En 2016 fueron ejecutados al menos cuatro presos en Belarús, el mayor número desde 2008. Las ejecuciones se habían aplazado durante las negociaciones sobre las medidas restrictivas de la UE contra funcionarios y empresas bielorrusos. Sin embargo, al retirarse las sanciones en febrero del 2016, se reanudaron las ejecuciones. En 2017, una persona ha sido ejecutada y tres condenadas a muerte, entre ellas, dos personas pendientes de la resolución de su apelación.
Hace un año, el informe publicado por la FIDH y el HRC Viasna La Pena de Muerte en Belarús: asesinato por motivos (i)legales (EN), destacó que la mayoría de los presos condenados a muerte provienen de entornos sociales desfavorecidos, que no conocen sus derechos ni tienen acceso a asistencia jurídica cualificada.
Esto subraya la problemática expuesta este año por la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte: las personas social y económicamente vulnerables corren mayor riesgo de ser condenadas a muerte y ejecutadas. (EN)
Desde la publicación del informe, no se ha producido ningún cambio en el carácter sistémico de las violaciones cometidas durante la investigación de delitos punibles con la pena de muerte en Belarús. Las autoridades continúan utilizando la tortura y el maltrato para forzar a los sospechosos a autoinculparse en ausencia de un abogado. La situación relativa a la independencia de los abogados ha empeorado. Las condenas a muerte dictadas por el Tribunal Supremo continúan siendo inapelables, lo que contraviene las normas internacionales.
En múltiples ocasiones, las autoridades de Belarús, y en especial, el presidente Lukashenka, han expresado su apoyo a la pena de muerte como medida preventiva. Sin embargo, la opinión pública a favor de la abolición se ha duplicado a partir del referéndum de 1996.
“El derecho a la vida no está sujeto a consideraciones relacionadas con un plebiscito. Según la Constitución bielorrusa, la pena de muerte se puede abolir mediante un simple decreto presidencial que pondría fin a estos asesinatos ilícitos patrocinados por el Estado”
La FIDH, miembro de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte (CMPM) y el HRC Viasna reiteran su total oposición a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias.