Este proyecto de ley menoscaba considerablemente los derechos humanos, ya que establece la confiscación de pertenencias, el endurecimiento de las normas para obtener la residencia permanente y la restricción del acceso a la reunificación familiar, a la que se aplican unas tasas administrativas de 7 000 coronas danesas (alrededor de 1 000 euros).
Esta ley ha sido presentada oficialmente para disuadir a personas migrantes y refugiadas de ir a Dinamarca y forma parte de una serie de medidas aprobadas en los últimos meses, entre las que se incluyen campañas publicitarias en periódicos libaneses con información errónea sobre la legislación danesa sobre asilo, así como la promoción del uso de la detención en personas solicitantes de asilo recién llegadas que hayan sido rechazadas, incluida en la ley 62 aprobada el 20 de noviembre de 2015.
Desde 2014 se concede permanencia temporal durante un año a los refugiados y refugiadas que se enfrentan a violencia indiscriminada pero no a persecución individual, es decir, que no tienen acceso al estatuto de refugiado. La mayoría de las personas que se benefician de esta protección temporal son mujeres aisladas y menores no acompañados. Según nuestras organizaciones, la violencia sexual se utiliza como arma de guerra contra las mujeres que viven en zonas en conflicto como Siria, por lo que se les debería conceder el estatuto de refugiado. Además, a pesar de que con frecuencia los miembros de las familias que permanecen en el país de origen o de tránsito son muy vulnerables, el período legal de espera para iniciar el proceso de reunificación familiar, en el caso de las personas que gozan del estatus de protección temporal, acaba de ser ampliado de uno a tres años.
Con ello las autoridades danesas vulneran sus obligaciones internacionales, en especial el derecho a la intimidad y a la vida familiar, protegido por la Convención Europea de Derechos Humanos, así como el principio del interés superior del niño o la niña que se recoge en la Convención de los Derechos del Niño.
Nuestras organizaciones están profundamente conmocionadas por las medidas de confiscación establecidas para incautar los bienes personales de quienes solicitan de asilo, inclusive las alianzas de matrimonio y otras joyas, para financiar el costo de su estancia. Recordemos que la legislación danesa ya establece la posibilidad de confiscar a su llegada a Dinamarca los bienes de las personas solicitantes de asilo que superen el valor de 10 000 coronas danesas (alrededor de 1 500 EUR).
El actual discurso y las medidas que han tomado las autoridades refuerzan la estigmatización y aumentan la xenofobia, que no ha dejado de crecer desde el reciente pico de popularidad del Partido del Pueblo Danés en las elecciones generales de junio de 2015.
Aprovechando la reunión del Consejo de la UE que se celebra hoy en Amsterdam, lanzamos un llamamiento a los Estados miembros para que se mantenga la mayor vigilancia sobre estas peligrosas derivas. Europa debe estar a la altura de sus obligaciones jurídicas de acuerdo con los convenios internacionales que ha suscrito y con su deber de proporcionar condiciones dignas para la recepción e integración de estas personas, concibiendo mecanismos colectivos y eficaces de recepción y de solidaridad y dejando a un lado las medidas restrictivas unilaterales y nacionales de rechazo del otro.