Sri Lanka: Hay que poner fin a la represión del gobierno contra las manifestaciones pacíficas

Akila Jayawardana / NurPhoto / NurPhoto via AFP

5 de agosto de 2022.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y otras organizaciones condenan la violenta represión de las autoridades de Sri Lanka y el aumento de las represalias contra las manifestaciones pacíficas en el país. Entre otros actos, se han producido detenciones, intimidaciones y el brutal ataque al campamento de protesta en Colombo el 22 de julio de 2022. Las autoridades de Sri Lanka deben garantizar que las fuerzas de seguridad no hacen un uso excesivo de la fuerza y que respetan los derechos de quienes se manifiestan pacíficamente en el lugar denominado "Gotagogama", que las autoridades han ordenado desalojar antes de las 17:00 horas del 5 de agosto de 2022. [1]

El 18 de julio de 2022, cuando aún era presidente en funciones, Ranil Wickremesinghe declaró el estado de excepción, mediante el que otorgaba amplios poderes de arresto y detención a la policía y las fuerzas armadas. La normativa de emergencia reafirma aún más a las fuerzas de seguridad y es una herramienta que utilizan para aumentar las amenazas y la represión que ejercen contra la disidencia pacífica. Se criminaliza a las personas que se manifiestan pacíficamente y a quienes lideran las protestas, se limita arbitrariamente la libertad de expresión para prohibir la manifestación de opiniones políticas legítimas y la fiscalía presenta acusaciones penales excesivas y desproporcionadas por actos de desobediencia civil en un contexto de crisis económica sin precedentes. Además, es importante reconocer que la actual crisis económica deriva de violaciones generalizadas de los derechos económicos, sociales y culturales y contribuye a agravarlas.

Las autoridades de Sri Lanka deben poner fin inmediatamente a las represalias contra las manifestaciones antigubernamentales y garantizar el derecho de la población a manifestar sus reivindicaciones de forma libre y pacífica, en condiciones de seguridad y sin miedo a la detención o a la violencia. Además de vulnerar las obligaciones vinculantes de Sri Lanka en virtud del derecho internacional, el incumplimiento de los derechos humanos, tanto los civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales, puede poner en peligro y retrasar la capacidad del país para responder adecuadamente a la crisis económica, lo que incluye su capacidad para atraer una ayuda internacional esencial. En los últimos días, los aliados de Sri Lanka han pedido reiteradamente al gobierno que respete los derechos humanos, pero este no ha escuchado el mensaje. [2] En estos momentos, los socios internacionales de Sri Lanka deben dejar absolutamente claro que el gobierno debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

En su calidad de Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Sri Lanka tiene la obligación no solo de respetar y proteger los derechos a la libertad de reunión pacífica y de expresión, sino también de facilitar y promover activamente su ejercicio. Según el derecho internacional, para ser legal, toda restricción de estos derechos debe cumplir los principios de legalidad, finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad.

Nuestras organizaciones han documentado ataques contra manifestantes, medios de comunicación, personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones religiosas y de la sociedad civil tras la toma de posesión del nuevo presidente y del nuevo gabinete el 21 y 22 de julio, respectivamente. A continuación figura más información sobre tales incidentes.

Sri Lanka: Represión coordinada el 22 de julio de 2022

En las primeras horas del 22 de julio de 2022, una operación conjunta coordinada por el ejército, la policía y las fuerzas especiales de Sri Lanka retiró por la fuerza algunas partes de la protesta pacífica "Gotagogama", que se venía realizando desde hacía tres meses, situada frente a la Secretaría Presidencial en Colombo. Las fuerzas de seguridad golpearon duramente a manifestantes, periodistas y abogados/as y retiraron muchas tiendas de campaña de la acera de la carretera de Galle, frente a la Secretaría del Presidente, donde decenas de personas, entre las que había niños y niñas, dormían durante las protestas. Desalojaron asimismo a un pequeño grupo de manifestantes pacíficos/as que, en un acto de desobediencia civil, habían ocupado una de las salas del interior de la Secretaría abierta al público como biblioteca. A pesar de que las personas manifestantes ya habían anunciado su decisión de entregar el edificio de forma pacífica a las 14:00 horas del mismo día, [3] las fuerzas de seguridad las atacaron violentamente sin previo aviso y sin pedirles que desalojaran las instalaciones.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, y tal como se recoge, entre otros, en el PIDCP, las autoridades estatales tienen el deber de respetar, proteger y facilitar las protestas pacíficas. Además, el funcionariado encargado de hacer cumplir la ley tiene el deber de actuar con moderación en el uso de la fuerza. [4]

