Bangkok, París, 24 de diciembre de 2025. Está previsto que las elecciones se celebren en al menos dos fases, el 28 de diciembre de 2025 y el 11 de enero de 2026, aunque hasta la fecha no se han anunciado las fechas correspondientes a las etapas sucesivas. Este proceso ilegítimo, diseñado por la junta que se hizo con el poder de forma ilegal mediante el golpe de Estado militar de febrero de 2021, tiene lugar en el marco de un conflicto armado generalizado y de violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos fundamentales, así como de un absoluto desprecio por los principios democráticos.
"Nadie debería albergar expectativas infundadas sobre estas denominadas elecciones, ya que no supondrán ningún avance en la situación actual de Myanmar. Estos comicios son una receta para el desastre que conducirá inevitablemente a un agravamiento de los conflictos y las violaciones de los derechos humanos, incluidos graves crímenes internacionales", afirmó el vicepresidente de la FIDH, Teppei Ono.
La FIDH, ALTSEAN-Burma, WPN e Info Birmanie instan a los Estados, las organizaciones intergubernamentales y los socios internacionales en materia de desarrollo y cooperación a denunciar estas próximas elecciones como ilegítimas y a abstenerse de reconocer sus resultados. Estas cuatro organizaciones instan asimismo a todas las partes interesadas a no supervisar el proceso electoral ni proporcionar cualquier tipo de asistencia técnica o económica vinculada directa o indirectamente a las elecciones organizadas por la junta, incluida la Comisión Electoral de la Unión (UEC) y otros organismos controlados por la junta que participan en la organización y administración del proceso electoral.
"El período previo a estas no elecciones ha estado marcado por continuas atrocidades y masacres. Este proceso no hará sino aumentar la inestabilidad en Myanmar, con graves consecuencias para los países vecinos de la región, en particular Bangladesh, China y Tailandia. Los gobiernos de la región y de fuera de ella deben rechazar las elecciones ficticias promovidas por el general Min Aung Hlaing, imponer un embargo de armas y trabajar para facilitar la restitución del poder a la población de Myanmar", afirmó Debbie Stothard, coordinadora de ALTSEAN-Burma.
Aumento de los ataques contra la población civil y las detenciones arbitrarias
La convocatoria electoral tiene lugar en un contexto de intensificación de la represión y de ataques contra civiles por parte del ejército de Myanmar, que han provocado un número alarmante de víctimas.
Entre el 18 de agosto de 2025, fecha en la que la junta anunció la celebración de las elecciones, y el 12 de diciembre de 2025, se produjeron al menos 3493 enfrentamientos armados y ataques contra civiles que causaron la muerte de 1057 personas, según cifras del observatorio independiente Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). Estos ataques incluyeron 862 ataques aéreos en 121 municipios de siete estados y seis regiones, que causaron la muerte de al menos 650 civiles.
"Cualquier Estado u organización internacional comprometido con la democracia perdería toda credibilidad si respaldara este proceso electoral fraudulento impulsado por la junta, incluso ante su propia ciudadanía. El foco no debe ponerse en estas no elecciones, sino en el papel que deben desempeñar los organismos multilaterales —en particular el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas— para privar a Min Aung Hlaing de los recursos que le permiten continuar cometiendo crímenes internacionales", señaló Johanna Chardonnieras, coordinadora de Info Birmanie.
Entre el 18 de agosto y el 12 de diciembre de 2025, la junta detuvo y encarceló arbitrariamente al menos a 1932 personas, según cifras de la ONG independiente Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP). A fecha de 22 de diciembre de 2025, 22 668 personas permanecían privadas de libertad por motivos políticos, según la AAPP. Entre ellas se encuentran manifestantes pacíficos/as, integrantes del Movimiento de Desobediencia Civil, responsables políticos/as, miembros y simpatizantes de la Liga Nacional para la Democracia, personas defensoras de derechos humanos, activistas y profesionales del periodismo.
El 29 de julio de 2025, la junta promulgó la Ley de Protección de las Elecciones Democráticas Multipartidistas contra la Obstrucción, la Perturbación y la Destrucción, que contempla severas penas para quienes expresen críticas o cometan actos que se considere que obstaculizan, perturba o sabotean algún aspecto del proceso electoral. Se establece que cualquier acto de este tipo será castigado con la pena capital si provoca la muerte de una persona. Según la AAPP, hasta el 19 de diciembre, la aplicación de esta ley había provocado la detención de al menos 122 personas y la imposición de penas de prisión de hasta 49 años por expresar críticas pacíficas a las elecciones.
