durante más de una década al hacer comparecer ante sus tribunales a las personas sospechosas de haber cometido, u ordenado cometer crímenes de derecho internacional se verá severamente recortada, si el proyecto de ley prospera.
La precipitación para dar trámite a la reforma revela un profundo desinterés por contribuir a poner cerco a quienes desprecian la dignidad humana. Con el texto aprobado por el Congreso de los Diputados, la esperanza de las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura o desapariciones forzadas, enfrentará enormes dificultades y sus responsables tendrán menos motivos de preocupación.
Así, para que los jueces puedan conocer de tales casos y de aquellos otros igualmente cometidos fuera de España constitutivos de terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves, delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores e incapaces, y el tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, deberán acreditarse condiciones que pueden afectar seriamente la persecución de tales crímenes y la posibilidad de hacer comparecer ante la justicia a sus autores.
Además, el texto propuesto, a pesar de que nombra a los tratados internacionales, no ofrece garantías de que éstos prevalecerán, lo que supondría vulnerar la Constitución Española.
Cuando lo que más sobra en el mundo es la impunidad, no se explica la urgencia de minar uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la impunidad, mediante reformas que sólo favorecen a los perpetradores de los crímenes más atroces contra los seres humanos.
Adhesiones de organizaciones:
– ACSUR-Las Segovias
– AMNISTIA INTERNACIONAL
– ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (AEDIDH)
– ASOCIACIÓN PAZ AHORA
– ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE)
– LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS HISPANO GUATEMALTECA
– COMITÉ DE APOYO AL TÁBET (CAT)
– CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CS CCOO)
– FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
– FEDERACION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (FIDH)
– FUNDACIÓN RIGOBERTA MENCHÚ TUM
– HUMAN RIGHTS WATCH
– UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT)
Adhesiones de personas:
– Jordi Palou-Loverdos (abogado caso Ruanda/República Democrática del Congo)
– Gonzalo Boye Tuset (abogado caso Gaza)
– Carlos Iglesias Jiménez (abogado caso Falung Gong)
– Jose Elias Esteve (abogado caso Tibet)
– José Luis Galán Martín
– Hernando Valencia Villa
– Javier Chinchón Álvarez
– Gaby Oré Aguilar
– Xavier Badia i Cardús
– Miguel Angel Rodríguez Arias
– Amaya Olivas Diaz