Criminalización de manifestantes durante el estado de emergencia en Sri Lanka

Las organizaciones abajo firmantes se encuentran especialmente preocupadas por los hechos ocurridos contra las personas manifestantes, como arrestos, intimidación, redadas y desinformación. Algunos han sido realizados contra aquellas personas que se perciben como líderes de las protestas, como las personas defensoras de los derechos humanos, líderes sindicales, abogados/as y los periodistas. La aplicación del estado de emergencia, combinado con las leyes penales y otras disposiciones legislativas, como la Ley de Bienes Públicos, para sofocar las protestas y castigar a las personas manifestantes es peligroso y constituye un abuso de la ley.

Desde el 22 de julio, bajo la presidencia de Ranil Wickremesinghe, han aumentado las represalias legales contra las manifestaciones pacíficas y aquellas personas que se consideran líderes de las protestas. Se ha acusado a quienes se manifiestan, como las personas defensoras de los derechos humanos, [5] de participar en reuniones ilegales. [6] Las reuniones pacíficas en espacios públicos, en las que se manifiesta abiertamente el objetivo de la protesta, no pueden considerarse una reunión ilegal. De hecho, se deben facilitar. Las detenciones realizadas únicamente por estos motivos, es decir, por participar en una protesta pacífica (que sigue siendo un acto pacífico) o por asistir a una protesta pacífica a pesar de que exista una orden judicial en contra, cuando la restricción de la libertad de reunión pacífica no ha sido necesaria ni proporcionada, no deberían constituir un delito penal, y toda detención que se base únicamente en estos cargos violaría las obligaciones de Sri Lanka en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el PIDCP.

Se ha acusado a las personas manifestantes que participan en actos de protesta, en su mayoría pacíficas, de otros delitos, como daños a la propiedad pública y entrada ilegal. [7] En su respuesta los casos de desobediencia civil, las autoridades de Sri Lanka deben asegurarse de que los cargos presentados contra las personas manifestantes son proporcionados a los delitos cometidos de modo que no resulten excesivos o desproporcionados. En este contexto, nuestras organizaciones están preocupadas por las declaraciones de miembros del Parlamento del partido en el poder y del presidente [8] en las que califican a algunas de estas personas manifestantes de "terroristas". [9]
También nos preocupa la aplicación selectiva de la ley para atacar a determinadas personas manifestantes. [10] Desde el 9 de julio, decenas de miles de personas ocuparon ilegalmente cuatro edificios gubernamentales de forma pacífica durante las protestas, [11] entre las que había familias con niños y niñas. Estas personas entraron y salieron de estos edificios sin comprometer la seguridad del personal ni poner a nadie en peligro, ante la mirada las fuerzas del orden, que no hicieron ningún intento de disuadir su entrada. En estas circunstancias, parece innecesario y desproporcionado que las fuerzas del orden presenten acusaciones por entrada ilegal y allanamiento de morada de forma selectiva, cuando no existen pruebas de intención criminal. [12] La Observación General nº 37 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el derecho de reunión pacífica afirma que los Estados Partes deben velar por que las leyes y su interpretación y aplicación no den lugar a la arbitrariedad o la discriminación en el disfrute de este derecho.

En los casos en los que se puedan presentar acusaciones graves contra manifestantes antigubernamentales, [13] cuando existen pruebas significativas, instamos a las autoridades a que apliquen únicamente la legislación penal ordinaria y no recurran al draconiano Reglamento de Emergencia.

