Gobierno tailandés no aborda preocupaciones internacionales sobre #DDHH en el examen ONU

17/03/2022
Comunicado
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Bangkok, París, 17 de marzo de 2022. El gobierno tailandés no ha tenido en cuenta las preocupaciones internacionales al negarse a aceptar las principales recomendaciones sobre derechos humanos que se formularon sobre Tailandia durante su tercer Examen Periódico Universal (EPU), según han declarado hoy la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros Diálogo sobre la Reforma del Derecho a Internet (iLaw), Fundación Manushya, Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR) y la Unión por la Libertad Civil (ULC).

"El gobierno tailandés ha perdido otra oportunidad de mostrar su compromiso de abordar una serie de importantes cuestiones de derechos humanos. La comunidad internacional debe continuar presionando al gobierno para que aplique las recomendaciones que forman parte de las obligaciones de Tailandia en materia de derechos humanos según el derecho internacional."

Adilur Rahman Khan, secretario general de la FIDH.

La aprobación del tercer EPU de Tailandia está prevista para los días 23 y 24 de marzo de 2022, durante el 49.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) que se celebrará en Ginebra (Suiza). El 10 de noviembre de 2021, Tailandia había recibido un total de 278 recomendaciones. El gobierno aceptó inicialmente 194 de ellas y dijo que daría una respuesta respecto a las 84 restantes en una fase posterior. El 8 de febrero de 2022, el gobierno decidió aprobar solo 25 de las otras 84 recomendaciones. El gobierno también dio marcha atrás en una recomendación que había aceptado en noviembre. Como resultado, aceptó un total de 218 de las 278 recomendaciones recibidas.

A pesar del alto índice de aceptación de las recomendaciones (78%), el gobierno se continuó negando a comprometerse a abordar importantes cuestiones de derechos humanos. Especialmente decepcionante fue la respuesta a las recomendaciones sobre los derechos a la libertad de expresión y de reunión.

Tailandia se negó a aceptar las 12 recomendaciones relativas al artículo 112 del Código Penal (lesa majestad), ya que en casi todas ellas se pedía su modificación y en una se instaba a poner fin a las detenciones y procesamientos de niños y niñas en virtud del artículo 112. Además, el gobierno se negó a aceptar siete de las otras 18 recomendaciones sobre el derecho a la libertad de expresión, así como ocho de las 16 recomendaciones relativas al derecho a la libertad de reunión. El gobierno intentó justificar esta negativa afirmando vagamente que seguía "apoyando el principio de mantener un equilibrio en el ejercicio de los derechos individuales sin vulnerar los derechos de las demás personas, la seguridad nacional, el orden público y la salud pública".

El gobierno tampoco aceptó una recomendación que pedía la modificación de las disposiciones penales sobre difamación del Código Penal de Tailandia ya que afirmó que dicha modificación no figuraba en su "plan legislativo actual". Además, el gobierno tampoco apoyó una recomendación que pedía el fin de las detenciones arbitrarias, los arrestos y cualquier acto de acoso contra las figuras políticas y la sociedad civil, como las personas defensoras de los derechos humanos.

En cuanto a los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), el gobierno tampoco aceptó cuatro recomendaciones, entre ellas tres en las que se pedía el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobierno justificó su posición al afirmar que ese objetivo "pudiera no ser alcanzable" durante el próximo ciclo del EPU, que termina en 2026.

En cuanto a la pena de muerte, el gobierno únicamente aceptó una recomendación sobre la posibilidad de "considerar" la posibilidad de ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otra de relativa al "refuerzo de las campañas de sensibilización pública sobre la pena de muerte". Las 13 recomendaciones restantes, entre ellas las que pedían la abolición de la pena de muerte, la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP y el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones, no fueron aceptadas. En noviembre, el gobierno únicamente había aceptado siete de las 22 recomendaciones totales recibidas sobre la pena capital.

Con respecto a las desapariciones forzadas, el gobierno no aceptó una recomendación que pedía que se investigara la desaparición de activistas de la política tailandesa desde 2014, para incluir a Wanchalearm Satsaksit, e hizo la sorprendente afirmación de que la recomendación no contenía "suficiente información como fundamento" para su aplicación.

En cuanto a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, el gobierno aceptó tres recomendaciones que pedían la aplicación de medidas para garantizar su protección, el fin de la devolución de personas refugiadas de Birmania/Myanmar y la prestación de servicios sanitarios a las personas refugiadas y solicitantes de asilo en los centros de detención. El gobierno se negó a aceptar una recomendación que instaba a ampliar las iniciativas de bienestar social que permitieran a las personas refugiadas y solicitantes de asilo trabajar, y dos recomendaciones que pedían la ratificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. En noviembre de 2021, el gobierno había aceptado una recomendación sobre la posibilidad de "considerar" la posibilidad de ratificar la convención.

Como nota positiva, cabe señalar que el gobierno aceptó las ocho recomendaciones que pedían la revisión del proyecto de ley sobre el funcionamiento de las organizaciones sin ánimo de lucro, aunque no se aceptó una recomendación que pedía su retirada.

Además, el gobierno aceptó dos recomendaciones para garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras de los derechos humanos y su protección. En noviembre de 2021, el gobierno había aceptado otras cinco recomendaciones que pedían medidas para garantizar el espacio de la sociedad civil, la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la investigación de los actos de acoso y agresiones contra ellas.
La FIDH, iLaw, la Fundación Manushya, TLHR y UCL reiteran su llamado al gobierno para que reconsidere su negativa a aceptar las recomendaciones que se ajustan a las obligaciones internacionales de Tailandia en materia de derechos humanos y para que tome medidas para su aplicación durante el próximo ciclo del EPU.

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