8 de diciembre de 2025.
Anutin Charnvirakul
Primer Ministro
Principales motivos de preocupación sobre el estado de derecho y los derechos humanos en el contexto de la solicitud de adhesión de Tailandia a la OCDE
Señor Primer Ministro:
Nos dirigimos a usted para transmitirle nuestra preocupación por la situación del Estado de derecho, los derechos humanos, entre otros, los laborales, y los derechos medioambientales en Tailandia, tras el anuncio del Gobierno de que se disponía a presentar el Memorándum Inicial correspondiente al proceso de adhesión del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El Consejo de la OCDE ha establecido una hoja de ruta para el proceso de adhesión de Tailandia a la OCDE, en el que figuran los términos, las condiciones y el proceso para la adhesión del país. En nuestra opinión, estimamos que Tailandia está actualmente lejos de cumplir estos términos. En la mencionada hoja de ruta se hace hincapié en el interés de la OCDE por asegurarse de que Tailandia demuestra su compromiso con los valores fundamentales de la OCDE, entre otros "la democracia, el estado de derecho y la defensa de los derechos humanos", así como "un crecimiento económico y un empleo sostenibles y respetuosos con nuestro planeta". Los comités de la OCDE evaluarán a través de revisiones técnicas las medidas concretas que ha tomado Tailandia para velar por la protección eficaz del medio ambiente y la biodiversidad, con el fin de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático, promover una conducta empresarial responsable, preservar los derechos humanos, entre otros, los de los pueblos indígenas y las personas defensoras del medio ambiente, como algunos grupos marginados, así como para mejorar y reforzar la política reguladora y la gobernanza en todos los niveles de gobierno y promover normativas que respondan a los retos económicos, sociales y medioambientales.
A continuación exponemos una serie de motivos de preocupación en materia de gobernanza que ilustran la actual situación de incumplimiento por parte de Tailandia de los valores de la OCDE y de las condiciones para su adhesión. Para demostrar su sintonía con otros Estados miembros de la OCDE y su adhesión a las normas de la OCDE, es necesario que Tailandia resuelva estas cuestiones y cumpla con las condiciones de adhesión.
Gobernanza inadecuada del medio ambiente, la tierra y los recursos naturales
Tailandia continúa presentando importantes retos en materia de gobernanza medioambiental que siguen siendo profundamente estructurales, con una práctica generalizada de apropiación de tierras, extracción de recursos y expansión industrial que tiene lugar en marcos jurídicos y políticos que no protegen los derechos de las comunidades ni salvaguardan la integridad ecológica.
Las comunidades que se ven afectadas por la minería, los proyectos de combustibles fósiles, la agricultura industrial y las zonas económicas especiales (ZEE) denuncian las constantes violaciones que se cometen debido a una legislación obsoleta, como los decretos emitidos por la junta militar que tomó el poder en el golpe de Estado de mayo de 2014, la Estrategia Nacional de 20 Años, la actual Ley de Minerales y las leyes forestales y territoriales que permiten llevar a cabo desalojos forzosos, así como criminalizar y emitir documentos ilegales sobre territorios.
En general, se considera que el sistema de evaluación de impacto ambiental (EIA) carece de independencia y es ineficaz, ya que las audiencias públicas se manipulan, las fuerzas de seguridad privadas intimidan a las partes, y existe una gran falta de transparencia y de divulgación de los datos ambientales brutos. Todas estas deficiencias hacen que sea posible aprobar proyectos de alto riesgo en zonas sensibles, como karst de piedra caliza, cuencas hidrográficas, territorios indígenas y lugares importantes para la biodiversidad. Por otra parte, la ausencia de un marco jurídicamente vinculante para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR/TPTR) impide que las comunidades accedan a información crucial sobre emisiones tóxicas, contaminación atmosférica y residuos peligrosos.
Es necesario emprender de forma urgente una reforma legal para resolver estas deficiencias sistémicas. Tailandia debe revisar el sistema de EIA/EHIA con el fin de garantizar que se trata de procesos independientes, con integridad científica y que ofrecen una plena transparencia en materia de información; además, es necesario modificar la Ley de Minerales para reforzar la protección del medio ambiente, la supervisión por parte de la comunidad y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), así como adoptar una ley sobre PRTR/TPTR que garantice el acceso público a la información sobre la contaminación e incorporar a su legislación nacional el principio de "quien contamina paga" y los mecanismos de rehabilitación medioambiental impulsados por la comunidad.
Insuficiente protección laboral
Tailandia continúa enfrentándose a retos graves y arraigados en materia de derechos laborales, que ponen de manifiesto la existencia de profundas deficiencias estructurales en materia de protección jurídica, aplicación de la ley y responsabilidad de las empresas.
Durante décadas, los sindicatos de Tailandia han pedido a los sucesivos gobiernos que ratifiquen los convenios principales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en especial, los convenios 87 y 98. En esta misma línea, es igualmente necesario realizar algunas enmiendas significativas a las principales leyes laborales nacionales, en particular la Ley de Relaciones Laborales y la Ley de Protección Laboral.
Estas violaciones de los derechos laborales son especialmente graves en las zonas económicas especiales y en la agricultura, la industria pesquera, la minería y la industria manufacturera, donde las personas trabajadoras, entre ellas, numerosas mujeres, continúan siendo objeto del robo generalizados de su salario, horas extras no remuneradas, condiciones de trabajo forzoso, discriminación y despidos arbitrarios o en represalia cuando plantean sus demandas. Las trabajadoras se enfrentan a riesgos adicionales, como la discriminación por motivos de género, condiciones de trabajo inseguras y la existencia de obstáculos a la hora de denunciar los abusos.
Las personas trabajadoras y los sindicatos del país siguen sufriendo acoso sistemático, y con frecuencia las empresas nacionales e internacionales ignoran con total impunidad las decisiones que los tribunales laborales dictan en favor de las personas trabajadoras y sindicatos. La inspección de trabajo carece de recursos, independencia y capacidad para supervisar eficazmente las cadenas de suministro, mientras que se ignoran o se retrasan sin consecuencia alguna las decisiones de los tribunales laborales que son favorables a la parte trabajadora. En los casos más notables de robo de salarios y despidos masivos, ocurridos tanto en fábricas nacionales como en cadenas de suministro de multinacionales, se ha demostrado que no existen obligaciones vinculantes para las empresas líderes, lo que genera un clima en el que los actores corporativos pueden eludir la responsabilidad por los abusos que se producen en lo más profundo de las cadenas de valor.
A las personas trabajadoras migrantes, que constituyen un porcentaje significativo de la mano de obra más vulnerable de Tailandia y que a menudo realizan trabajos peligrosos, se les niega abiertamente la libertad de asociación y, en muchos casos, el nivel mínimo de protección que contempla la legislación laboral tailandesa. Continúa legalmente prohibido que formen o lideren sindicatos y, a menudo, se ven obligadas a pagar tasas de contratación excesivas, se les impone servidumbre por deudas, confiscación de documentos y restricciones a la movilidad que socavan su capacidad para buscar reparación. El sistema de registro y permisos de trabajo continúa siendo un trámite muy burocrático, costoso e inaccesible, lo que aumenta la dependencia de estas personas trabajadoras con respecto a sus empleadores/as o intermediarios/as, con el consiguiente riesgo de que sufran explotación.
En Tailandia se debería promulgar un marco jurídico en materia de derechos laborales y libertad de asociación que refleje las normas internacionales, así como establecer un mecanismo de denuncia para dar a conocer y buscar soluciones a los abusos de los derechos laborales que tienen lugar en las cadenas de suministro de numerosas industrias.
Todas estas deficiencias sistémicas ponen de relieve la urgente necesidad de que Tailandia actualice su legislación laboral, ratifique los Convenios 87 y 98 de la OIT, exija el cumplimiento de la contratación pagada por el empleador, garantice el registro de las personas migrantes durante todo el año y el acceso a la protección social, establezca una normativa sobre un salario digno y adopte una ley obligatoria y aplicable de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente (HREDD) con el fin de que tanto las empresas nacionales como las multinacionales asuman su plena responsabilidad de prevenir, mitigar y remediar las violaciones de los derechos laborales en todas sus cadenas de suministro.
Efectos transfronterizos negativos, inversiones en el extranjero y rendición de cuentas extraterritorial
Las inversiones transfronterizas y las actividades económicas regionales de Tailandia continúan generando importantes efectos ambientales y sobre los derechos humanos en los países vecinos y en las comunidades fronterizas tailandesas, lo que pone de manifiesto la existencia de importantes deficiencias en materia de supervisión, transparencia y rendición de cuentas extraterritorial.
Los proyectos hidroeléctricos en los ríos Salween y Mekong, que cuentan con el respaldo de empresas e instituciones financieras tailandesas, han provocado la alteración del caudal de los ríos, una degradación de los ecosistemas, la pérdida de pesquerías y la destrucción de los sistemas culturales y de subsistencia, aunque no se ha informado en absoluto a las comunidades tailandesas afectadas, que tampoco han participado en ninguna consulta ni en la toma de decisiones. La extracción y el procesamiento de tierras raras en Myanmar han provocado escorrentías tóxicas y contaminación química que fluyen directamente hacia las cuencas de los ríos en Tailandia, lo que afecta a las fuentes de agua, las tierras agrícolas y la salud pública en las provincias del norte. A pesar de la magnitud de estos efectos, Tailandia carece de un marco jurídico vinculante que exija a las empresas o a los financiadores ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente en el extranjero, divulgar los riesgos de la cadena de suministro o proporcionar soluciones a las comunidades extranjeras afectadas. No existe ningún sistema de EIA transfronteriza independiente, ningún mecanismo legal que permita exigir la rendición de cuentas transfronteriza y ninguna ley de responsabilidad extraterritorial que obligue a las empresas a rendir cuentas por los daños que causen fuera de las fronteras de Tailandia.
Para dar respuesta a esta situación, Tailandia debe adoptar urgentemente una ley obligatoria sobre HREDD que cubra las operaciones tanto en su territorio nacional como en el extranjero, establecer marcos jurídicamente vinculantes en materia de EIA transfronteriza, aplicar una rigurosa trazabilidad de la cadena de suministro en los sectores de mayor riesgo, como la minería, la energía hidroeléctrica y la agroindustria, establecer obligaciones claras para que las instituciones financieras tailandesas evalúen y divulguen los riesgos ambientales y sociales transfronterizos y promulgar una Ley de Responsabilidad Extraterritorial para garantizar que se puedan exigir responsabilidades a las empresas tailandesas, los inversores y los actores financieros asociados al Estado cuando causen daños a los derechos humanos y al medio ambiente fuera de las fronteras nacionales.
Utilización de disposiciones legales represivas contra la sociedad civil y los cargos políticos
Existen diversas leyes, como los artículos 112 (lesa majestad o difamación de la realeza) y 116 (sedición) del Código Penal de Tailandia y la Ley de Delitos Informáticos, que son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Durante muchos años, estas disposiciones se han utilizado frecuentemente para reprimir a la sociedad civil y a las personas y vulnerar el derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Así, en los últimos cinco años, más de 285 personas, entre las que se encuentran numerosas personas defensoras de los derechos humanos, han sido acusadas en virtud del artículo 112 y más de 180 han sido condenadas a penas de prisión de hasta 54 años. En la actualidad, treinta personas se encuentran encarceladas en espera de juicio, en proceso apelación o cumpliendo penas de prisión por estos delitos. En los últimos años, los mecanismos de supervisión de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) han declarado en repetidas ocasiones que el artículo 112 es incompatible con el derecho internacional y han pedido que se modifique o derogue.
