"Las draconianas restricciones aplicadas a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica convierten al plebiscito en un proceso carente de toda credibilidad. Es imperativo que la Junta militar elimine de inmediato todas las restricciones al ejercicio de los derechos civiles y políticos para asegurar la libre participación de la ciudadanía en la vida política del país."
El 9 de agosto de 2016, en una clara tentativa de dotar de una aparente legitimidad a un proceso ampliamente desacreditado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MOFA) emitió una declaración afirmando que el plebiscito se llevaba a cabo de manera "libre, justa y trasparente". La declaración sostenía, indignantemente, que durante el periodo previo al plebiscito, "la ciudadanía había sido libre para expresar su opinión en relación al borrador". La declaración del MOFA, que aseguraba que más de 60% de los votantes inscritos habían emitido sus votos, fue desmentida por las cifras oficiales presentadas por la Comisión Electoral, que estableció que la cantidad de votantes que participó en el referéndum del 7 de agosto había sido el 59,4%.
Según la Comisión Electoral, 33,6% de los votantes inscritos (o el 61,4% de los que emitieron un voto válido) votaron a favor del proyecto de constitución. Los tailandeses residentes en el extranjero fueron excluidos de la participación en la votación.
"La participación de los votantes fue menor de lo previsto, lo que menoscaba gravemente la legitimidad del resultado del plebiscito. Esto demuestra que la falta de información adecuada y las restricciones impuestas sobre el debate antes de la votación fueron factores fundamentales que impidieron que la gente se presentase a votar."
En un informe publicado el 3 de agosto de 2016, la FIDH y la UCL documentaron el ambiente opresivo en el que el NCPO orquestó el proceso de proyecto de constitución, así como el plebiscito sobre el proyecto de constitución. El informe, titulado "Roadblock to democracy - Military repression and Thailand’s draft constitution [Una barricada ante la democracia - La represión militar y el proyecto de constitución de Tailandia], ilustra cómo el periodo previo al plebiscito estuvo sujeto a restricciones severas que limitaban la posibilidad de mantener un debate ciudadano y de criticar el contenido del proyecto de constitución.
Las autoridades utilizaron decretos emitidos por el NCPO así como legislación represiva para hostigar, detener y perseguir a las voces críticas con el proyecto de constitución. Entre el 27 de abril y el 6 de agosto de 2016, las autoridades detuvieron arbitrariamente al menos a 55 personas por criticar o llevar a cabo campañas contra el borrador de constitución. Las autoridades detuvieron asimismo al menos a 38 miembros del antigubernamental Frente Unido por la Democracia contra la Dictadura (UDD), debido a los intentos de este grupo de establecer centros de supervisión del referéndum.
Además, el personal policial y militar asistió y supervisó regularmente los debates públicos sobre el borrador de Constitución. En muchos casos, las autoridades exigieron a los organizadores la cancelación de seminarios y grupos de discusión sobre la redacción de la constitución. En otros casos, las autoridades intimidaron a las personas participantes en reuniones. Mientras las autoridades continuaron reprimiendo el debate público sobre el borrador de constitución, la CNPO movilizó una gran cantidad de recursos para promoverlo en una campaña sesgada y empañada por la aplicación de un doble rasero.
La FIDH y la UCL instan al Comité de Redacción de la Constitución (CDC) y a la Asamblea Nacional Legislativa (NLA), dos organismos nombrados por el NCPO, a que redacten y adopten con rapidez leyes electorales que conduzcan a un proceso electoral libre, justo, participativo e inclusivo. El 9 de agosto de 2016, el jefe del NCPO, general Prayuth Chan-ocha, anunció que las elecciones generales tendrán lugar en noviembre de 2017.
“The draconian restrictions on freedom of expression and peaceful assemblies turned the referendum into a process devoid of any credibility. It’s imperative that the military junta immediately removes all restrictions on the exercise of civil and political rights to ensure people can freely participate in the country’s political life.”