París, 14 de octubre de 2025. El 26 de septiembre de 2025, el CDESC de la ONU publicó sus conclusiones y recomendaciones (denominadas “observaciones finales”) sobre Laos, tras el examen del informe inicial del país sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que tuvo lugar los días 18 y 19 de septiembre de 2025 en Ginebra. El CDESC supervisa la aplicación de las disposiciones de la Convención por los Estados partes, entre los que se encuentra Laos.
Algunas de las observaciones finales del CDESC reflejaban la información presentada por la FIDH y el LMHR en su informe conjunto al Comité en el marco de su examen de Laos.
Así, el CDESC expresó su "profunda preocupación" por las personas defensoras de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, que han sido objeto de intimidación, amenazas, acoso, detenciones y arrestos arbitrarios, enjuiciamientos penales injustificados, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y represión, incluida la represión transnacional. El CDESC expresó asimismo su preocupación por los "esfuerzos insuficientes" realizados por el Gobierno de Laos para proporcionar una protección adecuada a las personas defensoras y llevar a cabo investigaciones rápidas, eficaces e imparciales, así como para castigar a las personas autoras de forma adecuada. El comité recomendó al Gobierno de Laos que reforzara la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas que trabajan en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus familias, y que velara por que se investigaran, enjuiciaran y repararan de manera rápida, eficaz e imparcial todas las violaciones cometidas contra estas personas. El CDESC también instó al Gobierno a garantizar que no se utilizara la legislación para restringir indebidamente las actividades de las voces críticas con el Gobierno, las personas defensoras de los derechos humanos y activistas.
En lo que respecta a las empresas y los derechos humanos, el CDESC expresó su preocupación por la falta de obligaciones legales adecuadas en Laos para que las empresas ejerzan la debida diligencia en materia de derechos humanos cuando operan en el país, así como por la inexistencia de un plan de acción nacional en materia de empresas y derechos humanos. Por otra parte, el comité expresó su preocupación por el impacto ambiental de los "proyectos de desarrollo a gran escala", en particular la construcción de presas y centrales hidroeléctricas, así como el establecimiento de zonas económicas especiales (ZEE), que ha afectado negativamente al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, los grupos étnicos minoritarios y otras comunidades locales. El CDESC instó al Gobierno a elaborar y aplicar un plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos, con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, entre otras, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades indígenas y locales. El comité recomendó al Gobierno que estableciera medidas para exigir a las empresas actuar con la debida diligencia en materia de derechos humanos con el fin de prevenir los efectos negativos de su conducta sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y que garantizara la rendición de cuentas y las reparaciones adecuadas por las violaciones de esos derechos derivadas de las actividades empresariales y los proyectos de desarrollo. Además, el comité instó al Gobierno a "llevar a cabo de forma sistemática consultas previas y significativas con las comunidades locales afectadas", así como "evaluaciones independientes de los derechos humanos y el impacto ambiental" antes de emprender actividades empresariales y proyectos de desarrollo y de realizar concesiones de tierras o recursos.
El CDESC también expresó su preocupación por "la inadecuada protección laboral y las prácticas de explotación", como la trata de personas, el trabajo forzoso y la servidumbre por deudas, a las que están sometidas en las ZEE tanto las personas trabajadoras laosianas como migrantes, especialmente mujeres, niños y niñas. El comité recomendó al Gobierno que reforzara la protección de las personas trabajadoras de las ZEE frente a los riesgos de tales prácticas abusivas, entre otras cosas garantizando "el acceso a mecanismos de denuncia eficaces, independientes y confidenciales" y llevando a juicio a quienes cometan estos actos.
Además, el CDESC expresó su preocupación por el hecho de que el salario mínimo de las personas trabajadoras continuara siendo insuficiente para garantizar un nivel de vida adecuado en un contexto de inflación elevada y depreciación persistente de la moneda nacional. El comité instó al Gobierno a garantizar un salario mínimo para todas las personas trabajadoras, ajustar periódicamente los niveles salariales en función del coste de la vida y reforzar la aplicación de la ley mediante inspecciones y mecanismos de denuncia.
Varias de las recomendaciones del CDESC, en particular las relacionadas con las personas defensoras de los derechos humanos y los proyectos de infraestructura y desarrollo, coincidían con las formuladas por los Estados miembros de las Naciones Unidas durante el cuarto examen periódico universal (EPU) de Laos, celebrado en abril de 2025.
El Gobierno aceptó tres de las cuatro recomendaciones del EPU relativas a los proyectos de infraestructura y desarrollo, en las que se pedía una consulta adecuada y significativa y una indemnización para las comunidades afectadas.
Sin embargo, el Gobierno se negó a aceptar once de las trece recomendaciones relacionadas con las personas defensoras de los derechos humanos, activistas y partes de la sociedad civil, incluidas aquellas en las que se pedían investigaciones rápidas, imparciales e independientes de todos los casos de asesinatos, desapariciones, detenciones y arrestos arbitrarios y otras violaciones contra estas personas. El Gobierno negó abiertamente la existencia de tales violaciones en el país.
La FIDH y el LMHR instan al Gobierno de Laos a que aplique las recomendaciones que ha aceptado y reconsidere su posición sobre las que ha rechazado, que, a la luz de las observaciones finales del CDESC, se ajustan a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.