El 25 de marzo, Día de la Libertad, que conmemora el aniversario de la proclamación de la independencia de la República Nacional de Belarús en 1918, las manifestaciones resurgieron en el país con renovado ímpetu, varios meses después de que se hubieran reducido las protestas pacíficas provocadas por el fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Al parecer, varios centenares de manifestantes salieron a las calles de Minsk y otras ciudades los días 25 y 27 de marzo, a pesar de la violencia generalizada ejercida contra la oposición y de las detenciones preventivas destinadas a disuadir la participación. Entre las reivindicaciones de las protestas estaban el fin de la violencia, la liberación de las personas encarceladas por motivos políticos y el enjuiciamiento de todos los responsables de cometer violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Lukashenka.
La policía antidisturbios dispersó violentamente las manifestaciones. En el momento de la redacción de este informe, la organización miembro de la FIDH —el Centro de Derechos Humanos Viasna— ha confirmado al menos 175 detenciones arbitrarias tras las protestas del 25 de marzo y 247 más, entre ellas la de cinco periodistas, tras las protestas del sábado. Las personas que participaron en las manifestaciones se encontraban dispersas en las calles y patios, por lo que su identificación resultaba difícil, al no existir una gran concentración única. La policía detuvo entonces indiscriminadamente a tanto a presuntos/as manifestantes como a transeúntes, a quienes encerró en los furgones policiales. Durante las detenciones, algunas de las personas detenidas fueron objeto de violencia y abusos por parte de la policía. La FIDH subraya que, según las normas internacionales de derechos humanos,el uso de una fuerza innecesaria y excesiva contra quienes se manifiestan de forma no violenta constituye una injerencia indebida en el derecho de reunión pacífica.
En vísperas de las protestas del 27 de marzo, el Comité de Investigación de Belarús anunció la apertura de una causa penal en virtud del artículo 342 del Código Penal ("la organización y preparación de acciones que violen gravemente el orden público o la participación activa en las mismas"). El caso pretende acabar con los canales de Telegram por la difusión de llamados a participar en "asambleas no autorizadas" en un intento de desacreditar las protestas y minimizar el apoyo público a las mismas, lo que viola las normas internacionales.
La libertad de reunión, que incluye las llamadas protestas no organizadas y no autorizadas, es un derecho humano fundamental. Junto con los derechos estrechamente relacionados con la libertad de asociación y la libertad de expresión, se encuentra protegida por la Constitución bielorrusa y la legislación internacional de derechos humanos, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La FIDH recuerda que en numerosas ocasiones los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han puesto de relieve que el marco jurídico que regula las asambleas en Belarús no respeta las normas internacionales, y han formulado recomendaciones al respecto.
La FIDH ha seguido de cerca la actual crisis política en Belarús durante casi un año. Desde mayo de 2020, el régimen ha detenido a más de 30.000 manifestantes pacíficos/as, y varios miles han denunciado tratos inhumanos, violencia policial, palizas, violaciones y torturas. El Comité de Derechos Humanos Viasna ha reconocido a 322 personas como presos/as políticos/as, aunque continúa habiendo miles de personas encarceladas por supuestas actividades relacionadas con las protestas.
Estos acontecimientos actuales demuestran que el Gobierno está determinado a reprimir cualquier forma de disidencia y de libre expresión por parte del pueblo de Belarús, incluso mediante la violencia masiva. La FIDH reitera su llamado a las autoridades bielorrusas para que pongan fin a la violencia contra los/as manifestantes pacíficos/as y periodistas y liberen a todas las personas encarceladas en el país por motivos políticos.