El uso del artículo 112 como arma por parte del poder judicial tailandés también ha dado lugar a la disolución por parte del Tribunal Constitucional del principal partido de la oposición, el Move Forward Party (MFP), que obtuvo el mayor número de votos (14,4 millones) y de escaños parlamentarios (151) en las elecciones generales de mayo de 2023, y ha dictado la prohibición de ocupar cargos políticos durante 10 años para el líder y los miembros ejecutivos del MFP. Al menos 44 antiguos miembros del Parlamento pertenecientes al MFP que patrocinaron un proyecto de ley para enmendar el artículo 112 se enfrentan ahora al riesgo de que se les prohíba ocupar cualquier cargo político durante toda la vida.
Utilización de las SLAPP para silenciar y acosar a las personas defensoras de los derechos humanos
Existen otras disposiciones sobre difamación del Código Penal (artículos 326 y 328) que los actores estatales y no estatales han utilizado con frecuencia para interponer demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) con el fin de intimidar, silenciar y acosar a las personas defensoras de los derechos humanos, en particular a aquellas que trabajan en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la tierra y los derechos comunitarios, periodistas y activistas contra la corrupción, en represalia por su expresión legítima y pacífica.
Las comunidades que se oponen a proyectos de desarrollo perjudiciales a menudo han denunciado que las empresas y actores estatales interponen demandas SLAPP, que utilizan la difamación penal, demandas civiles en las que se reclaman indemnizaciones exorbitantes y se manipulan las cuestiones jurisdiccionales con el fin de agotar los recursos económicos de la demandada y silenciar la participación pública.
Por otra parte, las personas defensoras de los derechos humanos y los/as líderes de las comunidades han documentado intimidaciones en sus domicilios, vigilancia, interrupciones de la señal telefónica y de red cerca de las instalaciones industriales y la presencia de personal de seguridad no identificado durante las audiencias públicas y los procesos de EIA. Las defensoras de los derechos humanos, activistas de edad avanzada y líderes locales corren una serie de riesgos específicos por motivos de género y edad que todavía no cuentan con reconocimiento en los marcos legales de protección existentes. La policía se ha negado sistemáticamente a registrar las denuncias o a investigar las amenazas, y a menudo los tribunales han aceptado a menudo casos sin tener competencia territorial o fundamento jurídico genuino, lo que refuerza el clima de miedo.
Estos patrones ponen de relieve la urgencia de llevar a cabo una reforma estructural. Tailandia debe adoptar una ley sólida de protección de las personas defensoras de los derechos humanos, derogar la difamación penal, aplicar procedimientos de desestimación temprana y sanciones para los casos de SLAPP de mala fe, establecer un fondo de emergencia independiente para las personas defensoras de los derechos humanos y establecer tribunales especializados en materia de medio ambiente, que sean capaces de manejar litigios complejos de interés público con conocimientos técnicos. Es de vital importancia contar con legislación obligatoria sobre la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente (HREDD), no solo con vistas a prevenir los abusos de las empresas y los actores de la cadena de suministro, sino también para reducir las condiciones estructurales que hacen que las personas defensoras de los derechos humanos sean vulnerables a las represalias.
Les instamos a que consideren la posibilidad de abordar las cuestiones mencionadas anteriormente con carácter prioritario, con el fin de garantizar el buen desarrollo del proceso de adhesión de Tailandia a la OCDE, así como el cumplimiento de sus normas en materia de inversión sostenible, conducta empresarial responsable, democracia, estado de derecho y buena gobernanza.
Gracias por la atención que presten a este importante asunto.
Atentamente.
CC:
Sihasak Phuangketkeow, ministro de Asuntos Exteriores
Rutthaphon Naowarat, ministro de Justicia
Phiphat Ratchakitprakarn, ministro de Trabajo
Suchart Chomklin, ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente