Durante 15 años, dos grandes bancos de desarrollo han financiado una mina de oro armenia perjudicial para el medio ambiente y las comunidades locales. Rechazada por la sociedad civil, su entrada fue bloqueada por activistas, que llevaron el caso a los tribunales. Debilitado por el conflicto armado con el vecino Azerbaiyán, el gobierno armenio, elegido tras la Revolución de Terciopelo de 2018 y sus promesas de apertura democrática, quiere reabrirla y acaba de aprobar una ley que podría debilitar la participación ciudadana en los proyectos mineros.
Aprovechando la falta de transparencia en la gestión de los recursos naturales en Armenia, Lydian, empresa que cotiza en la Bolsa de Toronto hasta 2020, ha desarrollado el proyecto sin consultar seriamente a las poblaciones afectadas. Ya en 2018, el 85,7% de los habitantes de Jermuk encuestados denunciaron impactos en su salud: asma, enfermedades pulmonares, dolores de cabeza o insomnio.
"Durante la Revolución de Terciopelo, las voces de los armenios empezaron a escucharse y las movilizaciones contra el proyecto se hicieron muy fuertes", explica Inga Zarafyan, presidenta de la ONG de información EcoLur. "Nuestra protesta se basa en estudios serios realizados por decenas de expertos independientes y en datos científicos sólidos".
"Después de todos estos años, tenemos derecho a impugnar las decisiones irracionales y antidemocráticas. Pero la empresa minera está haciendo todo lo posible para obstruir nuestra acción".
De hecho, en 2018, Lydian lanzó no menos de 20 "demandas" -acciones legales diseñadas para silenciar o intimidar- contra personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, periodistas e incluso un miembro del parlamento. Las voces críticas son regularmente objeto de campañas de desprestigio. A pesar de estas campañas de desprestigio y represión, las poblaciones vecinas no dudaron en bloquear la entrada a la mina durante más de dos años entre 2018 y 2020.
Dos bancos de desarrollo financiaron el proyecto
El informe señala que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Corporación Financiera Internacional (IFC, una rama del Banco Mundial), dos bancos multilaterales de desarrollo que apoyaron el proyecto de 2007 a 2017 y de 2009 a 2021, respectivamente, no han cumplido con sus obligaciones de proteger los derechos humanos y el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales y sus propias políticas.
Los bancos de desarrollo se han negado hasta ahora a reconocer cualquier responsabilidad por los fallos del proyecto o a reparar los daños causados a la población local. El mecanismo interno de reclamaciones del BERD declaró no admisibles dos quejas de afectados en 2014, antes que el nuevo mecanismo de reclamaciones del banco pusiera finalmente en marcha una investigación de cumplimiento en 2020, que aún está en curso.
"El IFC y el BERD no han hecho lo necesario para garantizar que el proyecto Amulsar tenga un alto nivel de transparencia, participación ciudadana y responsabilidad".
"En lugar de predicar con el ejemplo, el BERD se negó a comunicarse con la sociedad civil acerca de Amulsar y toleró docenas de demandas iniciadas por Lydian, lo que no tiene precedentes hasta donde sabemos", afirma Fidanka Bacheva-McGrath. "Espero que el mecanismo de rendición de cuentas del BERD publique pronto conclusiones y recomendaciones críticas para garantizar que se corrijan los errores del pasado."
El futuro de Amulsar: una prueba para la democracia armenia
Amulsar puede considerarse un caso de prueba para la joven democracia armenia, que en tres años ha pasado por una revolución, las consecuencias de la pandemia y luego un duro conflicto armado que ha causado grandes pérdidas humanas, morales, territoriales y económicas.
El gobierno armenio -que está sometido a una intensa presión diplomática y económica- aprobó en noviembre de 2021 un plan de acción para la recuperación del crecimiento, que incluye la mina de Amulsar.
Además de las recomendaciones a los bancos de desarrollo y a Lydian, el informe pide al gobierno armenio que revoque las licencias de Amulsar y que considere urgentemente todas las recomendaciones de los expertos internacionales de la ONU y del Convenio de Berna que revisaron la situación.
"Estamos preocupados por los recientes acontecimientos en Armenia. El gobierno parece estar aplicando reformas peligrosas que podrían debilitar aún más la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en el sector minero, en lugar de aprender las lecciones de Amulsar", afirma Artak Kirakosyan, director de CSI y vicepresidente de la FIDH.
"¿Reformar? Es necesario. Pero sólo si se da una participación efectiva de las comunidades afectadas y la protección de los derechos humanos y el medio ambiente en el centro de la regulación minera."
El informe completo está disponible en inglés y armenio.
Lea el resumen ejecutivo en inglés, armenio o francés a continuación: