Ginebra, París, 15 de diciembre de 2025. La vista contra estas dos personas, que comenzó en febrero de 2016 y que se está celebrando actualmente, ha estado plagado de violaciones del derecho a un juicio justo. Entre 2016 y 2019, el proceso se celebró en el Tribunal Militar de Bangkok y en julio de 2019, se trasladó al Tribunal Penal Civil del Sur de Bangkok, donde ha ido avanzando con extrema lentitud. A lo largo de varias audiencias celebradas desde julio de 2025, ninguno de los dos acusados ha contado con interpretación al idioma uigur.
"La investigación, el procesamiento y el juicio de Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili se han caracterizado por numerosas violaciones de los derechos humanos, lo que ha puesto de manifiesto algunas de las deficiencias estructurales del sistema de justicia penal tailandés. Los dos uigures continúan detenidos arbitrariamente y no se vislumbra el final de lo que posiblemente sea uno de los juicios penales más largos de Tailandia", afirmó el vicepresidente de la FIDH, Teppei Ono.
Entre el 2 al 4 de diciembre de 2025, Bilal Mohammed declaró ante el Tribunal Penal del Sur de Bangkok que huyó de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (China) en 2015 en el marco de una escalada de violaciones de los derechos humanos y que llegó a Bangkok pocos días después del atentado. Declaró que, a finales de septiembre de 2015, las autoridades tailandesas les habían sometido a malos tratos durante la investigación con el fin de obtener una "confesión". Informó al tribunal de múltiples episodios en los que había sufrido malos tratos por parte de las autoridades tailandesas, entre ellos el hecho de que lo condujeran al interrogatorio con los ojos vendados y a punta de pistola; además, le negaran el acceso a interpretación del uigur a lo largo de todo el proceso de investigación, debido a lo cual firmó documentos escritos en tailandés , un idioma que no entiende. Por otra parte, durante el periodo que transcurrió detenido en la base militar del 11.º Círculo del Ejército, permaneció encadenado por un pie a su cama hasta diciembre de 2015.
El 14 de enero de 2026, se reanudará el juicio en el Tribunal Penal del Sur de Bangkok con el interrogatorio de Yusufu Mieraili. En la actualidad ambos acusados se encuentran detenidos en la prisión preventiva de Bangkok.
"Ni la fiscalía tailandesa ni los tribunales parecen haber garantizado una investigación eficaz e imparcial de estos presuntos malos tratos. No investigar estos hechos no solo constituye una violación del derecho de los acusados a un recurso efectivo, sino que socava el propio proceso, a la vez que suscita serias dudas sobre la posibilidad de que se celebre juicio justo", afirmó Ian Seiderman, director jurídico y de políticas de la CIJ.
La FIDH y la CIJ acogen con satisfacción el dictamen del GTAD e instan a los Gobiernos de Tailandia y Camboya a adoptar de inmediato las medidas necesarias para cumplir con las conclusiones del órgano de las Naciones Unidas, de conformidad con las obligaciones internacionales de ambos países en materia de derechos humanos, así como con el derecho y las normas internacionales.
La FIDH y la CIJ reiteran asimismo su llamamiento al Gobierno tailandés con el fin de que garantice que los dos acusados son sometidos a un trato y unas condiciones de detención acordes con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura (CAT), así como con las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (las Reglas de Nelson Mandela).
Una privación de libertad declarada "arbitraria"
Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili, dos personas de etnia uigur procedentes de la región china de Xinjiang, llevan casi diez años sometidos a juicio en Tailandia bajo la acusación de intento de atentado con bomba perpetrado en agosto de 2015 contra el santuario de Erawan en Bangkok, que causó la muerte a 20 personas y heridas a otras 120.
Bilal Mohammed fue detenido por la policía y los militares tailandeses el 29 de agosto de 2015 en Bangkok, mientras que presuntamente se detuvo a Yusufu Mieraili el 1 de septiembre de 2015 en Camboya, antes de ser deportado y posteriormente detenido por las autoridades tailandesas en la frontera entre Tailandia y Camboya ese mismo día. Posteriormente, han permanecido recluidos durante la mayor parte de la última década, en la base militar del 11.º Círculo del Ejército en Bangkok, antes de su traslado a un centro de detención civil en marzo de 2025.
El dictamen del GTAD, adoptado el 26 de agosto de 2025 y difundido a finales de noviembre de 2025, se formuló en respuesta a una comunicación conjunta de la FIDH y la CIJ dirigida a este órgano de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de 2023. En su dictamen, el GTAD consideró arbitraria la privación de libertad de Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili e instó al Gobierno tailandés a liberarlos de inmediata además de "concederles el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones". El GTAD pidió asimismo al Gobierno camboyano que concediera a Yusufu Mieraili un derecho exigible a indemnización y reparación. Además, instó a ambos gobiernos a "garantizar una investigación completa e independiente" sobre la privación arbitraria de libertad de ambos hombres.
