"La actitud defensiva del Gobierno de Laos y su rechazo generalizado han convertido al EPU en una farsa. El último EPU de Laos ha puesto de manifiesto una clara falta de voluntad por parte de Vientiane para resolver las cuestiones más importantes en materia de derechos humanos" , destacó el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.
El 23 de junio, Laos aceptó 116 de las 196 recomendaciones formuladas con ocasión del segundo EPU, realizado en enero de 2015. Según Thongphane Savanhphet, el representante permanente de Laos ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, las otras ochenta recomendaciones no han "alcanzado el respaldo total" del Gobierno.
La respuesta del Gobierno ha sido insuficiente, especialmente en relación a la cuestión de las desapariciones forzadas. El Gobierno ha rechazado el conjunto de ocho recomendaciones que instaban a llevar a cabo una investigación acerca de todas las alegaciones sobre las desapariciones forzadas en el país, al considerarlas "no conformes a la realidad". Mediante una maniobra incongruente, el Gobierno ha reconocido la desaparición del prominente líder de la sociedad civil Sombath Somphone, pero solo ha aceptado cuatro de las diez recomendaciones en las que se solicita una investigación sobre su desaparición. En sus explicaciones sobre el rechazo a las seis recomendaciones relativas al caso de Sombath, el Gobierno ha ofrecido una propaganda anticuada y no ha proporcionado nueva información con respecto a los supuestos intentos para determinar la suerte de Sombath. El Gobierno ha declarado que el Comité de Investigación estaba "abierto a cualquier consejo o sugerencia de las partes interesadas" y que la investigación dirigida por las autoridades implicadas estaba "aún en curso".
Además, el Gobierno no se ha comprometido a ratificar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (CIPPDF). Más de seis años después de la firma de la CIPPDF y, a pesar de haber aceptado numerosas recomendaciones en las que se solicitaba su ratificación en ocasión de su primer EPU realizado en mayo de 2010, el Gobierno ha indicado que "tiene previsto estudiar" únicamente la ratificación del tratado.
En relación con el resto de cuestiones relativas a los derechos humanos, el Gobierno de Laos ha rechazado varias recomendaciones en las que se solicita el respeto a la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y la libertad en internet, la protección de los defensores de los derechos humanos, el levantamiento de los obstáculos que impiden el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y de las ONG y la abolición de la pena de muerte.
Asimismo, el Gobierno de Laos ha rechazado numerosas recomendaciones en las que se pedía el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos (INDH) de conformidad con los Principios de París. En una respuesta poco creíble, el Gobierno ha afirmado que el país disponía de "mecanismos nacionales que trataban las cuestiones de los derechos humanos", muy similares a los Principios de París, que constituían las bases de una INDH.
Por último, el Gobierno "ha tomado nota" de las recomendaciones en las que se solicita la ratificación de los tratados internacionales importantes. El Gobierno de Laos ha indicado que necesitaba "más tiempo para estudiar" el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDCM), la Convención Internacional de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Asimismo, ha declarado que no está preparado para adherirse al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (CCT) ni al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
A pesar de su negativa a remitir una invitación permanente a los procedimientos especiales de las Naciones Unidas durante los últimos cinco años, el Gobierno ha insistido en que "se ha preparado para invitar a los Relatores Especiales" y que tiene previsto invitar al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada "en un futuro próximo".
"El comportamiento inadecuado de Laos durante su último EPU demuestra que aún queda mucho por hacer para que el Gobierno se convierta en un candidato creíble ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU" , declaró Vanida Thephsouvanh, presidenta del MLDH. "A menos que la comunidad internacional ejerza una presión política reiterada sobre las malas y dilatorias decisiones y las promesas vacías del Gobierno, es muy poco probable que mejore la situación de los derechos humanos" .