La epidemia de lesa majestad alcanza nuevos hitos

11/06/2021
Comunicado
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(Bangkok, París) — Ya son 100 las personas acusadas del delito de lesa majestad, según informa la FIDH y Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR). La abrumadora mayoría de estos casos se deben a declaraciones políticas en línea y a la participación en manifestaciones pacíficas a favor de la democracia que tuvieron lugar entre agosto de 2020 y marzo de 2021.

“La estricta aplicación del artículo 112 con el objetivo de criminalizar las acciones de activistas prodemocracia, manifestantes y de quienes critican a la monarquía ha dado lugar a flagrantes violaciones del derecho a la libertad, la libertad de expresión y un juicio justo. El Gobierno tailandés debe poner fin a estos abusos y atender inmediatamente las peticiones de modificación del artículo 112.”

Adilur Rahman Khan, secretario general de la FIDH.

Según la información recabada por TLHR, entre el 24 de noviembre de 2020 y el 11 de junio de 2021, se acusó a 100 personas en virtud del artículo 112 del Código Penal de Tailandia (lesa majestad). De estas personas, ocho son menores de 18 años. El artículo 112 establece penas de cárcel para quienes difaman, insultan o amenazan al rey, a la reina, a la persona heredera al trono o al regente. Las personas consideradas culpables de incumplir el artículo 112 se enfrentan a penas de cárcel que pueden varían de los tres a los quince años para cada infracción.

Tras dos años de pausa, a finales de noviembre de 2020 se retomaron los procesos y las detenciones en virtud del artículo 112 como respuesta a las protestas a favor de la democracia que se produjeron por todo el durante la mayor parte de 2020. En muchas de las manifestaciones en favor de la democracia, las personas participantes rompieron el antiguo tabú político de Tailandia, al criticar directamente a la monarquía y pedir la reforma de esta institución. El primer ministro tailandés, Prayuth Chan-ocha, ya había anunciado esta segunda oleada de acusaciones de lesa majestad cuando, el 19 de noviembre de 2020, anunció que el Gobierno aplicaría “todas las leyes y artículos” contra quienes se manifestaran a favor de la democracia y sus líderes.

Tras el anuncio de Prayuth, las autoridades han perseguido, arrestado y detenido sistemáticamente a activistas prodemocracia y a manifestantes pacíficos/as que criticaron abiertamente a la monarquía tailandesa durante las protestas o en las redes sociales. Se ha perseguido especialmente a personas destacadas del movimiento prodemocracia. Algunas de ellas se enfrentan a varios juicios en virtud del artículo 112 en relación con múltiples casos, lo que podría dar lugar a largas penas de prisión.

Los tribunales han denegado sistemáticamente la libertad bajo fianza a muchas de las personas acusadas de lesa majestad, tanto durante la fase de instrucción como durante la espera al juicio. Desde noviembre de 2020, las autoridades han detenido al menos a 17 personas por presunta violación del artículo 112. Aunque a partir de junio de 2021 se puso en libertad bajo fianza a todas las personas acusadas de lesa majestad, muchas fueron liberadas con la condición de que no participaran en actividades que pudieran dañar a la monarquía o alterar el orden público.

Al iniciarse la segunda oleada de juicios por lesa majestad, también se registró en Tailandia la condena más larga jamás impuesta en virtud del artículo 112. El 19 de enero de 2021, el Tribunal Penal de Bangkok condenó a 87 años de prisión a la ex funcionaria Anchan Preelert, de 65 años, por 29 cargos de lesa majestad debidos a publicaciones en internet. Su sentencia se redujo a 43 años y 6 meses, en consideración a que hubiera admitido su culpabilidad.

La víspera, el Tribunal Penal de Bangkok condenó al escritor y poeta Siraphop Kornaroot por el delito de lesa majestad por sus artículos y poemas difundidos a través de internet. Se le condenó a cuatro años y seis meses de prisión, aunque fue puesto en libertad inmediatamente después de la decisión del tribunal, porque ya había pasado 4 años y 11 meses en prisión preventiva, desde su detención el 1 de junio de 2014. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU declaró arbitraria su detención el 24 de abril de 2019, antes de que fuera puesto en libertad el 11 de junio de 2019.
Desde noviembre de 2020, varios mecanismos de supervisión de los derechos humanos de la ONU han mostrado su preocupación por el aumento de juicios por lesa majestad y la aplicación cada vez más severa del artículo 112. También han pedido en repetidas ocasiones que se enmiende o se derogue este artículo.

La FIDH y TLHR reiteran su petición al Gobierno tailandés de que se abstenga de arrestar, procesar o detener a personas por el mero hecho de ejercer su derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión. La FIDH y TLHR instan al gobierno tailandés a que enmiende el artículo 112 para que ajuste a las obligaciones de derechos humanos de Tailandia en virtud del PIDCP.

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