El 18 de agosto de 2022, Venerable Welwewa Siridhamma y Wasantha Mudalige fueron detenidos, junto con su compañero de la Federación de Estudiantes Interuniversitarios (IUSF) Hashantha Jeewantha Gunathilake, por su implicación en la organización y participación en las prolongadas protestas pacíficas contra el gobierno de Colombo. En numerosas ocasiones, la policía dispersó violentamente las protestas, utilizando gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y porras, en un contexto de violenta represión contra las personas manifestantes.
Durante más de tres días, las familias no tuvieron información sobre el lugar de detención, hasta que sus abogados fueron informados el 22 de agosto de 2022 de que el presidente Ranil Wickremesinghe había firmado, en su calidad de ministro de Defensa, tres órdenes de detención de 90 días contra los estudiantes en virtud del artículo 9 de la ley antiterrorista. La policía justificó su detención en virtud de esta legislación alegando que debía investigar si los tres activistas estudiantiles habían incitado y provocado al público en general a incendiar la residencia privada de Wickremesinghe, habían provocado el asesinato de un parlamentario, incitado al público en general a derrocar a un gobierno legalmente elegido, desobedecido una orden judicial y otra serie de actos.
El 7 de octubre de 2022, tras 50 días de detención arbitraria en régimen de aislamiento, Hasantha Jeewantha fue puesto en libertad sin cargos por el tribunal de primera instancia de Tangalle, en la provincia del Sur, después de que la División de Investigaciones Terroristas de la policía informara al tribunal de que no existían pruebas suficientes para seguir manteniéndolo en prisión. En el momento de la publicación de esta declaración, Venerable Welwewa Siridharmma y Wasantha Mudalige continuaban en detención arbitraria en régimen de aislamiento en celdas oscuras y aisladas, sin que se les concediera el derecho a mantener conversaciones privadas con sus abogados.
Las órdenes de detención emitidas en virtud de la ley antiterrorista, a diferencia de los arrestos y detenciones realizados en virtud de la ley general, no están sometidas a la supervisión judicial habitual y, por lo tanto, permiten la detención administrativa durante un máximo de un año sin obligación de poner a los acusados ante los tribunales, en claro incumplimiento de las normas internacionales de protección de los derechos humanos, y aumenta la probabilidad de que se produzcan desapariciones forzadas, torturas y otros actos de maltrato. La Ley de Prevención del Terrorismo se ha utilizado continuamente para reprimir las protestas de la sociedad civil y asociarlas con actividades terroristas.
Las disposiciones de esta ley y su aplicación han sido durante mucho tiempo objeto de duras críticas tanto a nivel nacional como internacional. El 29 de marzo de 2022 se modificaron algunos artículos de esta ley, ya que Sri Lanka se había comprometido a reformarla en el marco de su negociación para obtener ayuda comercial de la Unión Europea. Sin embargo, grupos nacionales e internacionales de derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, así como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, denunciaron el hecho de que las reformas eran insuficientes. Las enmiendas se referían, entre otras, a la reducción del periodo máximo de detención preventiva de 18 a 12 meses y al aumento de las facultades de la magistratura para visitar los lugares de detención. No se propuso ninguna enmienda para abordar la vaguedad de la definición de terrorismo, ni la cuestión de las confesiones obtenidas mediante tortura.
El Observatorio condena enérgicamente la actual situación de detención arbitraria de Venerable Welwewa Siridharma y Wasantha Mudalige en virtud de la PTA y pide a las autoridades de Sri Lanka que los liberen inmediatamente y pongan fin al acoso judicial contra ellos.
El Observatorio insta a las autoridades a asegurar el ejercicio legítimo de los derechos constitucionalmente garantizados a la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación, así como a poner fin al uso indebido de la ley antiterrorista contra las personas defensoras de los derechos humanos, las personas manifestantes y periodistas. El Observatorio recuerda que las leyes antiterroristas deben estar siempre sujetas a un adecuado control judicial, precisión y seguridad jurídica. El Observatorio insta a las autoridades de Sri Lanka a modificar la Ley de Prevención del Terrorismo de modo que se ajuste a las normas internacionales, así como a incorporar disposiciones y medidas destinadas a prevenir la privación arbitraria de libertad, la tortura y la desaparición forzada.
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con el objeto es evitar o remediar situaciones concretas de represión contra las personas defensoras de los derechos humanos. Tanto la FIDH como la OMCT son miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos de la Unión Europea puesto en marcha por la sociedad civil.