Resolución sobre las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Irán

19/11/2019
Declaración

Considerando que la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán se ha deteriorado drásticamente en los últimos tres años (2016-2019):

El Secretario General de las Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán han emitido informes anuales que describen el empeoramiento de los derechos humanos en Irán;

Las resoluciones anuales de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Irán han denunciado las violaciones de los derechos humanos;
El Gobierno iraní ha ignorado las principales recomendaciones formuladas durante el EPU de 2014, así como las de otros órganos creados en virtud de tratados, y no ha cumplido las recomendaciones que había aceptado.

CONSIDERANDO que la pena de muerte se aplica de forma frecuente y generalizada:
• La República Islámica de Irán ocupa permanentemente es el segundo puesto como mayor ejecutor en el mundo y se cree que cuenta con la tasa más elevada de ejecuciones per cápita; miles de presos están en el corredor de la muerte;
• Se aplica la pena de muerte a más de veinte categorías de delitos, inclusive delitos leves, como los relacionados con las drogas y los delitos económicos, así como las relaciones sexuales consentidas entre hombres, el adulterio, el consumo reiterado de alcohol, el robo, las blasfemias contra los profetas y delitos redactados de forma ambigua como la moharebeh (hacer la guerra contra Dios), rebelión y corrupción en la tierra, especialmente cuando se trata de presos políticos;
• La ley prevé la imposición de una pena inhumana de lapidación por adulterio; varias personas están aún en el corredor de la muerte esperando a que se cumpla su sentencia de lapidación, que se puede sustituir por otros métodos de ejecución. En 2018, dos mujeres fueron condenadas a lapidación;
• Durante los últimos tres años (2016, 2017 y 2018), se ejecutaron a 567, 507 y 253 personas, respectivamente. Las cifras reales pueden ser más elevadas. El bienvenido descenso del elevado número de ejecuciones en 2018 se debió a un cambio en la ley contra las drogas. La mayoría de las víctimas de ejecución (unas 230) se enfrentaron a pena de muerte como consecuencia de la ley que castiga el asesinato;
• Siguen siendo frecuentes las ejecuciones en público y las ejecuciones secretas;
• Los "delitos" religiosos pueden ser castigados con la pena de muerte o con largos periodos de cárcel;
• En 2018, un antiguo empleado de la televisión iraní fue declarado culpable de cometer "corrupción en la tierra" mediante el establecimiento de una "falsa institución espiritual" y fue ejecutado;
• En 2017, se condenó a muerte al menos a dos personas por acusaciones relacionadas con sus creencias "espirituales". Una de las sentencias de muerte fue conmutada posteriormente por una sentencia de cárcel;
• En 2016, otras dos personas fueron condenadas a muerte por "maldecir al profeta del Islam";
• Se ejecuta a menores por delitos supuestamente cometidos cuando tenían menos de dieciocho años. A principios de 2019, se sabía que se había ejecutado a, por lo menos, 97 menores delincuentes desde 1990, de los cuales al menos dos (y probablemente siete) en 2016 eran menores, cuatro en 2017 y siete en 2018. La República Islámica de Irán es el principal ejecutor de niños del mundo.
• Se sabe que al menos 85 menores permanecían en el corredor de la muerte en diciembre de 2018. Las cifras reales probablemente son más elevadas. Se mantiene en prisión a los supuestos delincuentes juveniles hasta que cumplen los dieciocho años, para ejecutarlos entonces. Sin embargo, algunos acusados han sido ejecutados antes de alcanzar esa edad.

