Estas detenciones se realizaron frente a la Bolsa de Bruselas donde, de forma espontánea, la ciudadanía ha erigido un memorial tras los atentados del 22 de marzo y se han producido sin más motivo aparente que la necesidad de hacer respetar la prohibición de celebrar manifestaciones y concentraciones, relacionada con los llamamientos a la movilización por parte de pequeños grupos de extrema derecha, según anunciaron las autoridades locales el pasado 1 de abril. Las personas detenidas —activistas de los derechos humanos y simples ciudadanas y ciudadanos detenidos selectivamente debido a su supuesta orientación política— querían mostrar su solidaridad con las víctimas y sus familiares, así como su firme oposición contra las declaraciones islamófobas de los movimientos extremistas, que habían hecho un llamamiento a manifestarse el sábado por la tarde en el distrito de Molenbeek.
Alexis Deswaef, presidente de la Liga Belga de los Derechos Humanos, fue detenido en el momento de su llegada a la Plaza de la Bolsa, arrestado, esposado y finalmente conducido al cuartel de Etterbeek donde se le obligó a vaciar el contenido de sus bolsillos, a entregar su teléfono celular y fue posteriormente fotografiado y confinado en una celda, antes de ser finalmente puesto en libertad una hora y media después de su detención. El resto de personas detenidas fueron puestas en libertad tras permanecer varias horas detenidas. Se desplegó a un gran número de agentes de policía que cerraron de forma temporal la plaza situada ante la Bolsa.
La desproporcionada reacción de las autoridades ante una concentración pacífica cuyo objetivo era conmemorar a las víctimas de los atentados pone de manifiesto una deriva por razones de seguridad que puede hacer peligrar los valores democráticos que estas mismas autoridades pretenden proteger. La reacción de las autoridades es todavía más inaceptable si la comparamos con la tolerancia que mostraron las fuerzas del orden frente a los 450 extremistas que se manifestaron hasta la Bolsa el 27 de marzo mientras coreaban proclamas de odio y realizaban el saludo nazi.
Estas detenciones constituyen una violación de la libertad de reunión y de asociación pacíficas, protegida por diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos [1] que no pueden limitarse salvo en circunstancias excepcionales y dentro del más estricto respeto de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La FIDH pide a las autoridades que abran una investigación sobre las acciones de la policía y hagan públicas las conclusiones de la misma.