El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Colombia.
Según las informaciones recibidas, el 23 de mayo de 2010 aproximadamente a las 9:00 a.m., el Sr. Alexander Quintero recibió números impactos de bala por parte de individuos no identificados en la zona urbana de Santander de Quilichao. El Sr. Quintero era uno de los líderes más visibles del proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación y de reconstrucción social de las víctimas de la masacre del Alto Naya. Debido a esta labor había sido víctima de amenazas por parte de grupos paramilitares que lo declararon objetivo militar. Por ello, se había solicitado, de manera infructuosa, medidas de protección para el Sr. Quintero al Ministerio del Interior.
La masacre del Alto Naya comenzó el 7 de abril de 2001 en Timba, Departamento del Cauca, con la incursión de unos 400 paramilitares del grupo paramilitar AUC Bloque Calima con la aquiescencia de militares adscritos a la Brigada III del ejército, según ha indicado en sus versiones libres el jefe paramilitar alias “HH” y culminó con la toma del Río Yurimanguí. La masacre, que se prolongó varios días consecutivos en el Alto Naya, siendo los más cruentos el 11 y 12 de abril de 2001, se cobró la vida de más de 100 personas, otras mil fueron desplazadas y 60 continúan desaparecidas. Posteriormente, los paramilitares pasaron al Bajo Naya, y provocaron el desplazamiento forzado de los afrodescendientes de la región. La región del Naya está ubicada entre los Departamentos del Valle y Cauca, y está habitada por campesinos colonos, afrocolombianos e indígenas sin que ningún grupo tenga propiedad jurídica, ni individual ni colectiva, sobre la tierra. Esta región es estratégica porque en ella se proyectan varios proyectos de desarrollo y de extracción de recursos naturales por medios mecanizados. Además, en la región existe cultivo de coca, si bien las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes están impulsando propuestas de sustitución alternativa. Por otra parte, el Gobierno ha otorgado concesiones para la explotación minera a compañías transnacionales como Anglo Gold Ashanti y Kedhada en la parte alta del Naya, mientras existen zonas todavía explotadas por pequeños y medianos mineros.
El Observatorio condena rotundamente el asesinato del Sr. Alexander Quintero y teme que el mismo esté motivado por su labor en la defensa de los derechos humanos, en particular en su búsqueda del esclarecimiento de la masacre del Alto Naya y que por lo tanto pudiera tener el efecto de lanzar una advertencia a los sobrevivientes de la masacre. Asimismo, el Observatorio señala su seria preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica de los líderes y miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del Alto Naya y de las víctimas de la masacre del Alto Naya y solicita a las autoridades nacionales, departamentales y locales que tomen de manera urgente las medidas adecuadas para garantizarlas.
Adicionalmente, el Observatorio vuelve a manifestar su absoluto rechazo e indignación frente a los asesinatos y continuas amenazas e intimidaciones contra los defensores de derechos humanos en Colombia, y urge a las máximas autoridades gubernamentales a que se adelanten las debidas investigaciones con el fin de que las graves violaciones de los derechos humanos contra defensores no permanezcan impunes y que los autores sean sancionados de acuerdo con la ley.
Acción solicitada:
Favor dirigirse a las autoridades de Colombia urgiéndolas a:
i. adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos en Colombia;
ii. realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno al asesinato del Sr. Alexander Quintero con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
iii. otorgar una adecuada reparación a la familia del Sr. Alexander Quintero;
iv. velar por que se ponga fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento contra los defensores de derechos humanos en Colombia.
v. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2);
vi. de manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia.
Direcciones:
* S.E. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República, Carrera 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Santa Fe de Bogotá. Fax: + 57 1 566 20 71
* Sr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República, Tels.: +57 1 334 45 07, +573772 01 30, E-mail: fsantos@presidencia.gov.co; buzon1@presidencia.gov.co; ppdh@presidencia.gov.co
* Dr. Volmar Antonio Pérez Ortiz, Defensor del Pueblo, Calle 55 # 10-32, Bogotá. Fax: + 571 640 0491 E-mail: agenda@agenda.gov.co
* Sr. Rafael Bustamante Pérez, Proyecto de Prevención a Violaciones de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Carrera 8 No. 13-31 piso 4to. Tels.: 57.1.4443100 Ext. 2410 Fax: +57 1 2827440 E-mail: rbustamante@mij.gov.co
* Sr. Guillermo Mendoza Diago (encargado), Fiscal General de la Nación, Diagonal 22-B # 52-01, Bogotá. Fax: +571 570 2000; +571 414 90 00 Extensión 1113, E-mail: contacto@fiscalia.gov.co
* Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado, Procurador General de la Nación, Cra. 5 #. 15-80, Bogotá. Fax: +57 1 342 97 23; + 571 284 79 49 Fax: +571 342 9723; E-mail: cap@procuraduria.gov.co; quejas@procuraduria.gov.co; webmaster@procuraduria.gov.co;
* Sr. Gabriel Silva Luján, Ministro de la Defensa, Avenida El Dorado con Carrera 52 CAN, Bogotá. Fax: +57.1.222.18.74; E-mail: mdn@cable.net.co
* Dr. Carlos Franco, Director del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH). E-mail: cefranco@presidencia.gov.co
* Dr. Fernando Ibarra, Asesor del Programa Presidencial de Derechos Humanos y de DIH. Tel.: +57 1 336 03 11, FAX: +57 1 337 46 67, E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
* Misión Permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra. Chemin du Champ d’Anier, 17-19, 1209 Ginebra, Suiza. FAX: + 41 22 791 07 87; E-mail: mission.colombia@ties.itu.int
* Sr. Carlos Holmes Trujillo, Misión Diplomática en Bruselas: FAX: +32.2.646.54.91
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Colombia en sus respectivos países.
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Ginebra-Paris, 28 de mayo de 2010.