A pesar de que Francia ha adoptado un marco legal pionero para proteger los derechos humanos de violaciones a los derechos humanos vinculadas con las actividades empresariales, las personas defensoras permanecen en peligro en el contexto de proyectos a gran escala de dos grandes empresas francesas. Esto es inaceptable.
Las empresas transnacionales desempeñan un papel importante a la hora de perpetrar directamente, contribuir o respaldar diferentes acciones de violencia contra las personas defensoras del medio ambiente y la tierra que se oponen a los proyectos empresariales a gran escala. A menudo se descubre que las empresas influyen deliberadamente en la toma de decisiones de las comunidades sobre los proyectos corporativos, por ejemplo prometiendo beneficios a determinados miembros de la comunidad o interfiriendo en los mecanismos de participación. Estas divisiones y tácticas de presión generan polarización y alimentan conflictos sociales violentos. Además, las empresas suelen dar marcha con sus proyectos a pesar del evidente fracaso de las autoridades públicas a la hora de garantizar la protección de los DDHH y de los derechos de las comunidades afectadas por dichos proyectos.
Los casos de las comunidades rurales e indígenas en Uganda y Tanzania, y de la comunidad indígena de Unión Hidalgo en México ilustran estas tendencias. Hasta el día de hoy, estas comunidades se enfrentan a una creciente criminalización, a amenazas y a una escalada de violencia, por el simple hecho de defender sus tierras, sus medios de vida y sus derechos humanos.
Ambos casos están relacionados con el desarrollo de los megaproyectos de las empresas francesas Total y EDF (Électricité de France). Las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil de México y Uganda buscan justicia en Francia en virtud de la Ley del Deber de Vigilancia (Loi sur le devoir de vigilance, 2017). Esta Ley crea un deber jurídicamente vinculante para las empresas matrices y de subcontratación de prevenir y mitigar los riesgos de violaciones graves de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la seguridad y la integridad física de las personas, y el medio ambiente causadas por sus operaciones en todo el mundo.
En los dos casos, así como en muchos otros, la intimidación reiterada y el creciente clima de violencia impiden que las comunidades afectadas y otras partes interesadas en el proyecto expresen libremente sus preocupaciones sobre los proyectos de negocios. La reducción del espacio cívico de las defensoras y defensores de los derechos humanos socava su capacidad para reclamar y defender sus derechos, en particular el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Como resultado, las y los denunciantes tanto en el caso de Total como en el de EDF argumentan que las empresas no previnieron de manera adecuada las graves violaciones de los derechos humanos causadas por las actividades de sus filiales y subcontratistas, incumpliendo así su deber de vigilancia.
El 27 de enero de 2021, en una reunión de expertos en línea sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y la aplicación de la Ley del Deber de Vigilancia francesa, estas demandas fueron reforzadas por Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos: “En 2019, 357 DDH fueron asesinados.
La mitad eran personas defensoras de la tierra, del medio ambiente o de los derechos de los pueblos indígenas, que se enfrentaban a proyectos de industrias con uso intensivo de la tierra. No solo hay muchos obstáculos para quienes buscan la defensa de sus derechos, sino también poca protección disponible para ellas. Este es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la aplicación de la ley sobre el deber de vigilancia”.
Para que la Ley del Deber de Vigilancia francesa desarrolle todo su potencial como mecanismo preventivo, es necesario un enfoque basado en los derechos humanos con una perspectiva de género e interseccional. Todas las partes interesadas en la aplicación e implementación de la Ley del Deber de Vigilancia deben tener en cuenta no sólo la perspectiva empresarial, sino también la realidad y necesidades concretas de las personas afectadas.
Por lo tanto, las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado:
– a los tribunales franceses que apliquen plenamente la Ley del Deber de Vigilancia y presten especial atención a los riesgos para las defensoras y los defensores de los derechos humanos durante el proceso; en particular, exigiendo a las empresas que adopten medidas cautelares para preservar la seguridad de las personas defensoras hasta que el Plan de Vigilancia contemple efectivamente nuevos riesgos para su seguridad o integridad física. Los tribunales franceses también deberían considerar el objetivo de la Ley del Deber de Vigilancia, impulsado por la protección de las libertades fundamentales.
– al gobierno francés que adopte medidas para hacer valer un mayor respeto de la ley y, en particular, que garantice que las empresas que reciben financiación pública respetan sus obligaciones legales de vigilancia en materia de derechos humanos, incluyendo medidas efectivas de identificación, prevención y mitigación de los riesgos para quienes defienden los derechos humanos. En los casos en los que las empresas no aborden adecuadamente estas cuestiones, el gobierno francés debería considerar la posibilidad de dejar de financiarlas.
– a las empresas francesas y multinacionales para que respeten y cumplan sus nuevos deberes legales en virtud de la Ley del Deber de Vigilancia. Los compromisos voluntarios de respetar los derechos humanos que a menudo declaran las empresas son inútiles si no se traducen en acciones concretas. Particularmente, las empresas deben identificar en su Plan de Vigilancia los riesgos específicos para los DDHH vinculados con sus proyectos y enumerar e implementar de manera efectiva las medidas de mitigación adecuadas para estos riesgos. Si la empresa no puede mitigar dichos riesgos, debe considerar la posibilidad de suspender o cancelar estos proyectos, o desvincularse de los contratistas.