Comunicado conjunto.
La FIDH y sus organizaciones miembro en Argentina LADH, CAJ y CELS, y la APDHE de España, solicitan al Estado español que extradite o, en su caso, juzgue a los españoles acusados de crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura franquista, en la causa número 4591/2010 incoada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires (República Argentina).
Dentro del único proceso en curso en el mundo contra el franquismo, la jueza argentina Maria Romilda Servini de Cubría, ha ordenado el arresto y extradición de 20 españoles acusados de delitos de lesa humanidad, durante y después de la guerra civil desde 1.936 a 1.977 contra todos los grupos humanos de la Nación española que se oponían al proyecto político, económico, social y cultural del franquismo. La jueza tomó esta decisión el pasado jueves 30 de octubre, invocando el principio de justicia universal. Conforme a este trascendental principio jurídico los tribunales de justicia nacionales tienen competencia para investigar y, en su caso, enjuiciar acusaciones sobre crímenes internacionales en países extranjeros, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o victimarios o los intereses de su propio Estado. Es la naturaleza internacional del crimen y su gravedad la que determina el carácter universal de la jurisdicción
Las organizaciones firmantes saludamos esta medida de la jueza Servini e instamos a las autoridades españolas a que proceda a las detenciones y subsecuentes extradiciones de los acusados por crímenes tales como asesinatos, torturas o desapariciones forzadas, para que bajo las garantías del debido proceso, puedan ser interrogados por la justicia en Argentina.
“La petición de la jueza argentina usa los mecanismos de justicia internacional abiertos por las víctimas de graves crímenes que no tienen acceso a un juez en su propio país” , afirmaron las organizaciones firmantes. “ A la impunidad privilegiada por el Estado español, la justicia argentina actúa en conformidad con el derecho de las víctimas de estos crímenes a la verdad y la justicia .” añadieron.
España fue pionera en la aplicación de la jurisdicción universal. Se abrieron causas sobre Chile, Argentina, Guatemala, Sahara, Tibet, Ruanda, Palestina, Guantánamo, Irak, entre otras (ver artículo: “El viaje de la Justicia” ). Sin embargo, la reforma de la ley que establece el principio de justicia universal fue severamente limitada en el 2009 y prácticamente eliminada en el 2014, con lo que se terminó de cerrar un mecanismo eficaz de combate contra la impunidad en el mundo en relación con las graves violaciones de los derechos humanos.
Frente a los crímenes del franquismo la única respuesta de las autoridades españolas ha sido la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, desconociendo que la amnistía de crímenes de lesa humanidad violenta el derecho internacional y la obligación de los Estados de perseguir y sancionar esos crímenes.
Dada la negativa de la justicia española a enjuiciar los hechos, amparándose entre otros insostenibles argumentos en dicha ley, cientos de querellantes víctimas de los crímenes cometidos durante la dictadura de Franco, amparados en su derecho a que se haga justicia, acudieron a Argentina, buscando la justicia que les fue negada por España.
El Estado español debería cumplir con su obligación de verdad y justicia sobre los graves crímenes cometidos durante el franquismo. Al no procesar y juzgar a los acusados de estos crímenes y privilegiar la amnistía y la impunidad, tiene la obligación de extraditarlos.
No solo las víctimas tienen derecho a la justicia, la sociedad española y la comunidad internacional deben dilucidar este periodo dramático de la historia y averiguar la verdad de lo ocurrido y determinar las responsabilidades.