París, 22 de julio de 2025. El 18 de julio de 2025, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) publicó sus conclusiones (conocidas como “observaciones finales”) sobre Viet Nam, tras el examen del cuarto informe periódico del país sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que tuvo lugar los días 7 y 8 de julio de 2025 en Ginebra. El CCPR supervisa la aplicación de las disposiciones de la Convención por los Estados partes, entre los que se encuentra Tailandia.
Las conclusiones del CCPR reflejaron muchas de las cuestiones planteadas por la FIDH y el VCHR en su informe paralelo (solo en inglés) y en las presentaciones orales trealizadas ante el CCPR durante el examen. A continuación se presentan algunas de las principales preocupaciones y recomendaciones del CCPR.
Pena de muerte
El CCPR manifestó su preocupación por el hecho de que la pena capital siguiera estando prevista para diez delitos, algunos de ellos delitos no violentos, que no cumplen el umbral de "delitos más graves" establecido en el PIDCP. Lamentó asimismo la falta de información estadística sobre las condenas a muerte, las ejecuciones y el número de personas encarceladas condenadas a muerte. El CCPR instó al Gobierno a que adoptara una moratoria de las ejecuciones, considerara la abolición de la pena de muerte y se adhiriera al Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP.
Represión transnacional
El CCPR tomó nota de numerosos casos de desapariciones forzadas extraterritoriales y otras formas de represión transnacional por parte de agentes gubernamentales de Viet Nam, así como del uso de procesos de extradición por motivos políticos. Las personas expertas de las Naciones Unidas lamentaron que el Gobierno no proporcionara información sobre los casos concretos planteados durante el examen y pidieron a las autoridades que investigaran todos los casos de represión transnacional y la rendición de cuentas por parte de los/as responsables. El CCPR recomendó al Gobierno que considerara también la posibilidad de adherirse a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas de las Desapariciones Forzadas (CIPPDF).
Tortura y malos tratos
El Comité expresó su preocupación por el uso de la tortura y los malos tratos contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, disidentes y minorías étnicas y religiosas, como el aislamiento, el encadenamiento de las piernas y la denegación de tratamiento médico, así como por las denuncias del uso de la tortura para obtener confesiones utilizadas como prueba en los procedimientos judiciales, incluso en casos en los que se imponía la pena de muerte. Instaron a Viet Nam a prevenir y erradicar la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, y a garantizar que todas las personas privadas de libertad tengan acceso a tratamiento médico y a un mecanismo de denuncia eficaz para informar de los casos de tortura y malos tratos.
Condiciones de detención
Las personas expertas de las Naciones Unidas observaron un deterioro de las condiciones carcelarias, entre ellas hacinamiento, condiciones insalubres, mala calidad de los alimentos y el agua, denegación de atención médica y exposición a la tortura y malos tratos, como el aislamiento prolongado. El CCPR también expresó su preocupación por el trato discriminatorio entre los "presos/as comunes" y los/as presos/as de conciencia. El CCPR instó al Gobierno a que velara por que las condiciones de detención se ajustaran a las normas internacionales pertinentes en materia de derechos humanos y a que las personas encarceladas por motivos de conciencia no fueran objeto de discriminación.
Detención preventiva prolongada
El CCPR denunció el uso de la prisión preventiva prolongada, en particular contra la disidencia política, las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y minorías étnicas y religiosas. Pidió que se modificaran o derogaran los artículos 173 5) y 74 del Código de Procedimiento Penal, que establecen la detención indefinida sin juicio y niegan el acceso a defensa letrada a las personas sospechosas acusadas de delitos contra la “seguridad nacional”. El CCPR recomendó que se redujera significativamente el uso de la prisión preventiva y que la totalidad de personas detenidas disfruten de todas las garantías jurídicas y procesales desde el inicio de su detención, lo que incluye la revisión periódica de su situación por una instancia judicial.
Independencia del poder judicial y derecho a un juicio justo
El CCPR manifiesta su continua preocupación por la influencia del Partido Comunista de Viet Nam (PCV) en el poder judicial, la falta de rendición de cuentas y supervisión judicial, la falta de garantías procesales en los casos de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y minorías étnicas y religiosas, y el acoso que sufren los equipos de defensa letrada. Exhortó al Gobierno a que garantizara la plena independencia e imparcialidad del poder judicial y velara por que todos los procedimientos judiciales se llevaran a cabo de conformidad con las garantías de un juicio justo consagradas en el artículo 14 del PIDCP.