Considerando que las garantías procesales se ignoran y se niegan de forma sistemática:

• Se detiene a los acusados, especialmente en los casos políticos, sin una orden judicial, se les mantiene en reclusión en régimen de aislamiento durante largos periodos, se les niega el acceso a su familia y abogado y se les somete a juicios extremamente injustos, en los que se obtienen confesiones mediante tortura, que se aceptan como prueba e incluso a veces se emiten por televisión antes del juicio;
• Los activistas de derechos humanos, periodistas, abogados, activistas de los derechos de las mujeres, sindicalistas y disidentes que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, la libertad de reunión o la libertad de asociación, con frecuencia se enfrentan a vagas acusaciones relacionadas con la seguridad, tales como la de "asociación y confabulación para delinquir en contra de la seguridad nacional", "divulgación de propaganda contra el Estado", "creación de grupos ilegales", e incluso "espionaje" y, además, se les condena a largas penas de prisión y se les prohíbe ejercer su actividad profesional y social;
• A finales de enero de 2018 se detuvo a nueve ecologistas, que fueron sometidos a torturas y otros malos tratos, incluso manteniéndolos de forma prolongada en régimen de aislamiento, con el fin de obtener "confesiones" forzadas. A uno de ellos se le encontró muerto en la cárcel. Los demás fueron acusados de espionaje por utilizar cámaras para el seguimiento de especies en peligro de extinción. Cuatro podrían ser condenados a muerte y el resto a una pena de más de una década de prisión;
• En la provincia occidental del Kurdistán, en 2018 y 2019, se detuvo a decenas de activistas ecologistas;
• A menudo se presentan nuevas acusaciones contra los presos políticos para evitar su puesta en libertad; así, se les vuelve a someter a juicios injustos y se les condena otra vez a penas de prisión;
• Los tribunales siguen condenando a las personas a torturas y castigos inhumanos como la amputación, arrancamiento de ojos, pruebas de virginidad y azotes; en 2017 se ejecutaron al menos cinco sentencias de amputación de manos;
• Se deniega a numerosos presos el acceso a la asistencia médica que necesitan; muchos presos políticos han perdido la vida en varias cárceles desde 2003 en circunstancias dudosas, entre ellas, palizas, torturas y ulterior falta de atención médica y tratamiento;
• En uno de los casos más recientes, Kavous Seyed-Emami, conservacionista y académico canadiense-iraní, murió en circunstancias sospechosas en la prisión de Evin dos semanas después de su arresto a finales de enero de 2018. Las autoridades afirmaron que se había suicidado y se negaron a entregar su cuerpo a menos que la familia accediera a un entierro inmediato sin una autopsia independiente;
• Al menos nueve personas detenidas durante las protestas generalizadas contra la pobreza, la corrupción y la represión política de diciembre de 2017 y enero de 2018 perdieron la vida durante la detención en circunstancias dudosas; las autoridades admitieron la muerte de al menos 25 personas durante las protestas;