Una normativa de emergencia excesivamente amplia

El 27 de julio, el Parlamento aprobó un nuevo Reglamento de Emergencia que otorga amplios poderes a la policía y a las fuerzas armadas para la búsqueda, el arresto y la detención de "personas sospechosas" sin las debidas garantías procesales. [14] El reglamento establece severas penas, incluida la cadena perpetua, por delitos como causar "daños". Las personas detenidas pueden permanecer bajo custodia hasta 72 horas sin que se pasen inmediatamente a disposición judicial y sin acceso a abogados/as de su elección, lo que es una clara vulneración del PIDCP. Los arrestos en estas circunstancias aumentan el riesgo de que las personas detenidas sean sometidas a tortura u otros malos tratos.

Ataques a periodistas en Sri Lanka

Nuestras organizaciones están profundamente preocupadas por los informes que indican que los/as periodistas que han estado cubriendo las protestas han sido objeto de ataques por parte de las autoridades. Al menos dos periodistas han sufrido golpes durante la operación conjunta que llevaron a cabo el 22 de julio el ejército, la policía y las fuerzas especiales de Sri Lanka. Otros/a sufrieron amenazas y se les impidió el acceso al lugar. Desde entonces, los/as periodistas y quienes transmiten en redes sociales han sido objeto de detenciones, interrogatorios y de acusaciones penales por el trabajo que realizan. El 27 de julio, un grupo de personas no identificadas que afirmaban formar parte de la policía visitaron las oficinas de Xposure News, interrogaron a un miembro de su personal y exigieron ver las grabaciones de seguridad. [15] Los/as periodistas y el resto de personas que participan en tareas de supervisión o información de las protestas tienen derecho a la protección del PIDCP. [16]

Incumplimiento de las garantías procesales

En muchos de los casos documentados por nuestras organizaciones, las autoridades no han presentado órdenes judiciales en el momento de la detención ni han informado con rapidez a las personas de los motivos de su detención. Muchas personas manifestantes que han sido detenidas se han quejado de que no se les ha comunicado el lugar al que se las conducía y a otras muchas se les ha negado también el acceso a un/a abogado/a. Estas detenciones tipo secuestro [17] violan el derecho a la libertad y la seguridad de la persona y a un juicio justo, y han hecho resurgir el temor a las desapariciones forzadas, [18] que sitúa a los detenidos fuera de la protección de la ley y en riesgo de sufrir malos tratos y tortura. La privación arbitraria de la libertad y la tortura están prohibidas de forma absoluta en todas las circunstancias y constituyen normas imperativas del derecho internacional, incluso durante los estados de emergencia. [19] El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege específicamente el derecho a la libertad y a la seguridad personal y prohíbe la detención arbitraria. Esta prohibición es un corolario esencial del derecho a la libertad. Tal y como aclara el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, una detención que se realiza únicamente debido al ejercicio pacífico de los derechos humanos o que es resultado de la violación del derecho a un juicio justo es arbitraria. [20]

Recomendaciones

De conformidad con las obligaciones internacionales de Sri Lanka en materia de derechos humanos, instamos a las autoridades de este país a que:

- Pongan fin a la represión de la disidencia y garanticen que la población puede ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en condiciones de seguridad, sin temor a represalias.

- Lleven a cabo una investigación rápida, independiente e imparcial sobre la represión que tuvo lugar el 22 de julio de 2022, que incluya las denuncias de tortura y otros malos tratos, con el apoyo de observadores internacionales, con el fin de determinar la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos y llevar a los responsables ante la justicia.

- Derogar el Reglamento de Emergencia, que otorga poderes excesivamente amplios y sin control a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y permite que se cometan más abusos contra los derechos humanos.

- Retirar todas las acusaciones por participación en "reunión ilegal" que se han presentado contra personas que se manifestaban pacíficamente solo por el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y poner en libertad sin condiciones a quienes se enfrentan a estos cargos.

- Retirar todas las acusaciones presentadas contra personas que protestan contra el gobierno, por actos relacionados con el Reglamento de Emergencia, o cuando no se disponga de pruebas suficientes, y velar por que toda acción se ajusta a las normas internacionales sobre juicios justos.

- Velar por que cualquier restricción a los actos de desobediencia civil se examine y evalúe en el marco de la legislación nacional, en consonancia con el derecho internacional y las normas relativas a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las acusaciones que se han presentado contra activistas que participan en actos de desobediencia civil deben reflejar la naturaleza del acto en sí, y deben tener en cuenta su intención y su impacto global para asegurarse de que no se impone ninguna restricción indebida a los derechos a la libertad de conciencia, expresión y reunión pacífica.

- Garantizar que periodistas, abogados/as y personas defensoras de los derechos humanos tengan acceso seguro a los lugares de las protestas, y que se les permita llevar a cabo sus tareas profesionales sin temor a represalias.

- Dar órdenes a los funcionarios que participen en la gestión de las asambleas de que no se tolerará el uso ilegal de la fuerza contra los/as observadores/as y los miembros de los medios de comunicación, ni la obstrucción de dicha vigilancia e información, y se exigirán responsabilidades a quienes participen en dicha obstrucción.

- Abstenerse de desplegar a las fuerzas armadas y de utilizar equipos y técnicas militares para la vigilancia de las reuniones públicas.

- Proteger la integridad física de toda persona detenida por las fuerzas de seguridad y garantizar el respeto de sus derechos a la libertad y la seguridad personal y a un juicio justo, incluido el derecho a que se le informe del motivo de la detención y del lugar de la misma, y el derecho a comparecer sin demora ante un juez, y garantizar el acceso a un/a abogado/s y a la familia.

- Dejar de etiquetar a todas las personas que se manifiestan pacíficamente como delincuentes o terroristas.

- Levantar todas las prohibiciones de viajar y todas las demás condiciones impuestas a las personas que se manifiestan pacíficamente únicamente por su papel en la organización o participación en las protestas.

Notas al pie de página

[1] Véase: Newswire, GotaGoGama protesters given deadline to go home [Aviso a los manifestantes de GotaGoGama para que vuelvan a casa], 3 de agosto de 2022, https://www.newswire.lk/2022/08/03/gotagogama-given-time-till-friday-to-vacate-protest-site/. El 5 de agosto, la Fiscalía General aseguró al Tribunal de Apelación que no se retirarían las estructuras no autorizadas sin seguir los procedimientos legales adecuados. Véase: Newswire, Removal of ‘GotaGoGama’: Update from Court [Retirada de GotaGoGama: Novedades del Tribunal], 5 de agosto de 2022, https://www.newswire.lk/2022/08/05/removal-of-gotagogama-update-from-court/

[2] Banco Mundial, Declaración del Banco Mundial sobre Sri Lanka, 28 de julio de 2022, https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/07/28/world-bank-statement-on-sri-lanka; Consejo de la Unión Europea, Sri Lanka: Declaración del Alto Representante en nombre de la Unión Europea sobre los últimos acontecimientos, 22 de julio de 2022, https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/07/22/sri-lanka-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-recent-developments/; Reuters, Reaction to Sri Lankan raid on protest site [Reacción a la operación de Sri Lanka en el lugar de la protesta], 22 de julio de 2022, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/reaction-sri-lankan-raid-protest-site-2022-07-22/

[3] La decisión se difundió a través de múltiples canales, algunos de los cuales se recopilan a continuación: https://docs.google.com/document/u/0/d/1aJM5VY-5BZoyS8ylv0EATQIzdctSq4pNwN9x7qiqT4Q/mobilebasic

[4] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado el 17 de diciembre de 1979 mediante la resolución de la Asamblea General 34/169 disponible en: https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials

