“"Los intentos del Gobierno tailandés por esconder las violaciones de los derechos humanos quedaron plenamente demostrados en Ginebra. Pese a las omisiones de la delegación del Gobierno, a sus desmentidos y a sus declaraciones completamente irreales, un importante número de Estados es ahora consciente de la preocupante situación de derechos humanos en Tailandia."
Durante la revisión, Tailandia recibió 249 recomendaciones de 97 estados miembros de la ONU. El Gobierno tailandés aceptó 181 recomendaciones y dijo que examinaría y presentaría una respuesta a las 68 restantes durante el 33.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en septiembre de 2016.
La delegación del Gobierno anunció que Tailandia adoptaría "un enfoque realista" ante el EPU y aceptaría las recomendaciones que se ajusten a la capacidad de las autoridades para aplicarlas.
“"Aceptar la mayoría de las recomendaciones relativas a derechos civiles y políticos no requiere ninguna capacidad por parte del Gobierno. Para aplicar muchas de esas recomendaciones, la junta militar únicamente necesita volver a instaurar los derechos civiles y políticos que arrebató al pueblo tras el golpe de 2014. Esos derechos están garantizados por los instrumentos jurídicos internacionales que Tailandia ha ratificado."
En marcado contraste con la destrucción de todos los principios democráticos y el drástico deterioro de la situación de derechos humanos desde el golpe militar del 22 de mayo de 2014, el jefe de la delegación del Gobierno declaró que el compromiso de Tailandia con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos seguía siendo "más firme que nunca".
La delegación del Gobierno justificó las limitaciones impuestas al disfrute de los derechos civiles y políticos, entre otros, el derecho a la libertad de opinión y de expresión, aduciendo la necesidad de "evitar aún más divisiones sociales y conflictos políticos". La declaración puso de relieve el desprecio del Gobierno por las normas internacionales de derechos humanos, que únicamente permiten que se impongan restricciones a los derechos garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) en casos excepcionales y bajo rigurosas pruebas de necesidad y proporcionalidad.
Por último, la delegación del Gobierno alegó que el general Prayuth Chan-ocha, jefe de la junta militar gobernante, el Consejo Nacional para el Orden y la Paz (NCPO), había aplicado el artículo 44 de la Constitución Provisional "de manera limitada". [1] Esta declaración contradice el hecho de que Prayuth haya invocado el artículo 44 para otorgarse a sí mismo amplios poderes, sin ningún tipo de rendición de cuentas, en 70 ocasiones entre el 25 de diciembre de 2014 y el 4 de mayo 2016.
“"La distancia entre las palabras del Gobierno tailandés y sus acciones es hoy más grande que nunca. Si estuvieran seriamente comprometidos con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, este Gobierno respaldado por el ejército debería poner fin de inmediato a todas las prácticas y restricciones abusivas, incompatibles con las obligaciones de Tailandia en virtud del derecho internacional."
La FIDH, la UCL e iLaw instan al Gobierno tailandés a que tome medidas inmediatas para aplicar las recomendaciones que ya ha aceptado, y a que acepte y aplique aquellas sometidas a su consideración.
A continuación presentamos un análisis de las recomendaciones recibidas por Tailandia y la respuesta del Gobierno tailandés a una selección de cuestiones clave en materia de derechos humanos.
Detenciones arbitrarias
Tailandia no aceptó ninguna de las cinco recomendaciones que pedían el cese de las detenciones arbitrarias, la práctica abusiva de las sesiones para "corregir la actitud" y el uso de instalaciones militares como centros de detención para civiles. Ni el informe del Gobierno ante la EPU, ni los miembros de la delegación del Gobierno abordaron la cuestión.
Libertad de opinión y de expresión
Tailandia recibió 26 recomendaciones relativas a la libertad de opinión y de expresión. El Gobierno actuó con escasa coherencia al aceptar únicamente once de las 26 recomendaciones que pedían a las autoridades que respetasen la libertad de expresión.
