6 de febrero de 2026. El líder de la junta, Min Aung Hlaing, dirigió la aplicación de las enmiendas electorales represivas para prohibir la participación de los partidos políticos que ganaron el 90% de los escaños en 2020, encarcelar a las voces críticas y garantizar la victoria del Union Solidarity and Development Party (USDP), controlado por los militares. Aunque la junta concibió estas elecciones con el fin de legitimarse y apaciguar a China, el proceso se fue deteriorando progresivamente y pasó de ser un proceso amañado a encarnar niveles abrumadores de violencia y un fraude.
Para garantizar un estricto control militar, la votación se celebró en tres fases: fase 1 (28 de diciembre de 2025), fase 2 (11 de enero de 2026) y fase 3 (25 de enero de 2026). Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se produjeron 1288 enfrentamientos armados y ataques contra civiles, que causaron la muerte de 281 civiles en 178 (de un total de 330) municipios. La junta lanzó 308 ataques aéreos en 89 municipios. Mientras tanto, se acusó a 404 personas en virtud de la Ley de Protección Electoral de la junta, y nueve de ellas fueron condenadas a largas penas de prisión, en algunos casos de hasta 49 años.
Cuando se celebraron las elecciones la junta mantenía en la cárcel a casi 23.000 personas presas por motivos políticos, la cifra más alta del sudeste asiático. Este número continuó aumentando durante y después de las elecciones. 67 municipios y 4000 distritos y aldeas se encontraron excluidas de estas elecciones fraudulentas, a consecuencia de que aproximadamente 10,5 millones de votantes quedaron excluidos. Otros 11 millones boicotearon las elecciones. Tan solo en el Estado de Chin, la participación fue inferior al 5% del electorado. A pesar de la desinformación, la intimidación y las amenazas, el USDP de la junta ganó con una escasísima participación, de tan solo 13,1 millones de votos, en comparación con los 25,9 millones de votos emitidos en las elecciones generales de 2020.
La intención de la junta de retomar la práctica del reclutamiento forzoso y de adoptar un enfoque económico regresivo hacen que la recuperación económica y la reducción del conflicto sean casi imposibles. Mientras tanto, la junta sigue suministrando a Rusia bombas para utilizarlas en Ucrania y colabora con Irán para eludir las sanciones, lo que la convierte en una amenaza aún mayor para la estabilidad regional e internacional.
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