16 de marzo de 2026. Ayer, la Fiscalía anunció la apertura de una investigación sobre la "Situación en Lituania/Belarús". Concluyó que existen motivos razonables para creer que, desde mayo de 2020, las autoridades bielorrusas han cometido los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución contra quienes se oponen al Gobierno, tanto de forma real como percibida. Se trata de la primera investigación penal internacional sobre los presuntos crímenes cometidos durante la represión en Belarús después de 2020, lo que ofrece la primera vía real para la rendición de cuentas penal para las víctimas y las personas supervivientes.
La Fiscalía inició el examen preliminar de la situación en Lituania/Belarús a principios de octubre de 2024, tras una remisión estatal presentada por el Gobierno de Lituania ante la Corte el 30 de septiembre de 2024. En marzo de 2025, la FIDH, junto con sus organizaciones miembros y asociadas, presentó una comunicación en virtud del artículo 15 a la Fiscalía, en la que se exponían numerosas pruebas y un análisis jurídico que documentaban los delitos de deportación y persecución cometidos contra las personas bielorrusas obligadas a exiliarse. En esta comunicación refleja el papel fundamental que ha desempeñado la sociedad civil bielorrusa e internacional a la hora de intentar que los responsables de estos crímenes rindan cuentas.
Crímenes aprobados o alentados por el Gobierno
En sus conclusiones, la Fiscalía destaca que los "actos coercitivos que condujeron a la deportación" se cometieron en cumplimiento o en ejecución de una política estatal, y que los patrones de los crímenes y su carácter repetitivo respaldan "la conclusión de que los crímenes cometidos por las autoridades fueron alentados o aprobados por las más altas instancias del Gobierno". El hecho de que los presuntos crímenes son de naturaleza transfronteriza y se cometieron, al menos en parte, en el territorio de Lituania, permite a la CPI ejercer su jurisdicción.
"La apertura de la investigación es un paso fundamental hacia la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades bielorrusas desde 2020", afirmó Pavel Sapelko, abogado de Viasna y antiguo vicepresidente en funciones de la FIDH. "Se trata de una nueva práctica en materia de rendición de cuentas y un paso real hacia la satisfacción de las necesidades de las víctimas relacionadas con la justicia, rehabilitación y castigo de las personas autoras."
Tal y como varias prestigiosas investigaciones sobre derechos humanos, entre ellas las del Grupo de Expertos Independientes de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Belarús y la Plataforma Internacional de Rendición de Cuentas para Belarús, desde 2020 las autoridades de esta país han venido erosionado sistemáticamente los derechos humanos fundamentales de su población. Entre las violaciones que se han documentado cabe citar tortura y tratos inhumanos, así como graves restricciones a los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y a un juicio justo. A consecuencia de ello, se han visto obligadas desde entonces a abandonar el país hasta 600 000 personas bielorrusas —más del 6 % de la población en 2020—, debido a su temor fundado a ser sufrir persecución por sus opiniones políticas, reales o percibidas. Además, las autoridades bielorrusas continuaron persiguiendo a la población en exilio forzoso y a sus nacionales residentes en el extranjero mediante un acoso judicial sistemático. Aparte de los juicios en rebeldía, la intimidación y las amenazas contra las personas bielorrusas que viven fuera del país y sus familiares dentro de sus fronteras, así como las campañas públicas de discurso de odio, las autoridades llevaron a cabo registros injustificados, confiscaron bienes y limitaron el acceso a servicios públicos esenciales desde el extranjero, impidiendo la realización de trámites como la renovación del pasaporte, lo que, en la práctica, hizo que muchas personas bielorrusas corrieran el riesgo de convertirse en apátridas.
La FIDH y sus organizaciones asociadas aplauden la iniciativa de Lituania e instan encarecidamente a todos los Estados Partes de la CPI, especialmente a aquellos que acogen a personas refugiadas procedentes de Belarús, a que remitan sin demora la situación a la Corte con el fin de ampliar la jurisdicción territorial y velar por que todas las víctimas tengan igual acceso a la justicia.
Las organizaciones instan asimismo a la comunidad internacional a cooperar plenamente con la CPI para agilizar la investigación, facilitando la recopilación de pruebas, ejecutando las órdenes de detención y entregando a las personas sospechosas a la Corte una vez que la Sala de Cuestiones Preliminares las haya dictado, así como protegiendo a las víctimas y quienes van a testificar que se encuentren en su territorio, entre otras cosas.