Libertad de religión o de creencias
El CCPR se mostró "profundamente preocupado" por el aumento de la discriminación, el acoso y la intimidación contra las minorías religiosas, las restricciones indebidas a la libertad de religión y de creencias en virtud de la Ley de religión y creencias de 2016 y el Decreto 95/2023, y el uso de las leyes de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo para perseguir a las minorías religiosas. El CCPR instó al Gobierno a que garantizara el ejercicio efectivo de la libertad de religión y de creencias y velara por que la legislación y las prácticas nacionales se ajustaran plenamente lo dispuesto en el artículo 18 del PIDCP. Recomendó asimismo que la legislación en materia de seguridad nacional y lucha contra el terrorismo no se aplicara de manera arbitraria para arrestar, detener o perseguir a las minorías religiosas.
Libertad de expresión
El Comité observó "un mayor deterioro de la libertad de expresión" en Viet Nam, en particular en lo que respecta a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, disidentes políticos/as y minorías étnicas y religiosas. Expresó su preocupación por las disposiciones legales excesivamente amplias, en particular los artículos 109, 116, 117 y 331 del Código Penal, que se habían utilizado para enjuiciar a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, disidentes políticos/as y minorías étnicas y religiosas. El CCPR manifestó asimismo su preocupación por las fuertes restricciones impuestas a los medios de comunicación, especialmente a través de leyes como la Ley de Prensa, la Ley de Acceso a la Información, la Ley de Ciberseguridad y los Decretos 147/2024, 53/2022, 15/2020 y 119/2020, así como por la eliminación de todo contenido considerado crítico con el Gobierno de las plataformas de redes sociales. El CCPR instó a las autoridades a que adoptaran todas las medidas necesarias para poner fin a las violaciones del derecho a la libertad de expresión tanto en línea como fuera de línea, modificaran o derogaran toda legislación restrictiva en este sentido y permitieran a las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil realizar su labor de forma segura, libre e independiente, sin temor a ser objeto de persecución, intimidación, acoso, violencia o represalias, al igual que sus familias. También pidió la liberación de las personas trabajadoras de los medios de comunicación y defensoras de los derechos humanos detenidas contraviniendo las disposiciones del PIDCP, así como la adopción de todas las medidas necesarias para apoyar un panorama mediático verdaderamente pluralista.
Libertad de reunión pacífica
Las "restricciones excesivas" a la libertad de reunión pacífica y el uso desproporcionado de la fuerza y las detenciones arbitrarias para dispersar reuniones pacíficas son igualmente motivo de grave preocupación. El CCPR instó a las autoridades a garantizar y proteger el derecho de reunión pacífica, a investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza o detenciones arbitrarias en el contexto de reuniones pacíficas, y a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Libertad de asociación
Algunos textos legislativos aprobados recientemente, como los Decretos 126/2024 y 114/2021, han impuesto restricciones indebidas al establecimiento, la gestión y el funcionamiento de las asociaciones públicas. El CCPR también observó con preocupación el "abuso de leyes fiscales excesivamente amplias" para penalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y a las asociaciones de minorías étnicas y religiosas. El CCPR recomendó al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de asociación, en particular, modificando la legislación y la práctica que rigen el establecimiento, la gestión y el funcionamiento de las asociaciones, eliminando todas las restricciones y la supervisión indebidas de la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para recibir financiación internacional y nacional y absteniéndose de utilizar leyes fiscales excesivamente amplias para penalizar a las personas defensoras de los derechos humanos y a las asociaciones de minorías étnicas y religiosas.
Participación en los asuntos públicos
El CCPR manifestó su continua preocupación por la prohibición de los partidos políticos distintos del CPV y por el hecho de que las candidaturas independientes tuvieran que pasar por múltiples rondas de negociaciones con el Frente Patriótico de Viet Nam, liderado por el CPV, para poder presentarse a las elecciones. El CCPR recomendó a las autoridades que armonizaran la normativa y las prácticas electorales con lo dispuesto en el artículo 25 del PIDCP y garantizaran la celebración de elecciones transparentes, libres y justas, promovieran un pluralismo político y un debate auténticos, y garantizaran la libertad de participar en actividades políticas a título individual o a través de partidos políticos y otras organizaciones, incluidas las que representan opiniones críticas con el Gobierno.
En sus observaciones finales, el CCPR solicitó al Gobierno vietnamita que, antes del 18 de julio de 2028, proporcionara información sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a:
1) el establecimiento de una institución nacional independiente de derechos humanos;
2) el uso de la pena de muerte; y
3) el derecho a la libertad y a la seguridad personal.