El GTAD declaró arbitraria la detención de Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili por ser contraria a los artículos 2, 3, 5, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y los artículos 2, 9, 10, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Todas estas disposiciones garantizan el derecho a la libertad, el trato humano, el derecho a un juicio justo y la igualdad ante la ley y la no discriminación.
En su opinión, el GTAD consideró que la detención inicial de Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili por parte de la policía y los militares tailandeses carecía de base legal, ya que fueron arrestados sin orden judicial y no se les informó de los motivos de su detención en un idioma que comprendieran.
Del mismo modo, el GTAD determinó que la detención administrativa de siete días impuesta a los dos acusados tras su detención suponía el ingreso en prisión preventiva en el marco de un proceso penal “sin salvaguardar los derechos procesales que habrían tenido como sospechosos”. Concluyó que su posterior detención en la base militar del 11.º Círculo del Ejército durante seis y ocho días, respectivamente, antes de que se les condujese ante la instancia judicial, excedía el límite de 48 horas de detención sin cargos ni supervisión judicial exigido por el derecho internacional, tal y como ha afirmado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como resultado de todo ello, se violaron los derechos de los dos hombres a ser informados de los motivos de su detención y a comparecer sin demora ante un juez, tal como están garantizados en los artículos 3 y 9 de la DUDH y en los artículos 9.2 y 9.3 del PIDCP.
En lo que respecta al derecho a un juicio justo –cuya inobservancia suele hacer que la detención se declare arbitraria–, el GTAD identificó múltiples violaciones graves. Constató violaciones del derecho de los acusados a la asistencia letrada y a la comunicación confidencial, recogido en el artículo 14.3 b), del PIDCP, ya que no tuvieron acceso a un/a abogado/a de su elección durante las primeras fases del interrogatorio, la investigación y la reconstrucción de la escena del crimen.
Según el GTAD, a falta de refutación por parte del Gobierno tailandés, el uso por parte de las autoridades tailandesas de una "confesión" de Bilal Mohammed –que, al parecer, fue obtenida tras ser objeto de malos tratos por parte de las autoridades tailandesas en la base militar del 11.º Círculo del Ejército– constituyó una violación del derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confesarse culpable, consagrado en el artículo 5 de la DUDH y el artículo 14.3 g) del PIDCP.
Las declaraciones públicas de la policía tailandesa en las que afirma la culpabilidad de Bilal Mohammed, así como el uso de grilletes durante la reconstrucción pública de la escena del crimen y todas las vistas judiciales, violaron además la presunción de inocencia que está garantizada por el artículo 11.1 de la DUDH y el artículo 14.2 del PIDCP.
El GTAD consideró que el hecho de que ambos acusados fueran detenidos y juzgados por "el mismo aparato militar" socavaba fundamentalmente su derecho a un juicio justo y al debido proceso. Concretamente, el juicio inicial en el Tribunal Militar de Bangkok violó el artículo 14.1 del PIDCP y el derecho internacional consuetudinario que prohíbe que las personas civiles sean juzgadas por tribunales militares.
El GTAD también estimó que la prolongada duración del juicio, más de nueve años, excedió "lo necesario y razonable para un proceso penal" y violó el derecho a ser juzgado sin demoras indebidas, según el artículo 14.3 c) del PIDCP. Además, dictaminó que los "problemas sistemáticos de interpretación" a lo largo del proceso violaron el derecho a una asistencia adecuada en materia de interpretación, según el artículo 14.3 f) del PIDCP.
Por otra parte, el GTAD concluyó que ambos acusados habían sido "detenidos de forma discriminatoria" por su origen étnico uigur, y señaló la pauta del Gobierno tailandés de perseguir a las personas solicitantes de asilo uigures mediante detenciones, encarcelamientos prolongados y deportaciones forzosas, todo lo cual constituía una violación del artículo 2 de la DUDH y de los artículos 2 y 26 del PIDCP.
Tras más de nueve años bajo custodia militar, Bilal Mohammed y Yusufu Mieraili fueron trasladados a la prisión preventiva de Bangkok el 3 de marzo de 2025. No obstante, el GTAD expresó su "profunda preocupación" por las malas condiciones de detención y los malos tratos "sistemáticos" a los que se vieron sometidos durante su prolongada detención en instalaciones militares, como la falta de atención médica adecuada, la denegación de las necesidades dietéticas religiosas y el aislamiento de otros detenidos. El GTAD indicó que estas condiciones infringían las obligaciones de Tailandia de conformidad con el artículo 10.1 del PIDCP y eran incompatibles con el artículo 25 de la DUDH y las Reglas de Nelson Mandela.
En el caso de Yusufu Mieraili, el GTAD concluyó además que el Gobierno camboyano era responsable de su detención, encarcelamiento y deportación, que se realizaron sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 9 de la DUDH y los artículos 9.2 y 9.3 del PIDCP.