Señor Presidente:
Nuevamente lamentamos que el Gobierno de Singapur haya desaprovechado una oportunidad para dar respuesta a la preocupación internacional por la situación de los derechos humanos en el país y para aceptar recomendaciones fundamentales del EPU.
Su Gobierno ha vuelto a recurrir al argumento engañoso de que sus "resultados" concuerdan en gran medida con los objetivos de los tratados internacionales de derechos humanos. En realidad, su administración selecciona únicamente aquellos aspectos de los tratados que se ajustan a su propia agenda política, omitiendo las disposiciones que no le resultan convenientes.
Por ejemplo, en lo que respecta a la pena capital, ha reiterado la afirmación infundada de que en Singapur esta se reserva de manera exclusiva para los delitos más graves. Sin embargo, incluir el tráfico de drogas entre dichos delitos contraviene la interpretación autorizada del derecho internacional de los derechos humanos, según la cual, aunque el tráfico de drogas pueda ser un delito grave, no se encuadra dentro de "los delitos más graves".
Desde su Gobierno se sostiene que la pena de muerte se impone "con gran pesar". Resulta difícil conciliar estas palabras con la realidad del país. Desde 2025, se ha ejecutado a 36 personas, la cifra más alta documentada en el sudeste asiático durante este periodo. Tan solo en este año, se han registrado 19 ejecuciones, la cifra anual más alta en más de dos décadas.
En relación con el derecho a la libertad de reunión pacífica, las autoridades recurrieron nuevamente al derecho internacional al señalar que quienes ejercen este derecho deben respetar los derechos ajenos, obviando intencionadamente que las restricciones admisibles conforme al derecho internacional deben ser necesarias y proporcionadas. Este criterio dista de cumplirse en Singapur, donde quienes se manifiestan pacíficamente –entre otras, las personas defensoras de los derechos humanos– afrontan limitaciones innecesarias y desproporcionadas, inclusive sanciones penales. Durante las últimas semanas, 11 personas han sido procesadas en virtud de la represiva Ley de Orden Público por participar en pequeñas concentraciones pacíficas de carácter simbólico.
Instamos al Gobierno a suspender de inmediato el uso de la pena de muerte, a adecuar su marco legal a las normas internacionales y a ratificar todos los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos.
Gracias.