París, 11 de junio de 2026. El 11 de junio de 2026, el Tribunal Penal del Sur de Bangkok declaró a Bilal Mohammed y a Yusufu Mieraili culpables de llevar a cabo el atentado con bomba perpetrado en agosto de 2015 contra el santuario de Erawan en Bangkok, que causó la muerte a 20 personas y heridas a más de 120. En su sentencia, el tribunal se basó en testimonios y pruebas fiables aportados por unos 10 testigos clave presentados por la acusación, aunque desestimó las denuncias de los acusados sobre los maltratos infligidos por la policía tailandesa durante la investigación y los interrogatorios, alegando que carecían de fundamento suficiente. Los dos hombres uigures llevan detenidos casi 11 años a la espera del resultado de su juicio. Ambos defendieron su inocencia y afirmaron que recurrirían su condena y la pena de muerte.
"La pena de muerte impuesta a los dos uigures es un insulto añadido al daño que ya se ha causado. Tras las numerosas violaciones del derecho a un juicio justo que han sufrido, actualmente podrían enfrentarse a la violación de su derecho más fundamental: el derecho a la vida. Su sentencia debería anularse a la vez que se restablece el debido proceso", declaró el vicepresidente de la FIDH, Teppei Ono.
La FIDH recuerda que el juicio contra Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili se vio empañado por diversas violaciones graves y reiteradas, del derecho a un juicio justo, como el derecho a la libertad, el derecho a un trato humano y a la protección contra la tortura y los malos tratos durante la detención, el derecho a impugnar la legalidad de su detención, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, imparcial y competente y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Estos derechos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT), de los que Tailandia es Estado parte. Estas violaciones hicieron que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Detención Arbitraria (WGAD) declarase que la detención de Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili era "arbitraria".
La FIDH reitera su llamamiento al gobierno tailandés para que derogue la pena de muerte para todos los delitos y, mientras tanto, establezca una moratoria oficial y permanente sobre todas las ejecuciones pendientes, conmute todas las condenas a muerte por penas de prisión, derogue la pena de muerte obligatoria donde exista actualmente y reduzca de manera significativa los delitos punibles con la pena capital.
En marzo de 2026, había 460 personas encarceladas (401 hombres y 59 mujeres) condenadas a muerte en Tailandia.
La FIDH, como miembro de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (CMPM), reitera su más absoluta oposición a la pena de muerte para todos los delitos y en todas las circunstancias.
Oficiales del ejército y la policía tailandesa detuvieron a Bilal Mohammed el 29 de agosto de 2015 en Bangkok, mientras que Yusufu Mieraili fue detenido el 31 de agosto de 2015 por las autoridades camboyanas en Phnom Penh, y fue entregado al día siguiente a las autoridades tailandesas en la provincia tailandesa de Sa Kaeo, fronteriza con Camboya. Posteriormente, han permanecido recluidos durante la mayor parte de la última década en el Centro de Detención Provisional de Najon Chai Si, situado en la base militar del 11.º Círculo del Ejército en Bangkok, antes de su traslado a un centro de detención civil en marzo de 2025.
El juicio contra ambos comenzó en febrero de 2016. Entre 2016 y 2019, el proceso se celebró en el Tribunal Militar de Bangkok. En julio de 2019, se trasladó al Tribunal Penal Civil del Sur de Bangkok, donde ha ido avanzando con extrema lentitud. El interrogatorio de 447 testigos de la acusación concluyó en octubre de 2025. Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili declararon ante el tribunal en diciembre de 2025 y enero de 2026, respectivamente. Ambos informaron al tribunal durante la investigación de septiembre de 2015 de que las autoridades tailandesas les habían sometido a malos tratos con el fin de obtener una confesión.
En su dictamen aprobado el 26 de agosto de 2025, que se hizo público a finales de noviembre de ese mismo año, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria estimó que la prolongada privación de libertad de Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili tenía carácter arbitrario e instó al Gobierno tailandés a ponerlos en libertad de inmediato. El GTAD pidió asimismo a los gobiernos tailandés y camboyano que concediera a Yusufu Mieraili "un derecho exigible a indemnización y reparación." Además, instó a ambos gobiernos a "garantizar una investigación completa e independiente" sobre la privación de libertad arbitraria de ambos hombres.