Federación Internacional
por los Derechos Humanos

El 29 de marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Provisional, el general Prayuth Chan-o-cha, presidente del CNPO, aprobó la resolución 13/2016 que otorga a los "funcionarios de prevención y represión" designados y a sus asistentes, nombrados entre los oficiales de las fuerzas armadas y pertenecientes, entre otros, al Cuerpo de Voluntarios paramilitares, poderes extraordinarios para prevenir y reprimir 27 tipos de delitos, entre los que se encuentran los delitos contra el orden público, la libertad y la reputación, la inmigración, el tráfico de seres humanos, drogas y armas.

"Poner en práctica la resolución 13/2016 hará, sin lugar a dudas, que se vulneren las obligaciones internacionales de Tailandia en materia de derechos humanos y el Estado de derecho y, por ello, debe ser revocada de inmediato", afirmó Wilder Tayler, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas. "Desde el golpe militar del 22 de mayo de 2014, venimos observando un continuo deterioro en la protección de los derechos humanos en Tailandia y esta resolución supone otro paso discordante en la misma dirección."

Entre las preocupaciones en materia de derechos humanos que causa esta resolución cabe citar las siguientes:

1. Se garantiza una suerte de inmunidad ante la justicia a quienes actúen al amparo de la resolución, lo que conduce a la impunidad y es contrario al principio de responsabilidad que requiere el Estado de derecho.
"En lugar de allanar el camino para que se vuelva a la democracia, la junta tailandesa ha aumentado sus poderes para hacer prácticamente lo que desee, incluso cometer abusos con total impunidad", afirmó Brad Adams, director para Asia del Observatorio de Derechos Humanos. "La represión se convierte en una realidad cotidiana a medida que Tailandia se hunde cada vez más en una dictadura militar."

2. Ninguna medida que se tome al amparo de la resolución está sujeta a revisión judicial, lo que es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva, al recurso judicial para la privación de libertad y a un juicio justo, como reconocen, entre otros, los artículos 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
"La resolución no es más que otro ejemplo de la perniciosa supresión de la facultad del sistema judicial para revisar las acciones de los militares, en detrimento de la protección de los derechos y del Estado de derecho", afirmó Champa Patel, directora provisional de la Oficina Regional de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y el Pacífico.

3. Confiere a militares sin formación poderes extraordinarios vagamente definidos para hacer cumplir las leyes, lo que probablemente llevará a abusos contrarios a la normativa de derechos humanos, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de Naciones Unidas.

"La resolución confiere poderes ejecutivos a militares sin experiencia en hacer cumplir la ley ni en protocolos para convocar, registrar y detener personas", afirmó Evelyn Balais-Serrano, directora ejecutiva de FORUM-ASIA. "Por ello, la falta de control judicial es uno de los aspectos más preocupantes. El hecho es que puede llevar a un abuso de poder y al uso desproporcionado de la fuerza, en clara violación de las leyes y normas internacionales, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, ambos de las Naciones Unidas. Existe un riesgo real de que esta resolución se utilice para restringir derechos legítimos del pueblo como el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, de reunión y de asociación."

4. Autoriza la privación de libertad de personas durante un periodo de hasta siete días en lugares de detención no oficiales, sin control judicial, lo que aumenta el riesgo de que se cometan más abusos de los derechos humanos, inclusive tortura y desapariciones forzosas.

5. En la práctica, la resolución está abierta al abuso y a silenciar a quienes puedan ser percibidos como disidentes, incluso las defensoras y defensores de los derechos humanos, en clara contravención de las leyes y normas internacionales de derechos humanos.