París, Tokio, 21 de agosto de 2026. Sunao Takami, un hombre de 58 años condenado por matar a cinco personas en un incendio provocado en una sala de pachinko en Osaka en 2009, fue ejecutado hoy en la prisión de esta misma ciudad mediante ahorcamiento.
En 2011, un jurado compuesto por seis personas y un tribunal de tres miembros rechazaron el argumento de la defensa de que Takami padecía una enfermedad mental en el momento del delito. En la historia reciente de Japón se han producido ejecuciones de personas condenadas a muerte con presuntas enfermedades mentales.
Esta ejecución es la sexta que se produce desde 2020 y la primera desde junio de 2025. Actualmente hay 100 personas encarceladas (entre ellas seis mujeres) condenadas a muerte.
La FIDH y el CPR instan al Gobierno a que adopte medidas concretas para la abolición de la pena de muerte, aplicando las recomendaciones que los Estados y los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) llevan formulando muchos años. Entre estas recomendaciones destacan la declaración de una moratoria oficial sobre la aplicación de la pena de muerte, la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la conmutación de todas las condenas a muerte por penas de prisión y la adaptación de las condiciones de las personas condenadas a muerte a las normas internacionales.
La FIDH y el CPR instan asimismo al Gobierno japonés a abstenerse en la próxima votación de la resolución bienal de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. En ocasiones pasadas, Japón ha votado sistemáticamente en contra de dicha resolución.
La FIDH, miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte (WCADP) y miembro de su Comité Directivo, y el CPR, miembro de la WCADP, se oponen a la pena de muerte para todos los delitos y en cualquier circunstancia.