La policía abrió fuego contra un numeroso grupo de manifestantes en Rambukkana, una localidad situada a unos 100 km al noreste de la capital, Colombo, en la provincia de Sabaragamuwa, después de que algunas personas intentaran incendiar un vehículo y lanzaran piedras contra la policía. La manifestación se celebraba para protestar por la escasez de combustible y el aumento del precio.
"En medio del creciente descontento de la población con el gobierno, el uso de munición real contra las personas manifestantes indica una peligrosa escalada de la violencia y la represión contra la libertad de reunión. Las autoridades de Sri Lanka deben iniciar de inmediato una investigación exhaustiva, imparcial e independiente sobre el uso de la fuerza letal contra las manifestaciones, hacer que los responsables rindan cuentas y garantizar que la vigilancia policial de las asambleas se ajusta estrictamente a las normas internacionales pertinentes."
Estas manifestaciones se celebraron en protesta por la grave escasez de combustible y gas en el país y por el aumento de su precio desde el 18 de abril de 2022. Según la policía, las manifestaciones habían bloqueado una línea ferroviaria durante más de 15 horas. Tras los disturbios, se ha impuesto un toque de queda policial indefinido en Rambukkana.
Este incidente fue el primer tiroteo mortal que se ha producido en el marco de una serie de protestas mayoritariamente pacíficas que comenzaron a mediados de marzo en todo el país contra la mala gestión económica y financiera por parte del gobierno, que ha provocado escasez de alimentos, combustible, gas y medicamentos esenciales, y ha dado lugar a apagones diarios de más de cinco horas. A partir del 9 de abril de 2022, se produjeron protestas pacíficas durante 11 días consecutivos ante la Oficina Presidencial en Colombo, donde varios grupos ocuparon la zona verde de Galle Face para pedir la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa. Durante una protesta celebrada el 31 de marzo ante la residencia privada de Rajapaksa en Colombo, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua, y detuvo a unas 50 personas manifestantes.
"Es imperativo que durante las protestas actuales las autoridades de Sri Lanka respeten y protejan los derechos humanos fundamentales, entre ellos, el derecho a la vida. Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley deben abstenerse de recurrir al uso de la fuerza y, en su lugar, deben adoptar técnicas adecuadas de desescalada que cumplan con las normas internacionales y minimicen el riesgo de violencia. Todavía no se ha presentado ninguna situación en la que haya existido una necesidad inevitable de usar la fuerza, ya que las protestas en todo el país han sido predominantemente pacíficas."
La FIDH y el CHRD instan a las autoridades de Sri Lanka a que respeten y protejan el derecho a la libertad de reunión pacífica de acuerdo con la legislación y las normas nacionales e internacionales.
El derecho de reunión pacífica está protegido por el artículo 14 1) b) de la Constitución de Sri Lanka de 1978. Además, Sri Lanka es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra el derecho a la libertad de reunión pacífica en su artículo 21.
Según la Observación General nº 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), cuando el uso de la fuerza es inevitable, debe cumplir los estrictos criterios de necesidad y proporcionalidad. La "necesidad" requiere que las fuerzas del orden puedan recurrir al uso de la fuerza con el fin de lograr un objetivo legítimo de aplicación de la ley cuando no parezca haber otra alternativa razonable. La "proporcionalidad" requiere que los agentes del orden evalúen el tipo y el nivel de fuerza de forma que sea proporcional a la amenaza que representa una persona o un grupo de personas.
Por otra parte, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establecen que "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, [...] y solo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos". Los principios estipulan que "solo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida".