La FIDH, reunida en Taipei, Taiwán del 21 al 25 de octubre de 2019 en su 40 Congreso Mundial,
Subrayando que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y reforzado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que está estrechamente vinculada al derecho de reunión pacífica (artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) cuando se aplica a protestas, piquetes, concentraciones, marchas y manifestaciones;
Manifestando su alarma por la crítica disminución de la libertad de expresión y del derecho de reunión pacífica que ha afectado a varios países de Europa del Este y Asia Central, en los que las autoridades han elaborado una gran cantidad de leyes liberticidas y recurren a un conjunto de prácticas lesivas para asfixiar a la sociedad civil y sofocar las voces de la disidencia;
Destacando que los obstáculos que limitan el ejercicio del derecho de reunión pacífica se extienden por toda la región:
• La legislación de Belarús, Kazajstán, Rusia, Ucrania y Uzbekistán prohíbe a la ciudadanía celebrar asambleas pacíficas sin autorización, las autoridades de los respectivos países niegan sistemáticamente los permisos para la celebración de reuniones pacíficas y las protestas no autorizadas terminan en arrestos masivos y multas a los manifestantes;
• En Azerbaiyán, en virtud de las enmiendas de 2016, el derecho a la libertad de reunión depende de que no se violen "el orden público y la moral"; las reuniones no autorizadas pueden dar lugar a una dura respuesta policial y a multas a los participantes;
• La introducción de una legislación que limita las manifestaciones pacíficas en la Crimea ocupada se tradujo en la detención de más de 350 manifestantes pacíficos entre 2014 y 2018;
• En Armenia, Georgia, Kirguistán y Moldavia, el derecho de reunión pacífica está legalmente garantizado, pero en la práctica, y de forma sistemática, no se respeta (como muestra el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes pacíficos por parte de las autoridades georgianas el 20 de junio de 2019; la injerencia violenta por parte de la policía y la detención temporal de centenares de personas durante las protestas masivas contra el Gobierno que tuvieron lugar en Armenia en los meses de abril y mayo de 2018);
Condenando todas las violaciones cometidas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos (DDH) como represalia por haber expresado su protesta, entre otras:
• Intimidación y acoso, entre otros, acoso judicial y agresiones físicas, asesinato, así como detención arbitraria y condenas, incluidas acusaciones falsas, malos tratos y difamación, con el fin de estigmatizar y desacreditar a los defensores y defensoras de los derechos humanos,
• Persecusión penal de las.os defensoras.os de los derechos humanos por estar involucrados en actividades de “organizaciones indeseables” (Rusia, Artículo 284.1 del Código Penal);
• Restricciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la legislación de muchos países de Europa del Este y Asia Central, que perjudican a los grupos de derechos humanos locales y extranjeros, entre otras cosas, prohibiendo la financiación extranjera, imponiendo obligaciones onerosas de presentación de informes, introduciendo severas sanciones por incumplimiento (Belarús, Crimea, Kazajstán, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán), exigiendo la aprobación gubernamental de las subvenciones (Azerbaiyán), etiquetando a las ONG como "agentes extranjeros", lo que estigmatiza las actividades cívicas (Rusia, Armenia);
Expresando su profunda preocupación por las violaciones cometidas contra abogados de derechos humanos, activistas del derecho ambiental e historiadores, contra los que han actuado las autoridades por manifestar su disidencia:
• Las autoridades armenias presentaron una demanda contra varios defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y abogados por sensibilizar a la opinión pública sobre los riesgos ambientales y sanitarios relacionados con las operaciones de la mina de oro bajo el pretexto de combatir la "información difamatoria".
• Las autoridades de Belarús acosan sistemáticamente a los defensores y defensoras del medio ambiente que protestan contra la construcción de una fábrica de baterías en Brest;
• El abogado de derechos humanos de Crimea, Emil Kurbetdinov, fue acosado judicialmente por una publicación de Facebook que supuestamente contenía contenido extremista;
• Continúa la detención arbitraria y el acoso judicial contra el historiador ruso Yuri Dmitriyev por su trabajo para conmemorar a las víctimas de la represión de los derechos humanos en la era soviética;
Condenando la violenta represión de la libertad de expresión y de la libertad de los medios de comunicación en toda la región, mientras las autoridades hostigan, arrestan y detienen arbitrariamente, imponen restricciones, imponen multas, enjuician penalmente y tratan de silenciar a los periodistas que critican a las autoridades y denuncian las violaciones de los derechos humanos y la corrupción;
Recordando que las autoridades rusas y centroasiáticas recurren sistemáticamente a las leyes antiterroristas y antiextremismo para hostigar a la oposición política, a las minorías religiosas y a la sociedad civil en general;
Recordando además que la difamación y el insulto, así como "el insulto al honor y la dignidad del presidente", siguen siendo delitos penales en Kazajstán y Kirguistán, y que la difamación también está tipificada como delito en Georgia.
• Observando con preocupación el creciente control de los Gobiernos sobre la expresión en línea en la mayoría de los países de la región, la lista de prácticas liberticidas incluye, entre otras, el bloqueo de sitios web, la censura de contenidos, la imposición de obstáculos burocráticos a los medios de comunicación en línea, la interposición de procedimientos penales contra periodistas y activistas de los derechos humanos por expresar su disidencia en línea, la imposición de sanciones por la difusión de "noticias falsas" y el llamado a la participación en las protestas;
Determinando que la situación de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica en Europa del Este y Asia central es crítica y es probable que siga siéndolo, a menos que la sociedad civil, los agentes económicos, los Estados vecinos y las organizaciones internacionales realicen un esfuerzo concertado para defender esos derechos de manera más decidida y hasta que lo hagan:
1. Insta a las autoridades de Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Rusia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán a que pongan fin a todas las violaciones de los derechos humanos, incluidas la intimidación, el acoso, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias cometidas contra las personas que ejercen su libertad de expresión y su derecho de reunión pacífica, y a que garanticen la rendición de cuentas en esta materia;
2. Insta a los respectivos Estados a que pongan inmediatamente en libertad a todos los presos políticos detenidos arbitrariamente por expresar su disidencia, arrojar luz sobre las violaciones de los derechos humanos y ejercer pacíficamente sus derechos legítimos;
3. Pide a los Estados que deroguen las leyes que interfieren con sus obligaciones en materia de libertad de opinión y expresión, libertad de asociación y de reunión, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluidas las leyes que restringen las actividades de las organizaciones no gubernamentales, y de los grupos de derechos humanos en particular, a saber, la ley sobre "organizaciones civiles no registradas", la ley sobre "agentes extranjeros", la ley sobre "organizaciones indeseables", y otras leyes que violan el derecho a la libertad de asociación;
4. Insta a los Estados a que cumplan los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como todas las resoluciones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión;
5. Alienta a los Estados a fomentar un entorno seguro que propicie el disfrute de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica para todas las personas sin discriminación y teniendo en cuenta a quienes se enfrentan a desigualdades sistémicas;
6. Alienta a los Estados vecinos a que sigan prestando asistencia a los grupos locales de derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil que luchan por promover y proteger la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica en Europa del Este y Asia Central;
7. Alienta a los actores económicos que operan en Europa del Este y Asia Central a cumplir con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, a resistir a los Gobiernos que violan las normas internacionales sobre la libertad de expresión o de reunión y a trabajar para crear un entorno más seguro que propicie la expresión de las opiniones propias;
8. Hace un llamado a toda la ciudadanía para que exprese su apoyo a las actividades de los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Europa del Este y Asia Central.