[5] Las autoridades han impuesto prohibiciones de viaje arbitrarias a varias personas consideradas líderes del movimiento de protesta. Por ejemplo, el 25 de julio, el Tribunal del Fuerte de Colombo prohibió viajar al extranjero a Joseph Stalin (secretario general del Sindicato de Profesores de Ceilán), al sacerdote católico P. Jeewantha Peiris, a Wasantha Mudalige (coordinador de la Federación de Estudiantes Interuniversitarios), a Lahiru Weerasekera (organizador nacional de "Juventud por el Cambio") y a Eranga Gunasekera (organizador nacional de la "Unión de Juventudes Socialistas"). La prohibición de viajar se produjo a raíz de una petición de la policía en la que se les acusaba de participar en una reunión ilegal frente a la Jefatura de Policía. Más información: Newswire, Travel ban for six Galle Face activists [Se prohíbe viajar a seis activistas de Galle Face, 25 de julio de 2022, https://www.newswire.lk/2022/07/25/travel-ban-for-six-galle-face-activists/. El 3 de agosto, la policía detuvo al secretario general del Sindicato de Profesores de Sri Lanka, Joseph Stalin, por llevar a cabo una protesta que violaba una orden judicial. Más información: Newswire, General Secretary of Sri Lanka Teachers’ Union Joseph Stalin arrested [Detenido el secretario general del Sindicato de Profesores de Sri Lanka, Joseph Stalin], 3 de agosto de 2022, https://www.newswire.lk/2022/08/03/general-secretary-of-sri-lanka-teachers-union-joseph-stalin-arrested/

[6] The Guardian, Sri Lanka extends state of emergency as police round up protest leaders [Sri Lanka amplía el estado de emergencia mientras la policía acorrala a los líderes de las protestas], 28 de julio de 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/jul/28/sri-lanka-extends-state-of-emergency-as-police-round-up-protest-leaders

[7] Por ejemplo, cuatro personas manifestantes fueron detenidas en la mañana del 26 de julio cerca de la estatua de S.W.R.D. Bandaranaike en el lugar de la protesta pacífica Gotagogama por infringir una orden judicial dictada el 20 de julio que prohibía acercarse a menos de 50 metros de la estatua a petición de la Policía para garantizar su protección. Más información: The Morning, Four arrested for standing near S.W.R.D. Statue [Cuatro personas detenidas por estar cerca de la estatua de S.W.R.D.], 27 de julio de 2022, https://www.themorning.lk/four-arrested-for-standing-near-s-w-r-d-statue/

[8] Newswire, Parliament: President’s speech during inauguration of 3rd session [Parlamento: discurso del presidente durante la inauguración del tercer periodo de sesiones], 3 de agosto de 2022, https://www.newswire.lk/2022/08/03/parliament-presidents-speech-during-inauguration-of-3rd-session/

[9] Los/as diputados/as del partido en el gobierno alegan que invadir una propiedad del gobierno y ocupar sus instalaciones son actos terroristas. Véase, por ejemplo: https://twitter.com/Economynext/status/1552251911553699841?s=20&t=BiexXZNHHvtR2Lrt3dvsYg; https://twitter.com/Dailymirror_SL/status/1555208270515580928?s=20&t=GQ6zeULeah_4Mgz7ly34sQ; The Week, Emergency extended in Sri Lanka till August 14 [Se amplía el estado de emergencia en Sri Lanka hasta el 14 de agosto], 28 de julio de 2022, https://www.theweek.in/news/world/2022/07/28/emergency-extended-in-sri-lanka-till-august-14.html

[10] El 1 de agosto, la policía arrestó a la primera persona que entró en la Secretaría del Presidente. Más información: Colombo Page, Police arrest the first person, who forcibly entered the Presidential Secretariat [La policía detiene a la primera persona que entró por la fuerza en la Secretaría del Presidente], 1 de agosto de 2022, http://www.colombopage.com/archive_22B/Aug01_1659377846CH.php

[11] Al Jazeera, fotos: Interior de la residencia presidencia del Sri Lanka ocupada por manifestantes , 12 de julio de 2022, https://www.aljazeera.com/gallery/2022/7/12/photos-inside-sri-lanka-presidents-house-occupied-by-protesters

