El 13 de agosto de 2010, en la vereda la Unión, municipio de la Macarena, departamento del Meta, fue encontrado el cuerpo sin vida de la Sra. Norma Irene Pérez, que presentaba varios impactos de bala. La Sra. Pérez se encontraba desaparecida desde el 7 de agosto de 2010, entre las 7 y 8 am, después de haber salido de una asamblea con la Junta de Acción Comunal en la vereda la Unión.
La Sra. Norma Irene Pérez había participado en el comité organizador de la Marcha Patriótica convocada para el 19, 20 y 21 de julio de 2010 en Bogotá por varias organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de manifestar su rechazo a la impunidad, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la violencia y la exclusión en Colombia.
La Sra. Pérez también había participado en la Audiencia Pública convocada por el Senado de la República denominada “La crisis humanitaria de los Llanos Orientales” que tuvo lugar el 22 de julio de 2010 con el objetivo de dar la oportunidad a las comunidades de la región de los Llanos Orientales de denunciar las violaciones de derechos humanos de las que son objeto en el marco del desarrollo de la política de Seguridad Democrática implementada por el Gobierno. La Audiencia, que terminó con un acto de memoria por las víctimas de desaparición forzada que se encuentran inhumadas en el cementerio de La Macarena, contó con la presencia de Senadores de la oposición, organizaciones y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y el acompañamiento de una delegación internacional, encabezada por seis eurodiputados.
La fosa común de la Macarena, con una estimación de más de dos mil cadáveres, sería la más grande de Latinoamérica. Los cuerpos sin vida y no identificados (“NN”) allí enterrados serían producto de las ejecuciones extrajudiciales (los denominados “falsos positivos”) y desapariciones forzadas cometidas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad desde el 2004, según denuncian familiares de las víctimas fatales, los habitantes de la zona y los defensores de derechos humanos [1].
El 25 de julio de 2010, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez había señalado como “terroristas” a los participantes de la mencionada Audiencia Pública, y reiterado su apoyo incondicional a las fuerzas armadas alentándolas a continuar la lucha contra el terrorismo. Como se denunció en su momento, al hacer estas declaraciones, el entonces Presidente Uribe puso en situación de grave riesgo a los integrantes de las organizaciones convocantes de la audiencia así como a sus asistentes [2].
El Observatorio recuerda que el 16 de marzo de 2010 fue asesinado el Sr. Jhonny Hurtado, Presidente del Comité de Derechos Humanos de la vereda la Catalina, la Macarena, departamento del Meta. A finales de diciembre de 2009, el Sr. Hurtado había denunciado las graves violaciones de derechos humanos en la zona durante la visita realizada por la organización Justicia por Colombia, parlamentarios y sindicalistas.
El Observatorio condena rotundamente la desaparición forzada y el asesinato de la Sra. Norma Irene Pérez e insta a las autoridades colombianas a que tomen todas las medidas necesarias para llevar a cabo una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley, contribuyendo así a poner fin a la impunidad que prevalece en los crímenes cometidos contra los defensores de derechos humanos en Colombia.
El Observatorio teme que la desaparición forzada y el asesinato de la Sra. Norma Irene Pérez hayan sido motivados por su labor en la defensa de los derechos humanos, en particular su lucha contra la impunidad en la que permanecen las violaciones de los derechos humanos y su búsqueda del esclarecimiento de la existencia de la fosa común de la Macarena, y urge a las autoridades colombianas a que tomen de forma inmediata todas las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todos los integrantes de las organizaciones convocantes de la mencionada Audiencia Pública.
El Observatorio espera también de las autoridades colombianas declaraciones públicas que demuestren su voluntad y un verdadero cambio en la política del Gobierno hacia los defensores y que rectifiquen las manifestaciones estigmatizadoras que contra ellos emitieron varias autoridades públicas durante el Gobierno anterior. Esto contribuiría a la seguridad de los defensores y demás personas presentes en la Audiencia Pública así como a reducir la estigmatización en su contra.
Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades colombianas a velar por que se ponga fin al hostigamiento en contra de los defensores y a que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, así como por las Convenciones Internacionales ratificados por Colombia.