París, 30 de mayo de 2025. El 27 de mayo de 2025, el Tribunal Penal para Casos de Corrupción y Conducta Indebida de la 2ª Región de la provincia de Rayong declaró culpables a dos instructores del ejército tailandés y a 11 reclutas veteranos de la muerte de un soldado en agosto de 2024 y los condenó a penas de prisión de entre 10 y 20 años.
Worapratch Phadmasakul, 18 años, recluta del ejército tailandés en el 3er Batallón de Infantería, 21º Regimiento de Infantería, Guardia Real, en la provincia de Chonburi, murió tras recibir una fuerte paliza durante un entrenamiento disciplinario el 2 de agosto de 2024. Los informes médicos mostraron que sufría un edema cerebral, tenía varias costillas rotas, un pulmón perforado, colapso pulmonar, fractura de clavícula y lesiones medulares.
El primer instructor, la última persona a quien se vio en compañía de Worapratch, fue condenado a 20 años de cárcel. El segundo instructor fue condenado a 15 años. Los 11 reclutas veteranos, que actuaban como ayudantes de instructor, fueron condenados a 10 años cada uno.
Según un informe de prensa, los padres del fallecido tienen previsto recurrir la sentencia del tribunal, por considerar que el primer instructor merecía una condena más dura. La familia también tiene previsto presentar una demanda civil contra el ejército tailandés para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
El caso de Worapratch es una de las 17 muertes de cadetes/reclutas del servicio obligatorio documentadas por la FIDH que se han producido entre junio de 2015 y agosto de 2024. Tres de estos casos, como el de Worapratch, se produjeron después de la entrada en vigor de la Ley de prevención y supresión de la tortura y las desapariciones forzadas, el 22 de febrero de 2023. En dos de estas situaciones se han llevado a cabo enjuiciamientos penales. El segundo caso es el de Kittithorn Wiangbanphot, que murió el 16 de julio de 2023 a consecuencia de las heridas sufridas durante un ejercicio de entrenamiento militar.
La FIDH insta a las autoridades tailandesas a realizar investigaciones efectivas sobre todos los casos de muerte de cadetes/reclutas del servicio obligatorio ocurridos antes de la promulgación de la Ley de prevención y supresión de la tortura y las desapariciones forzadas y a enjuiciar a las personas responsables, de conformidad con las obligaciones contraídas por Tailandia en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La FIDH también pide al gobierno que adopte medidas preventivas eficaces para poner fin a los castigos físicos excesivos a los que se somete a los cadetes y reclutas en el país.
En noviembre de 2024, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la tortura y los malos tratos infligidos a reclutas que cumplían el servicio militar, que en algunos casos han causado la muerte. Pidió que se investigaran de forma rápida, imparcial, exhaustiva, eficiente e independiente todas las denuncias de tortura y malos tratos por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, que se enjuiciara y castigara a todas las personas sospechosas de haber cometido actos de tortura o malos tratos, y que se indemnizara y reparara de forma adecuada y oportuna a las víctimas o a sus familiares. Asimismo, recomendó a las autoridades que garantizaran la jurisdicción de los tribunales civiles sobre los casos de tortura, malos tratos y homicidio culposo en los que estuvieran implicados reclutas militares.