19 de mayo de 2025. El 11 de mayo de 2025, el Judiciary Committee of the Majlis, el Parlamento de Maldivas, votó a favor de destituir a dos miembros del Tribunal Supremo, la jueza Azmiralda Zahir y el juez Mahaz Ali, tras una apresurada investigación de la Judicial Service Commission (JSC). Tanto la investigación de la Comisión como las medidas adoptadas por la JSC suscitaron gran preocupación por la falta de garantías procesales, y más concretamente, por la negativa de la Comisión a admitir las pruebas presentadas en defensa de las dos personas acusadas, la denegación por parte del Comité Judicial de su derecho de réplica y el secretismo que ha rodeado toda la toma de decisiones. La decisión del Comité Judicial se adoptó a puerta cerrada, a pesar de que las dos personas acusadas habían solicitado una revisión pública.
El 26 de febrero de 2025 la JSC –el órgano constitucional encargado de supervisar el poder judicial– suspendió al juez y la jueza del Tribunal Supremo. El juez Husnu Al Suood, que también fue suspendido el mismo día, dimitió en señal de protesta el 4 de marzo. Esta suspensión se produjo inmediatamente después de una reunión extraordinaria de la Comisión de Servicios Judiciales, que se celebró sin la presencia de aquellos de sus miembros que representan al poder judicial. La JSC declaró que su decisión se había tomado en virtud del artículo 25 p), de la Ley de la Comisión del Servicio Judicial, una disposición legal que es fundamentalmente incompatible con el principio del debido proceso.
La suspensión y el posterior despido de estas tres personas magistradas del Tribunal Supremo están relacionados con la revisión prevista por el Tribunal Supremo de la sexta enmienda de la Constitución. Promulgada en noviembre de 2024, esta enmienda dispone que se deberá destituir de su cargo a los miembros del Parlamento que cambien de adscripción política. Fue propuesta y aprobada por el Parlamento y ratificada por el presidente en menos de 36 horas. Posteriormente, la enmienda fue impugnada ante el Tribunal Supremo por el exdiputado Ali Hussain y las audiencias preliminares se celebraron el 17 de febrero de 2025; se suspendió a los tres miembros del Tribunal Supremo minutos antes de que comenzara la audiencia sobre una orden de suspensión de la aplicación de la enmienda.
La FIDH y MDN recuerdan al Gobierno de Maldivas y a los miembros del Parlamento que la Constitución de Maldivas protege a los/as jueces/as contra el despido injusto, de conformidad con las normas internacionales. Los socios internacionales de Maldivas, como la Unión Europea, deben denunciar con firmeza el hecho de que JSC y el Majlis hayan ignorado estas garantías constitucionales de manera tan flagrante, y deben instar al Gobierno de Maldivas a respetar el estado de derecho y garantizar la independencia judicial revocando estos despidos.
La FIDH y MDN instan asimismo al Parlamento de Maldivas a que modifique el artículo 25 p), de la Ley de la Comisión de Servicios Judiciales para garantizar el derecho a un proceso justo y a la presunción de inocencia en las investigaciones que afecten a miembros del poder judicial.