Consejo de Derechos Humanos de la ONU – 61.º período de sesiones
Punto 5: Aprobación de los resultados del Examen Periódico Universal de Maldivas
23 de marzo de 2026
Señor Vicepresidente:
La FIDH y el Maldivian Democracy Network acogen con satisfacción que el Gobierno de Maldivas haya aceptado el 83 % de las recomendaciones del EPU que recibió.
Sin embargo, esta cifra no refleja toda la realidad. Nos preocupa profundamente que el Gobierno utilice la religión para rechazar de forma generalizada algunas importantes recomendaciones.
De tal manera, no se aceptaron todas las recomendaciones relacionadas con la discriminación por motivos de religión, orientación sexual e identidad de género, ni las relativas a la garantía de la libertad de religión o de creencias, así como prácticamente ninguna de las recomendaciones a abolir la pena de muerte.
Esta actitud muestra una peligrosa adhesión al relativismo religioso y cultural y constituye una absoluta negación de la universalidad de los derechos humanos.
En cuanto a la pena capital, las declaraciones del Gobierno de que no contempla la posibilidad de aplicar una moratoria oficial y su negativa a aceptar la recomendación de mantener la moratoria de facto vigente resultan extremadamente preocupantes y exigen una mayor vigilancia por parte de los Estados abolicionistas, que deben seguir presionando al Gobierno de Maldivas para que adopte medidas encaminadas a la eliminación de la pena de muerte.
Aunque acogemos con satisfacción la aceptación por parte del Gobierno de todas las recomendaciones relacionadas con la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y la sociedad civil, incluso frente al extremismo religioso, resulta evidente que, hasta la fecha, los compromisos del Gobierno no se han traducido en acciones concretas.
Los miembros de la sociedad civil independiente no se sienten seguros en las Maldivas, como han demostrado en los últimos años el éxodo de algunos destacadas personas defensoras de los derechos humanos del país y los ataques contra otras, que en ocasiones han resultado en su muerte.
Reiteramos nuestros llamamientos para la protección efectiva de las personas defensoras de los derechos humanos en las Maldivas y para el restablecimiento del registro de la MDN.
Observamos asimismo que el Gobierno se ha negado a proporcionar un calendario para la publicación de las conclusiones de la Comisión de Muertes y Desapariciones, casi dos años después de su disolución. Reiteramos nuestro llamamiento para que se hagan públicas las conclusiones y se comuniquen a las familias afectadas sin demora.
Gracias.