"Si el CNPO no promueve una reforma urgente de la ley tailandesa de lesa majestad, habrá cada vez más personas en las cárceles por el simple hecho de haber ejercido su derecho fundamental a la libertad de opinión y expresión, " afirmó el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.
Según una investigación llevada a cabo por la FIDH, desde que la junta tomó el poder el 22 de mayo de 2014 al menos veintisiete personas han sido detenidas en virtud del draconiano artículo 112 del Código Penal. [1] Dieciocho personas han sido condenadas a penas que oscilan entre de uno y cincuenta años de cárcel, y que suman un total de 159 años, ocho años y ocho meses de media cada una de ellas. En la mayoría de los casos, la condena de los acusados se ha reducido la mitad por haberse declarado culpables.
El artículo 112 C del Código Penal tailandés establece que "todo aquel que difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero al trono o el regente será castigado con penas de prisión de entre tres y quince años."
Es muy probable que en los próximos meses continúen produciéndose a un ritmo continuo enjuiciamientos en virtud del artículo 112. El 5 de abril de 2015, la policía informó de que existían 204 casos activos de lesa majestad, de los cuales 128 estaban siendo investigados. Las autoridades persiguen a personas sospechosas de delitos de lesa majestad incluso fuera de las fronteras nacionales de Tailandia. El 21 de marzo de 2015, el ministro de justicia nombrado por la junta, Gen Paiboon Koomchaya, afirmó que el Gobierno respaldado por los militares solicitaría la extradición de treinta ciudadanos tailandeses en el exilio, acusados en virtud del artículo 112.
La FIDH y la UCL instan a las autoridades a poner fin a la persecución judicial por delitos de lesa majestad contra personas que ejercen su derecho fundamental a la libertad de opinión y de expresión. Ambas organizaciones solicitan asimismo a las autoridades a que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas en virtud del artículo 112 por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión y de expresión.
"La protección de la monarquía no debe afectar al derecho de las personas a la libertad de opinión y de expresión. Ya es hora de que el CNPO tenga en cuenta las numerosas recomendaciones emitidas por la ONU para que reforme el artículo 112 y lo armonice con el derecho internacional," añadió el presidente de la UCL, Chairman Jaturong Boonyarattanasoontorn.
Diversos organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han pedido en repetidas ocasiones a Tailandia que modifique el artículo 112 y que vele por que cumpla con las obligaciones contraídas por el país en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Tailandia es Estado parte. En la última declaración realizada por un funcionario de las Naciones Unidas al respecto, el 9 de abril de 2015, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, expresó su preocupación por el aumento de las detenciones realizadas apelando al artículo 111 y pidió que se pusiera fin a la criminalización de las opiniones disidentes.