Siete de las quince recomendaciones que el Gobierno no aceptó de inmediato pedían la revocación o la enmienda del artículo 112 del Código Penal (lesa majestad) y el fin de su utilización abusiva para limitar la libertad de expresión. Otra recomendación más pedía la abolición de las condenas de prisión mínimas y obligatorias en aplicación del artículo 112. En cuanto los procesamientos por lesa majestad, la delegación del Gobierno alegó que los procedimientos jurídicos derivados de las acusaciones realizadas según el artículo 112 se realizaban "con las garantías procesales legales", pese a las contundentes pruebas en sentido contrario. (EN)
Juicios militares contra personas civiles
Tailandia recibió doce recomendaciones pidiendo el cese de los juicios militares contra civiles. Como respuesta, la delegación del Gobierno declaró que el uso de tribunales militares para juzgar a civiles, tras la imposición de la ley marcial el 20 de mayo 2014, había sido "limitado". Esta declaración contradice la abrumadora cifra de 1 629 personas juzgadas en tribunales militares (EN) entre el 22 de mayo 2014 y el 30 de setiembre 2015. La delegación también afirmó, escandalosamente, que las personas acusadas ante los tribunales militares estaban "sujetas a la misma serie de derechos que amparan a quienes comparecen ante tribunales civiles" y que "se garantizó" el derecho a un juicio imparcial y a una audiencia pública por un tribunal independiente. Estas afirmaciones contradicen el hecho de que los juicios militares realizados contra personas civiles han violado la obligación adquirida por Tailandia, en virtud del artículo 14 del PIDCP, de celebrar juicios justos. [2] En los tribunales militares los jueces carecen de independencia respecto al poder ejecutivo, muchas personas acusadas no pueden hacer uso del derecho de apelación y los procesos, especialmente los relativos a cargos de lesa majestad, a menudo se celebraron a puerta cerrada.
Pena de muerte
Treinta y dos Estados hicieron 17 recomendaciones a Tailandia en relación a la pena de muerte. El Gobierno aceptó la recomendación de revisar la imposición de la pena de muerte por delitos relacionados con drogas y accedió a tomar medidas encaminadas a abolir la pena capital. Sin embargo, el Gobierno no aceptó de inmediato trece recomendaciones que, o bien estaban a favor de la abolición de la pena de muerte o comprendían medidas encaminadas a avanzar hacia ese objetivo, incluida la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del PIDCP y la instauración de una moratoria para todas las ejecuciones.
Referendo constitucional
El Gobierno aceptó una recomendación que instaba a las autoridades a alentar el debate público sobre el proyecto de constitución. Sin embargo, no aceptó otra recomendación que pedía el levantamiento de las restricciones que impone la Ley sobre referéndum al ejercicio de las libertades fundamentales, con el fin de permitir la participación de la gente en el proceso de reforma política.
La Ley sobre referéndum, que entró en vigor el 23 de abril 2016, impone restricciones indebidas respecto de los derechos de libertad de expresión y de opinión y de reunión pacífica, en el período previo al referéndum constitucional del 7 de agosto. Ademas, quienes lo incumplan podrían ser condenados a diez años de prisión. [3] En virtud de dicha ley, el 27 de abril 2016, las autoridades de Khon Kaen detuvieron a una mujer a raíz de la publicación en Facebook de un texto crítico con el proyecto de constitución.
Defensoras y defensores de los derechos humanos
Tailandia aceptó las cuatro recomendaciones que recibió en relación a la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos y a la obligación del Gobierno de investigar debidamente todas las agresiones realizadas contra ellos. Además, la delegación del Gobierno afirmó que las autoridades eran conscientes de su deber de garantizar que tanto abogados como defensoras y defensores de los derechos humanos pudieran realizar su labor "en un entorno seguro y favorable".
La posición oficial del Gobierno no es coherente con el creciente acoso de las autoridades contra abogados, defensoras y defensores de los derechos humanos desde el golpe militar de mayo de 2014. [4] Además, nadie ha tenido que rendir cuentas por los numerosos asesinatos y desapariciones forzadas de defensoras y defensores de los derechos humanos ocurridos desde el primer EPU de Tailandia en octubre 2011.