El 28 de marzo de 2011, vía servicio rápido de mensajería y procedente de Barrancabermeja, Santander, llegó a la Personería [1] del Municipio de El Peñón una carta del grupo paramilitar denominado “Fuerza Emergente del Magdalena Medio”, amenazando a los Sres. Teofilo Saravia Badillo y Fransisco Cruz Güiza, y acusándolos de apoyar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), consiguiéndoles fondos provenientes de la Unión Europea, de la ONU y del Banco Mundial. Los autores de dicha carta, entre otras cuestiones, ordenan a los Sres. Teofilo Saravia Badillo y Fransisco Cruz Güiza a conseguir recursos para el financiamiento de la “Fuerza Emergente del Magdalena Medio”. En caso contrario, amenazan con iniciar “acciones militares” en contra de sus familiares.
El 1ro de abril de 2011, la Sra. Gisela Cañas recibió amenazas de muerte a través de un mensaje texto a su teléfono celular, urgiéndole dejar de “defender huevonada” e irse del país en un plazo máximo de 48 horas. La abogada Gisela Cañas es responsable de la defensa de los casos de las comunidades indígenas que acompaña la Comisión de Justicia y Paz [2] en Putumayo, en el bajo Atrato y en el norte del Chocó, zonas afectadas por operaciones empresariales y paramilitares. Esta amenaza de muerte se suma a previos actos de allanamiento, hostigamiento y amenazas, así como a operaciones de desprestigio y acusaciones infundadas y difamatorias en contra de los integrantes de la Comisión Justicia y Paz, entre los cuales se encuentran el padre Alberto Franco, los Sres. Abilio Peña, Danilo Rueda y Pablo Cala así como el sacerdote Javier Giraldo [3].
En la región de Antioquia, el 3 de abril de 2011, el Sr. Santander Nisperusa fue avisado por testigos que escucharon a unos paramiltares cerca del parque central de Belén de Bajirá, de la implementación de un operativo para asesinarlo. Treinta minutos más tarde, los paramilitares realizaron un operativo de “pesca” - captura - en el trayecto de Belén de Bajirá al lugar de habitación del Sr. Santander Nisperusa, ubicado en la Zona Humanitaria de Caño Manso. El defensor logró huir y esconderse. El pasado 18 de marzo, en la ocasión de la visita de los ministros de la Agricultura y del Interior en la Zona Humanitaria de Camelias, el Sr. Santander Nisperusa había denunciado la persistencia de las operaciones paramilitares e identificado a varios de sus actores. También había manifestado su preocupación por la existencia de una lista en manos de los paramilitares en la que aparecían los nombres de personas a asesinar así como por la persistencia de los crímenes a pesar de la presencia de la fuerza pública.
El Observatorio manifiesta su profunda preocupación ante las amenazas en contra de los defensores, que se inscriben en un contexto de continuos actos de represalias en su contra.
El Observatorio recuerda que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Informe presentado el 23 de marzo de 2011, expresó su “preocupación [por] la continuación de homicidios, amenazas, atentados, robos de información, seguimientos e intimidaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones” y en particular por “el riesgo que viven los y las líderes que están al frente de los procesos”.
El Observatorio insta a las autoridades colombianas a que adopten de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores mencionados, que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento y amenazas en contra de todos los defensores de derechos humanos en Colombia y que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, así como por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.