El aumento significativo de la inversión extranjera directa (IED) en Birmania/Myanmar a lo largo de los últimos diez años ha ido acompañado de numerosas violaciones de derechos humanos directamente causadas por las actividades de las empresas que operan en el país.
Los proyectos de inversión y de infraestructura, muchos de ellos llevados a cabo por empresas mixtas birmanas –estatales o privadas– y extranjeras, con frecuencia han dado lugar a violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades locales, como la contaminación y la degradación medioambiental.
Aunque la naturaleza, el tamaño y el impacto de estos proyectos suele variar, muchos presentan elementos característicos que dan lugar a violaciones de los derechos humanos de personas las o las comunidades afectadas por la ejecución de los proyectos. Estos elementos pueden resumirse como sigue: 1) Falta de realización de una consulta previa, significativa y adecuada con las comunidades afectadas durante las fases de concepción y ejecución de los proyectos; 2) Violación de las legislaciones nacionales pertinentes e incumplimiento de la normativa internacional de derechos humanos, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 3) Medidas compensatorias insuficientes y falta de mecanismos efectivos de reparación a nivel nacional; 4) Utilización de leyes represivas para silenciar y castigar a las personas defensoras de los derechos humanos –incluso a quienes abogan por los derechos de propiedad y del medio ambiente– y los miembros de la comunidad que han documentado los impactos negativos de estos proyectos y hayan trabajado para obtener reparación.