Las organizaciones de víctimas de la guerra civil española (1936-1939) y del franquismo (1939-1975) en ejercicio de sus derechos reclamaron que se investigara, juzgara y sancionara los crímenes de lesa humanidad cometidos, en particular las desapariciones forzadas. Considerando la decisión del Juez Baltazar Garzón del 18 de noviembre inhibiéndose a favor de los jueces de instrucción locales que tengan competencia territorial sobre estos hechos, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en España, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recuerdan que estos crímenes son ni amnistiables ni prescriptibles.
El pasado 16 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dispuso admitir a trámite y declararse competente para investigar los crímenes de desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, sobre el período inscrito entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. El número de víctimas, es decir las personas privadas de libertad y cuyo paradero nunca se encontró, se calculan 114 266 personas (Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional).
Sin embargo, el 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal formuló un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, pidiendo el archivo de la demanda, invocando, entre otros, la Ley de Amnistía de 1977. Esta argumentación pone a España en la vía de una clara violación de sus obligaciones internacionales.
Estas obligaciones han sido recordadas, el 31 de octubre de este año, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que entre otros puntos, reiteró que la ley de Amnistía de 1977 debe ser abolida, tomando las demás medidas legislativas para garantizar que no habrá obstáculo alguno a la persecución judicial de crímenes de lesa humanidad. Insistió también en que se creara una Comisión para establecer los hechos sobre los ejecutados y desaparecidos para identificar y exhumar los cuerpos de todas las víctimas.
Es urgente e imprescindible que España permita por fin a las víctimas de acceder a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura ha consituído un paso importante en esta dirección, pero no es suficiente. El artículo 4 de esta ley establece claramente que el derecho a la reparación es compatible con "el ejercicio de las demás acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia".
Por tanto esperamos que los tribunales judiciales españoles hagan valer en su integridad este derecho de las víctimas y, de que Usted, Sr. Rodríguez Zapatero, como Presidente de Gobierno, lidere la abolición de la ley de amnistía de 1977 y cree una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, para cumplir a cabalidad las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, tome conjuntamente con las organizaciones de víctimas las medidas complementarias necesarias para hacer valer el respeto de sus derechos.
Souhayr Belhassen
– Presidenta de la FIDH
Manuel Ollé
– Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)