París, Bangkok, 23 de marzo de 2015: Birmania no ha aplicado en su totalidad los compromisos adquiridos durante el último Examen Periódico Universal (EPU) realizado en 2011, según afirmaron ayer la FIDH y su organización miembro ALTSEAN-Burma en el informe conjunto entregado al Grupo de Trabajo del EPU (en inglés).
La situación de Birmania/Myanmar deberá examinarse durante la 23ª sesión del Grupo de Trabajo que se celebrará el 9 de noviembre de 2015 en Ginebra, Suiza.
"Es evidente que la administración del presidente Thein Sein no ha aplicado algunas recomendaciones importantes del EPU, fundamentales para conducir al país hacia una verdadera transición democrática y un mayor respeto de los derechos humanos," afirmó el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.
Durante su último EPU, realizado en 2011, Birmania/Myanmar aceptó tan solo 74 de las 190 recomendaciones emitidas por otros Estados. Sin embargo, muchas de las recomendaciones claves que Birmania/Myanmar se comprometió a aplicar siguen sin hacerse realidad.
A pesar de su compromiso de ratificar los tratados internacionales fundamentales en materia de derechos humanos, Birmania/Myanmar no ha firmado ni ratificado ninguno de ellos. Se comprometió asimismo a revisar y modificar su legislación para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pública, aunque continúan vigentes un gran número de leyes. De las catorce leyes identificadas por la ONU como no acordes con las normas internacionales, el Gobierno solamente ha abolido tres. [1] Las nuevas leyes aprobadas por el parlamento, como la Ley sobre reunión y manifestación pacífica, la Ley sobre imprenta y publicaciones y la Ley sobre medios de comunicación, no alcanzan el nivel establecido por las normas internacionales y limitan el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Birmania expresó su compromiso de velar por la independencia y la imparcialidad del poder judicial. Sin embargo, los tribunales de todo el país han continuado llevado a cabo procesos judiciales que no cumplen con las normas aceptadas de un debido proceso. Este extremo resulta especialmente claro en los procesos penales contra activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos así como contra miembros de las minorías étnicas y religiosas, que siguen siendo encarcelados de forma habitual tras juicios injustos celebrados ante tribunales irregulares.
Birmania/Myanmar convino igualmente en solucionar los muchos conflictos armados existentes entre el Gobierno central y los grupos étnicos minoritarios de todo el país. Desde 2011 el tatmadaw (ejército birmano) ha violado un alto al fuego de larga duración establecido con el Ejército Independentista de Kachin (KIA) y ha reanudado las hostilidades contra otros grupos étnicos armados en los estados del norte, Kachin y Shan. El actual conflicto contra los estados de Kachin y Shan ha ocasionado el desplazamiento interno de aproximadamente 100.000 personas, la mayoría de las cuales han pasado gran parte de los últimos tres años en refugios temporales. Los actos del tatmadaw, especialmente los ataques contra civiles, podrían constituir crímenes de guerra y contra la humanidad.
Durante su EPU de 2011, Birmania/Myanmar se comprometió a reforzar la promoción y la protección de los derechos humanos de los grupos étnicos del estado de Arakán, en el norte del país. Lamentablemente, la situación de los derechos humanos de dicho estado ha empeorado drásticamente desde entonces. Continúan llegando informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra la población rohingya musulmana. Además, en 2012, 2013 y 2014, las autoridades gubernamentales no impidieron los múltiples brotes de violencia dirigidos principalmente contra los musulmanes rohingya, o no intervinieron de forma eficaz. El Gobierno tampoco ha llevado a juicio a los responsables de dichos ataques. La violencia ha ocasionado el desplazamiento de 140.000 personas, en su inmensa mayoría rohingyas musulmanes.
En relación a los derechos de las mujeres, Birmania/Myanmar se comprometió a adoptar medidas eficaces para velar por que la violencia contra las mujeres se tratara como una infracción penal y que sus autores fueran enjuiciados y castigados, pero, a pesar de estos compromisos, la realidad en el terreno no ha cambiado. Objeto de particular preocupación son los continuos informes sobre violaciones y violencia sexual cometida impunemente por los soldados del tatmadaw en las zonas de dichas etnias. Las mujeres han sido igualmente víctimas de otros abusos por parte del tatmadaw, entre los que se incluyen detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos y desapariciones.
Finalmente, Birmania/Myanmar se comprometió a aumentar sus esfuerzos para impedir y combatir la trata de seres humanos, pero este tráfico se mantiene inalterado. El informe sobre Tráfico de Personas (TIP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos sitúa a Birmania/Myanmar en el segundo nivel de la lista de vigilancia, el penúltimo escalón, durante tres años consecutivos (2012-2014).
"La falta de cumplimiento por el Gobierno de los compromisos adquiridos durante el último EPU se ha visto agravada por el aumento de las hostilidades militares contra los grupos étnicos armados, la persistente impunidad de los soldados del tatmadaw que cometen abusos contra la población civil, lo que incluye violencia sexual, y por la nueva propuesta de legislación que discrimina a las minorías religiosas. Dar a la vuelta a esta situación debe ser una prioridad para el presidente Thein Sein," afirmó Debbie Stothard, coordinadora de ALTSEAN-Burma y secretaria general de la FIDH.
Un documento conjunto para el EPU presentado por la FIDH y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (CMCPM) (en inglés), una alianza formada por más de 150 ONG, colegios de abogados, autoridades locales y sindicatos, concluyó que desde el último EPU, Birmania/Myanmar ha avanzado muy poco hacia la abolición de la pena capital. La legislación sigue contemplando la pena de muerte y los tribunales han continuado imponiendo sentencias de muerte. Entre enero de 2011 y marzo de 2015 al menos 67 personas fueron condenadas a muerte, si bien no se ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1988.