Covid-19 y democracia: ¿qué le depara el futuro a la Europa pospandemia?

10/05/2021
Comunicado
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Este Día de Europa, el 9 de mayo de 2021, tiene un matiz diferente. En un momento en el que Europa se encuentra debilitada por la caótica gestión de la crisis sanitaria de la COVID-19, las corrientes euroescépticas tienen motivos para alegrarse.

Mucho antes de que comenzara la pandemia, la Unión Europea se mostró incapaz de contrarrestar el surgimiento de fuerzas políticas con una agenda decididamente opuesta a los valores fundamentales de la Unión. Los pueblos húngaro y polaco ya han pagado el precio. La disidencia está desacreditada, se obstaculiza a las personas defensoras de los derechos humanos, se silencia a los medios de comunicación libres: los derechos fundamentales de la ciudadanía europea se encuentran directamente amenazados.

En todas partes surgen dudas sobre la capacidad de la Unión Europea para dar una respuesta concertada a los problemas colectivos a los que se enfrenta. Con el artículo 7 del Tratado Europeo, los instrumentos existen, aunque su aplicación concreta sigue pendiente. Ahora corresponde a los gobiernos que estén decididamente comprometidos con la construcción europea llevar a cabo estos procedimientos con determinación, a fin de frenar la ola de regresión ultraconservadora y nacionalista. El respeto de los principios fundadores de la Unión Europea no puede ser una cuestión opcional para ninguno de sus miembros: todos ellos deben trabajar para garantizarlo. La responsabilidad no puede recaer únicamente en los países que ostentan la presidencia de turno del Consejo Europeo. Corresponde ahora a todos los dirigentes de esta Europa debilitada reaccionar y mostrar su compromiso con los valores fundamentales de Europa: dignidad, libertad, igualdad y solidaridad.

Lea las propuestas de la FIDH en el artículo publicado el domingo 9 de mayo de 2021 en Euractiv (en francés), cuya autora es Elena Crespi, responsable de la Oficina de Europa Occidental de la FIDH, y Vitor Graça, presidente de la organización miembro de la FIDH en Portugal, la Liga Portuguesa dos Direitos Humanos - Civitas.

Covid-19 y democracia: ¿qué le depara el futuro a la Europa pospandemia?

¿Con qué sueñan los europeos y las europeas este 9 de mayo de 2021? Sin duda, sueñan con recuperar sus libertades y una vida libre de mascarillas, de distanciamiento social y de una mortandad terrible. También hay muchas personas que anhelan una vuelta al espíritu original de la Unión Europea. Más de un año de gestión caótica de la pandemia ha dejado a la población europea exhausta y presa fácil de la desconfianza. Sin embargo, no es más que el síntoma de una enfermedad más antigua que ha estado consumiendo a la Unión. En este Día de Europa, mientras nos preparamos para la vida pospandemia, se debe preparar un tratamiento para abordar los males que amenazan los cimientos de Europa. Hay que aprovechar esta oportunidad, porque puede que no tengamos otra.

Desde los errores en el suministro de mascarillas hasta los fallos en la campaña de vacunación, las autoridades europeas se enfrentan a una profunda crisis de legitimidad democrática. Mientras la COVID-19 provoca un repliegue dentro de las fronteras nacionales y pone a prueba la solidaridad entre los Estados miembros, las fuerzas euroescépticas se alegran ante la creciente desconfianza hacia las instituciones europeas. Algunos países, como la Hungría de Viktor Orban o, más recientemente, la Polonia de Jaroslaw Kaczynski, llevan tiempo haciendo de la erosión de los principios fundacionales de la Unión Europea un elemento esencial de su agenda política. La pandemia ha infundido mayor ímpetu a estas agendas. Al alterar el equilibrio de poderes, atacar a la sociedad civil independiente y amordazar a los medios de comunicación, su intención es hacer añicos los cimientos comunes sobre los que se construye el proyecto europeo.

Esta preocupante marea iliberal no es nueva. Hace más de una década que los organismos de control de los derechos humanos vienen alertando sobre el giro autoritario del primer ministro húngaro. Sin embargo, los cambios en la Constitución y las limitaciones impuestas al poder legislativo y judicial al parecer no han sido suficientes para que la Comisión Europea actúe. Aunque los ataques contra los medios de comunicación y las universidades independientes, así como la tristemente célebre ley sobre las ONG —que impuso medidas que recuerdan a las peores dictaduras del mundo— suscitaron las críticas de la Comisión Europea, y en algunos casos la condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no provocaron la esperada reacción de una censura firme. Fue necesaria la aparición de otro régimen antieuropeo en Polonia para provocar algún tipo de respuesta política.

