Antes de esta asamblea, la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) y sus organizaciones miembros Covenants Watch (Taiwán) y la Asociación de Derechos Humanos de Taiwán instan al accionariado de Formosa Plastics Group a cumplir en todo el mundo con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en las inversiones de la empresa, tal como establecen los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y adopten las siguientes medidas:
1. Sobre las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente. Instamos al accionariado a que pida a Formosa Plastics Group que cumpla con la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, se comprometa a aplicar la diligencia debida continuada en materia de violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente y evite que se vuelva a producir en el futuro este tipo de incidentes. Formosa Plastics Group debería asimismo atenuar el riesgo vinculado a las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente y proporcionar reparación por el daño que causen a los derechos humanos y el medio ambiente, incluso cuando se trate de asumir su responsabilidad legal ante los tribunales. Recordamos al accionariado que su inversión en Formosa Plastics Group está directamente ligada a violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente como la contaminación causada por su planta petroquímica en el condado de Yunlin (Taiwán), la contaminación marítima y el consiguiente impacto en los derechos humanos sobre las comunidades costeras de la zona central de Vietnam y la contaminación ambiental en los estados de Texas y Luisiana en los Estados Unidos.
2. Sobre su contribución al cambio climático. Pedimos al accionariado que inste a Formosa Plastics Group a proponer un plan concreto para una reducción significativa de su huella de carbono y un plan para la eliminación del uso de combustibles fósiles.
3. Sobre el respeto del derecho a la información de la población local. Pedimos al accionariado que inste a Formosa Plastics Group a establecer sistemas de supervisión ambiental en los lugares en los que tengan actividad, ya sea directamente o a través de sus filiales, en todo el mundo, y velen por que estos sistemas sean transparentes y que la población local tenga acceso a estos datos.
Instamos a que el nuevo consejo electo asuma esta responsabilidad y supervise la contaminación causada por Formosa Plastics Group en las diferentes zonas del planeta e impida que los planes de inversión violen los derechos humanos. Pedimos asimismo a Formosa Plastics Group que informe de los méritos y los criterios para la nominación y elección de los miembros independientes del consejo y vele por que, en el futuro, cuenten con el conocimiento y la experiencia necesarios en cuestiones ambientales y de derechos humanos y su protección.
Antecedentes del caso
En abril de 2016, murieron aproximadamente 300 toneladas de peces en la costa de cuatro provincias de la región Centro-Norte de Vietnam: Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri y Thua Thien-Hue. Después de la investigación, el Informe de la Asamblea Nacional de Vietnam identificó a Formosa Ha Tinh Steel Corporation en la Zona Económica de Vung Ang en Vietnam como el principal culpable del incidente que causó una desastrosa contaminación marina al verter en el mar aguas residuales que contenían sustancias tóxicas como fenol y cianuro. El 30 de junio de 2016, Formosa Ha Tinh Steel Corporation admitió públicamente su responsabilidad por la contaminación ambiental que afectó a 125 000 personas de la costa de la región central de Vietnam y dañó los medios de subsistencia de más de 200 000 personas, entre ellas, a 41 000 pescadores/as. Al mismo tiempo, se ordenó a la empresa el pago al gobierno de una indemnización de 500 millones de dólares. Sin embargo, solo ha recibido esta indemnización un reducido número de víctimas y, en todo caso, el pago no fue suficiente para compensar por el alcance del daño sufrido.
Una ONG estadounidense, Justicia para las Víctimas de Formosa, ha reunido testimonios y declaraciones juradas de decenas de personas, principalmente en las regiones afectadas de Vietnam Central, que experimentaron y presenciaron la represión estatal relacionada con el caso Formosa. Estas medidas represivas han adoptado múltiples formas, como la violencia selectiva contra manifestantes pacíficos, los arrestos y detenciones arbitrarias de cientos de personas críticas y de manifestantes con acusaciones falsas y el uso del sistema judicial para silenciar a la disidencia con largas penas de prisión. Esta represión sistemática, que es una reacción frecuente del régimen autoritario de Vietnam, ha sido repetidamente condenada por las organizaciones internacionales y las ONG independientes.
El 11 de junio de 2019, 7875 víctimas vietnamitas, con la ayuda de algunas ONG de Vietnam y Taiwán (entre ellas, la Asociación de Juristas Ambientales, la Fundación por los Derechos Ambientales, la Organización Justicia para las Víctimas de Formosa y la Oficina de Vietnam para los Trabajadores Migrantes e Inmigrantes) presentaron una demanda internacional con Taiwán contra Formosa Plastics Group, ante el tribunal de distrito de Taipei. Las demandantes alegaron que la contaminación marina causada por la empresa había provocado daños y había puesto en peligro su salud física, y sostenían que las demandantes tenían derecho a la salud y a un medio ambiente saludable. Además, manifestaron que en Vietnam no se habían respetado su libertad de expresión, libertad de asociación y derecho a la información, lo que hacía que estuvieran en situación de riesgo si decidían interponer una demanda en el país.
En octubre de 2019, el tribunal de distrito rechazó la demanda alegando que no era competente, ya que el caso afectaba a personas de nacionalidad vietnamita y los hechos habían tenido lugar en Vietnam. El 24 de octubre de 2019, las demandantes y las ONG apelaran al Tribunal Superior de Justicia de Taiwán, que desestimó su recurso en marzo de 2020. La demandante recurrió entonces ante el Tribunal Supremo de Taiwán que, en noviembre de 2020 concluyó que los tribunales del país eran competentes para juzgar el caso debido a que Formosa Plastics Group tenía su sede en Taiwán. En consecuencia, el Tribunal Superior de Taiwán aceptó finalmente ejercer su jurisdicción sobre las demandadas con sede en Taiwán, entre ellas Formosa Plastics Groups, en abril de 2021. Sin embargo, los jueces del Tribunal Superior se negaron a incluir entre las demandadas a Formosa Ha Tinh Steel Corporation, que es la entidad directamente relacionada con la contaminación marina. Por ello, las demandantes recurrieron al Tribunal Supremo de Taiwán con la esperanza de que pronto pueda celebrarse un juicio sobre el fondo de la cuestión ante el Tribunal de Distrito de Taipei.