[12] En un discurso pronunciado por el presidente el 3 de agosto, declaró: "Si hay personas que han participado en esas actividades ilegales, sin saberlo o debido a la influencia de otras, se preparará un plan que lo tenga en cuenta"". Más información: Newswire, Parliament: President’s speech during inauguration of 3rd session [Parlamento: discurso del presidente durante la inauguración del tercer periodo de sesiones], 3 de agosto de 2022, https://www.newswire.lk/2022/08/03/parliament-presidents-speech-during-inauguration-of-3rd-session/

[13] Daily Mirror, Remanded for Facebook post [A la cárcel por una publicación en Facebook], 25 de julio de 2022, https://www.dailymirror.lk/latest_news/Remanded-for-Facebook-post/342-241759

[14] Amnistía Internacional, Sri Lanka: Emergency regulations must not lead to further crackdown on human rights [La normativa de emergencia no debe favorecer una mayor represión de los derechos humanos], 20 de julio de 2022, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/sri-lanka-emergency-regulations-must-not-lead-to-further-crackdown-on-human-rights/ y Comisión Internacional de Juristas, Sri Lanka: Immediately Revoke Emergency Regulations [Se debe derogar inmediatamente el Reglamento de Emergencia], 22 de julio de 2022, https://www.icj.org/sri-lanka-immediately-revoke-emergency-regulations/

[15] Xposure news, Un grupo desconocido, que decía ser de la policía, irrumpió en el edificio donde se encontraba Xposure (noticia en cingalés), 27 de julio de 2022, https://www.xposurenews.com/si/post/%E0%B6%B4-%E0%B6%BD-%E0%B7%83-%E0%B6%BA-%E0%B6%BA-%E0%B6%BA-%E0%B6%9A-%E0%B6%BA-%E0%B6%9C%E0%B6%B1-%E0%B6%B8-%E0%B6%B1-%E0%B6%B1-%E0%B6%B3-%E0%B6%B1%E0%B6%B1-%E0%B6%B4-%E0%B6%BB-%E0%B7%83%E0%B6%9A-%E0%B6%91%E0%B6%9A-%E0%B7%83-%E0%B6%B4-%E0%B7%82%E0%B6%BB-%E0%B6%B4-%E0%B7%84-%E0%B6%A7-%E0%B6%9C-%E0%B6%A9%E0%B6%B1-%E0%B6%9C-%E0%B6%BD-%E0%B6%BD%E0%B6%A7-%E0%B6%9A%E0%B6%A9-%E0%B6%B4%E0%B6%B1 y Human Rights Watch, Sri Lanka: Heightened Crackdown on Dissent [Se intensifica la represión de la disidencia], 2 de agosto de 2022, https://www.hrw.org/news/2022/08/02/sri-lanka-heightened-crackdown-dissent

[16] En su Observación General nº 37, el Comité de Derechos Humanos de la ONU indicó que no se les puede prohibir ni limitar indebidamente el ejercicio de funciones clave, como la supervisión de los actos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. No deben sufrir represalias ni otro tipo de acoso y no se debe confiscar ni dañar su equipo. Incluso cuando se declara ilegal una reunión o se dispersa, esto no pone fin al derecho a supervisar.

[17] Al menos una ocasión, la detención fue realizada por agentes de policía vestidos de civil.

[18] The Hindu, Sri Lankan civic activists concerned over ‘witch-hunt’ by state [Preocupación entre activistas de la sociedad civil de Sri Lanka por la "caza de brujas"], 30 de julio de 2022, https://www.thehindu.com/news/international/sri-lankan-civic-activists-concerned-over-witch-hunt-by-state/article65699321.ece/amp/

[19] Comité de Derechos Humanos de la ONU, Observación General nº 29, párr. 11

[20] Métodos del trabajo del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, documento de la ONU A/HRC/33/66 (12 de julio de 2016), disponible en: https://www.ohchr.org/ES/Issues/Detention/Pages/MethodsOfWork.aspx.

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