Carta abierta a D. José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno de España

24/06/2009
Comunicado
en es

Sr. Presidente del Gobierno de España,

La Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH- y sus organizaciones miembros de los países involucrados en procesos de justicia extraterritorial y universal en España están muy preocupados por la resolución que fue adoptada por el Parlamento español, el 19 de mayo de 2009, que apunta a limitar la ley de jurisdicción universal a los casos en los cuales hubiera víctimas de nacionalidad española o donde el presunto responsable se encontrara presente en el territorio español.

En caso de ser adoptadas las enmiendas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial española, víctimas de los más graves crímenes internacionales, como son los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, de países de todo el mundo padecerían sus consecuencias.

Estimamos que los cambios propuestos contradicen la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo español, y la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el genocidio de Guatemala, de 26 de septiembre de 2005, en la cual confirmó expresamente el principio de la jurisdicción universal en España. El actual artículo 23.4.i) de la Ley Orgánica del Poder Judicial española, especifica crímenes internacionales que han de ser perseguidos por España, dejando abierta la posibilidad de extender la lista a otros delitos que, "según los tratados o convenios internacionales", afirma el Constitucional, "deben ser perseguidos en España". Esta es una obligación internacional de España que tiene que ser implementada independientemente del Art.23.4 LOPJ. Así el Tribunal Constitucional español confirmó que el exigir un vínculo directo con España para que los Tribunales españoles puedan ejercer su competencia, resultaría contrario a la esencia del principio de la jurisdicción universal.

Nuestras organizaciones recuerdan que durante la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad que se realizó en Madrid un año después de los ataques terroristas de marzo de 2004, se adoptaron conclusiones recomendando, inter alia, « Adoptar medidas efectivas para impedir que queden impunes tanto los actos de terrorismo como el abuso de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo ».

La adopción de los cambios propuestos a la legislación – que hasta el día de hoy representa un importante pilar en la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes internacionales – enviaría también una señal de impunidad a los potenciales perpetradores de tales crímenes.

Por lo tanto, España no debe dejar que consideraciones diplomáticas prevalezcan sobre la justicia y la necesidad de la búsqueda de responsabilidad de los perpetradores de crímenes graves.

La actual legislación española no le interesa solamente a España, porque es un activo de la Humanidad para la defensa de las víctimas de la impunidad. Esta legislación, en lugar de ser retirada, debería ser imitada por otros según el modelo de España. En 1936, militantes demócratas de todo el mundo acudieron a España para defender la democracia como activo universal de la Humanidad. España es ahora de nuevo la referencia para denunciar a los impunes sin doblegarse ante sus intereses.

Por ello nuestras organizaciones le urgen, Sr. Presidente del Gobierno de España, a que tome una posición fuerte para preservar la actual ley española a fin de que España siga estando entre los líderes para la lucha contra la impunidad, en conformidad con sus obligaciones internacionales.

Souhayr Belhassen,
Presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

con :
- La Asociación Pro Derechos Humanos de España (ADPHE), España
- The Center for Constitutional Rights (CCR), United States of America
- El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Guatemala
- El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
- La Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG), Guatemala
- La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CDHRN), Cuba
- El Comité de Acción Jurídica (CAJ), Argentina
- La Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Chile
- The International Campaign for Tibet (ICT), Tibet/China
- La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Argentina
- The Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), Gaza
- The Public Committe against Torture in Israël (PCATI), Israël

Leer más
communique