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Desde agosto de 2020, la población bielorrusa ha salido sistemáticamente a las calles de todo el país para protestar contra el fraude electoral. Aunque en su inmensa mayoría se trata de protestas pacíficas, las autoridades han dispersado violentamente estas asambleas públicas. Las fuerzas del orden, equipadas con escopetas y pistolas, balas de goma y porras, granadas aturdidoras y productos químicos irritantes, entre otros, han hecho un uso deliberado, innecesario e indiscriminado de la fuerza contra las personas que participaban en estas concentraciones: mujeres, menores e incluso personas ancianas y con discapacidad, lo que ha provocado lesiones a cientos de ellas, así como cuatro muertes confirmadas.
La sociedad civil ha documentado el uso de balas de goma, cartuchos luminosos y sonoros, gases lacrimógenos y otras municiones que sugieren que se trata de armas fabricadas en Rusia, Turquía, Estados Unidos y países de la Unión Europea (UE). Además, los agentes de las unidades especiales de las fuerzas del orden estaban equipados con armas de fuego de fabricación extranjera que podrían haber sido exportadas a Belarús, violando el embargo de armas establecido por la Unión Europea en 2011 y otras normas internacionales.
"El Centro de Derechos Humanos Viasna y otras organizaciones de la sociedad civil han documentado heridas de bala penetrantes, fracturas de huesos, pérdida de la vista y otras lesiones graves. Los ataques violentos contra personas que se manifiestan pacíficamente son una limitación inaceptable del derecho de reunión pacífica y del derecho a la libertad de expresión. Es importante que el régimen de Lukashenko no cuente con ningún apoyo directo o indirecto a la violencia desde el extranjero, ya sea proveniente de Estados o de empresas privadas",
El documento informativo analiza las armas menos letales de fabricación extranjera y las armas de fuego empleadas por las fuerzas de seguridad bielorrusas para reprimir a las personas que se manifiestan pacíficamente, así como su origen y su transferencia y presenta posibles vías para la rendición de cuentas por parte del Estado y las empresas. Concretamente, se detalla el marco jurídico aplicable al uso y la transferencia de armas de fuego y de control de multitudes, se identifica el tipo de armas utilizadas, con datos como su fabricante, el país de origen y las características de la transferencia, se analiza brevemente si esta transferencia viola la legislación vigente y se señalan posibles responsabilidades estatales y empresariales.
"Nuestro informe muestra que los Estados y las empresas abusan del poroso régimen legal de la transferencia de armas menos letales para seguir suministrando gases lacrimógenos, granadas de aturdimiento, balas de goma y otros equipos que se utilizan para reprimir a los manifestantes pacíficos en Belarús, a pesar de saber que estas armas se emplearán para aplastar a la disidencia",
Una escalofriante grabación que se ha filtrado a la prensa, en la que el viceministro del Interior, Nikolai Karpenkov, pide a las fuerzas de seguridad que "usen sus armas y disparen [a las personas manifestantes] justo en la frente, justo en la cara", confirma el carácter deliberado y sistemático de la violencia policial contra las personas que protestan pacíficamente, coordinada al más alto nivel político.