El establecimiento del nuevo mandato de la Oficina del Alto Comisionado es una respuesta a las graves y cada vez más numerosas violaciones de los derechos humanos que están teniendo lugar en Belarús y las que se han producido en torno a la elección presidencial de agosto de 2020. El mandato debería proporcionar un mecanismo complementario internacional y experto para los procesos regionales de rendición de cuentas en curso.
Por otra parte, debería contribuir a la identificación de las personas responsables de las violaciones más graves para su futuro enjuiciamiento. Ante la creciente crisis de derechos humanos en Belarús, el Consejo debe actuar de inmediato. Será necesaria la asistencia constante y el seguimiento sistemático por parte de los miembros del Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado.
Para que este nuevo mandato de rendición de cuentas sea significativo y aborde de manera sustantiva la crisis de derechos humanos de Belarús, es fundamental que la Oficina del Alto Comisionado reciba la asistencia necesaria para:
1. Garantizar que este nuevo mandato cuenta con financiación suficiente.
2. Nombrar personas expertas creíbles de ámbito internacional con suficiente experiencia y conocimiento experto, incluso en derecho penal internacional, para examinar de forma exhaustiva y completa todas las supuestas violaciones de los derechos humanos cometidas en Belarús desde el 1 de mayo de 2020.
3. Poner en funcionamiento el mandato con personal investigador, de peritaje forense, especialistas en género y analistas jurídicos.
4. Proporcionar una ventana operativa suficiente para el mandato.
5. Informar de forma inmediata y pública al Consejo en caso de no cooperación por parte de las autoridades bielorrusas en relación con el mandato sobre rendición de cuentas.
6. Comprometerse a difundir por anticipado copias de su informe oral provisional y de su informe escrito completo con la sociedad civil bielorrusa, regional e internacional, del mismo modo y de la misma manera que se transmite a los Estados miembros y a las autoridades bielorrusas.
Se trata de un momento muy importante para las Naciones Unidas. El pueblo bielorruso pide que se rindan cuentas por las violaciones de los derechos humanos actuales y pasadas. Los Estados miembros y la Oficina del Alto Comisionado deben asegurarse de que este nuevo mandato cumple estas expectativas.