Desgraciadamente, la Unión Europea ha sido demasiado tímida y no ha evitado que el estudiante supere al maestro. La actitud de unas vacilantes instituciones de la Unión Europea escondiéndose detrás de argucias legalistas y restricciones políticas ha dado libertad al gobierno polaco para socavar el equilibrio democrático de poderes sin que Bruselas se inmute. La reciente dimisión forzada del comisario de derechos humanos del país —uno de los últimos controles independientes que quedaban ante este poder desmesurado— no ha sido más que el último golpe a la democracia polaca.

El ya limitado acceso de las mujeres polacas al aborto y a otros derechos sexuales y reproductivos también se ha visto restringido de una forma que no tiene precedente: con el partido Ley y Justicia en el poder, las voces ultraconservadoras se han impuesto sobre los derechos y las libertades. El Parlamento polaco está estudiando una propuesta para que Polonia se retire del Convenio de Estambul, un tratado vinculante para combatir la violencia de género. Sin embargo, este no es más que el último ataque contra lo que los grupos conservadores polacos califican de "ideología de género", un concepto que ha legitimado ataques sin precedentes contra las minorías de género, entre ellas las personas LGBTI+. Con la ayuda de un poder judicial complaciente, el gobierno ha abandonado progresivamente las normas universalmente aceptadas para la protección de los derechos humanos. Se condena al ostracismo a quienes se oponen a este plan, desde jueces/as y periodistas hasta ONG, personas vulnerables y cualquiera que se discrepe de la visión heteronormativa de la sociedad que tiene el partido.

Sin embargo, el Tratado de la Unión Europea dispone de una poderosa herramienta para contrarrestar estos ataques: el artículo 7. Concebido para frenar los ataques más graves de un Estado miembro contra los principios fundadores de la Unión, esta "arma" nunca se había utilizado hasta diciembre de 2017, cuando la Comisión la activó por primera vez contra Polonia. Al hacerlo, la Comisión asumió la responsabilidad de salvaguardar los valores comunes de Europa, antes de remitir la cuestión al Consejo. Más tarde fue el turno de Hungría, por iniciativa del Parlamento Europeo en septiembre de 2018. Sin embargo, desde entonces los procedimientos se han estancado: ninguno de los dos jefes de Estado disidentes ha rendido aún cuentas por sabotear el proyecto europeo ni por sus ataques a las libertades civiles. Este modelo tóxico, sin control, ha empezado a tentar a otros países de la Unión Europea, tanto del este como del oeste.

A pesar de los 14 meses de parálisis técnica impuestos por la pandemia, los dirigentes de una Europa debilitada deben ahora reaccionar. Alemania, en la que se habían depositado tantas expectativas, ha eludido la cuestión. Eslovenia, que asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea el 1 de julio, parece estar suficientemente ocupada con las violaciones del Estado de derecho en su propio país. Sin embargo, Portugal, en su calidad de presidente saliente, podría dejar como legado el avance de las audiencias en virtud del artículo 7.1 del TUE y dar un paso más para que los gobiernos húngaro y polaco rindan cuentas por violar las normas de la Unión. Esto constituiría un poderoso ejemplo para sus sucesores, entre ellos, Francia, que ostentará la presidencia en 2022 y que debería dar un paso al frente en defensa de los valores de la Unión Europea, tanto a escala nacional como regional, antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

Sin embargo, mostrar valor político no es una responsabilidad exclusiva de los Estados miembros que ostentan la presidencia rotatoria del Consejo. El cumplimiento de los principios fundamentales de la Unión no es opcional: todos y cada uno de sus miembros tienen el deber de protegerlos y defenderlos. Los pueblos de Europa están agotados por una larga lucha contra la epidemia más mortífera de la historia contemporánea que ha sufrido el continente y se enfrentan a graves amenazas contra sus derechos y libertades. Únicamente si se defienden firmemente estos principios como piedras angulares de la Unión Europea, se podrán restaurar los cimientos de Europa después de la pandemia.

En este 9 de mayo, 61 años después de que se construyera el proyecto europeo sobre los rescoldos aún calientes de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos del viejo continente tienen derecho a soñar, a esperar que los principios democráticos de igualdad, libertad, dignidad humana y respeto al Estado de derecho y a los derechos fundamentales no estén entre las víctimas de la pandemia. Tienen derecho a esperar que estos valores compartidos y duramente conquistados salgan de esta prueba con un vigor renovado y se reafirmen como los cimientos cruciales sobre los que prosperará la Europa del mañana.

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