Además, la ley marcial continúa vigente en 63 municipios de nueve regiones y estados, lo que supone graves restricciones de los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de circulación, la libertad de reunión pacífica y la libertad de asociación.
Privación masiva del derecho al voto
El proceso electoral excluye de facto a amplios sectores de la población de Myanmar, como la población rohinyá que se encuentra tanto dentro de las fronteras del país como fuera, las personas desplazadas internas, el electorado que reside en zonas donde no se celebrarán elecciones y las personas privadas de libertad. La población rohinyá continúa siendo objeto de una privación sistemática del derecho al voto debido a la vigencia de leyes discriminatorias que les niegan la plena ciudadanía en Myanmar. El electorado que reside en 56 municipios queda igualmente excluido del proceso electoral, después de que la UEC anunciara que no se celebrarán elecciones en esas circunscripciones. Además, entre los aproximadamente 3,6 millones de personas desplazadas internas que han huido de la violencia y el conflicto provocados por la junta, ninguna puede participar en las elecciones. Por último, las personas privadas de libertad, entre otras, las que están encarceladas por motivos políticos, tienen prohibido ejercer su derecho al voto.
"En lugar de centrar su atención en estas "no elecciones", los Estados deberían aumentar sus esfuerzos para garantizar que los autores de crímenes internacionales graves rindan cuentas, entre otras cosas, mediante la remisión de la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional. No hay que olvidar que más de un millón de personas rohinyás se han visto privadas de sus derechos políticos como consecuencia directa de la campaña genocida emprendida contra ellas por el general Min Aung Hlaing", afirmó Wai Wai Nu, directora ejecutiva de WPN.
Exclusión de partidos clave por parte de la junta en un contexto de represión sistemática de la participación política
Las elecciones se celebran al amparo de una serie de nuevas leyes promulgadas unilateralmente por la junta militar, que han reforzado la represión que ejerce sobre la participación política y toda forma de disidencia. Además, la UEC, el organismo responsable de organizar y administrar las elecciones, carece de independencia e imparcialidad, ya que sus miembros actuales fueron designados por la junta.
El 26 de enero de 2023, la junta aprobó la Ley de Registro de Partidos Políticos, que obliga a todas las formaciones existentes a volver a inscribirse ante la UEC en un plazo de 60 días desde su entrada en vigor, bajo amenaza de disolución. La ley prohíbe asimismo afiliarse a un partido político a cualquier persona que haya sido condenada con anterioridad o que esté cumpliendo una pena de prisión, lo que en la práctica excluye a numerosos/as líderes prodemocráticos que están cumpliendo condenas de privación de libertad por acusaciones de motivación política. En virtud de la ley, los grupos políticos calificados como ilegales o "terroristas" por la junta, así como las organizaciones acusadas de mantener vínculos con ellos, tienen prohibido registrarse. La legislación ha sido modificada en varias ocasiones, entre ellas el 28 de julio de 2025, cuando se introdujeron disposiciones que permiten la disolución de partidos políticos acusados de fraude electoral.
En marzo de 2023, la UEC anunció la disolución de 40 partidos políticos, entre ellos, la NLD, derrocada tras el golpe de estado, por no cumplir el plazo de reinscripción establecido por la nueva ley. Esta decisión supuso la exclusión de las formaciones políticas que habían obtenido más del 90% de los escaños parlamentarios en las elecciones generales de 2020, incluida la propia LND. Posteriormente, en septiembre de 2025, la UEC disolvió otros cuatro partidos políticos por no cumplir los exigentes requisitos legales relativos al número mínimo de personas afiliadas y de oficinas territoriales.
Un total de 57 partidos políticos, entre ellos el Union Solidarity and Development Party (USDP) ), respaldado por las fuerzas armadas, se han registrado para participar en las elecciones. La mayoría de estas formaciones actúan como instrumentos de la junta o cuentan con su apoyo directo. Además del USDP, que presenta el mayor número de candidaturas, incluidas las de 20 generales y altos cargos de la junta, solo otros cinco partidos cuentan con los recursos necesarios para concurrir a nivel nacional: National Unity Party (NUP), People’s Pioneer Party (PPP), Myanmar Farmers Development Party (MFDP), Shan and Nationalities Democratic Party (SNDP), and the People’s Party (PP). El resto de las formaciones únicamente presentará candidaturas en elecciones de ámbito estatal o regional.