Considerando que la libertad de conciencia y convicción, de expresión, asamblea y asociación prácticamente son inexistentes:
• Irán ocupa el puesto 170 (frente al 165 en 2017) de un total de 180 países en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) de 2019;
• Se estima que miles de personas se encuentran en la cárcel por razones puramente políticas o por sus actividades de derechos humanos; únicamente en 2018, se arrestó a cerca de 7 000 personas durante diferentes protestas;
• El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas ha declarado oficialmente que varias personas están detenidas arbitrariamente en Irán. Al menos 16 de ellas siguen detenidas;
• Muchos periodistas han huido del país en la última década por temor a ser arrestados y encarcelados. A finales de 2018, según RSF, había 28 periodistas encarcelados. A lo largo de 2017 se detuvo al menos a 94 blogueros y un periodista recibió 40 latigazos en enero de 2017 por informar de manera inexacta;
• Los periódicos operan en condiciones de fuerte censura y se enfrentan a un posible cierre si cruzan alguna de las muy numerosas líneas rojas; en mayo de 2019, se prohibió incluso la publicación de un semanario (Seda) por el titular en primera plana: "En la encrucijada entre la guerra y la paz".
• Las asambleas pacíficas e incluso las reuniones literarias están prohibidas en la práctica; las autoridades judiciales nacionales o locales prohíben regularmente conciertos de música, incluso después de que el Gobierno los haya autorizado oficialmente;
• Varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de Periodistas y la Asociación de Escritores de Irán, no pueden funcionar ni celebrar reuniones libremente o elegir a sus cargos internos. En mayo de 2019, se condenó a tres miembros de la junta directiva de la Asociación de Escritores a seis años de prisión cada uno por acusaciones relacionadas con su pertenencia a la asociación y por oponerse a la censura;
• La ley no reconoce los sindicatos independientes y sus activistas se enfrentan sistemáticamente a hostigamiento judicial y de otro tipo. Se ha detenido a decenas de sindicalistas, antes y después del 1 de mayo de 2017, 2018 y 2019 por organizar las celebraciones del Día del Trabajo. Los activistas sindicales independientes y los docentes sindicalistas son especialmente vulnerables. Al menos 10 sindicalistas están actualmente cumpliendo penas de prisión o se les ha detenido por organizar actividades sindicales independientes. Muchos otros sindicalistas han cumplido penas de prisión, mientras que otros están en libertad bajo fianza a la espera del resultado de sus juicios o apelaciones. Varios jóvenes periodistas que apoyaron a los sindicalistas perseguidos también están detenidos y son objeto de torturas y otros malos tratos;
• Los grupos pacíficos de defensa de los derechos humanos, entre ellos las organizaciones miembros de la FIDH, tienen prohibido trabajar y supervisar la situación de los derechos humanos en su propio país;
• Se impide el funcionamiento de los partidos políticos pacíficos disidentes y se suele condenar a sus activistas a largas penas de prisión; incluso los grupos progubernamentales reformistas y sus activistas se enfrentan a diferentes tipos de presión y hostigamiento de diferente tipo, incluso a nivel judicial;
• Se han confirmado condenas de prisión contra algunos directores de cine por su trabajo y actualmente corren el riesgo de ser detenidos en cualquier momento para cumplir sentencia;
• Otros artistas, entre otros, poetas y dibujantes, han sido condenados y están cumpliendo penas de cárcel o se han visto obligados a huir del país para evitar la prisión;
• El sector editorial ha sido sometido a un estricto y duro control y censura, lo que está llevando a muchas editoriales a la bancarrota.

Considerando que las defensoras y defensores de los derechos humanos, entre ellos abogados, activistas de los derechos de las mujeres, activistas de los derechos laborales que intentan organizar sindicatos independientes, estudiantes activistas por los derechos, periodistas y escritores, defensores de los derechos de las minorías, todos ellos han sido gravemente perseguidos, sometidos a una dura represión y condenados a largas penas de cárcel, por sus actividades pacíficas de derechos humanos, entre otros:

• La abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh, se encuentra detenida arbitrariamente desde junio de 2018 y cumple una pena de cinco años de prisión, dictada en rebeldía en septiembre de 2016. Además, en diciembre de 2018 se enfrentó a siete nuevos cargos falsos y fue condenada a 148 latigazos y a un total de 33 años y seis meses de cárcel, de los cuales tendrá que cumplir al menos 12, tal como exige la ley.
• Nargess Mohammadi, portavoz y vicepresidenta del Centro de Defensores de los Derechos Humanos (DHRC), que había sido puesta en libertad en julio de 2012, fue detenida de nuevo en mayo de 2015 supuestamente para cumplir el resto de su condena de seis años de prisión, a pesar de que sufría de parálisis muscular y embolias pulmonares. Además, en mayo de 2016, fue condenada a dieciséis años más de prisión, de los que tendrá que cumplir un mínimo de diez.
• Al menos otros cinco abogados de derechos humanos están detenidos; tres de ellos están cumpliendo condenas de prisión de larga duración (Mohammad Najafi, un total de 14 años; Amir Salar Davoodi, un total de 30 años; Massood Shamsnejad, un total de seis años y cuatro meses).

Considerando que los derechos de las mujeres se vulneran sistemáticamente:
• En la evaluación del Foro Económico Mundial de 2018, Irán ocupó el puesto 142 de un total de 149 países en brecha de género global, el puesto 143 en participación económica de las mujeres y el 141 en empoderamiento político de las mujeres. Las disposiciones de la Constitución, el Código Civil y el Código Penal Islámico son extremamente discriminatorias contra las mujeres en lo que respecta al matrimonio, divorcio, custodia de los hijos, herencia y nacionalidad. El Código Penal Islámico permite a los maridos matar a sus esposas si las sorprenden cometiendo adulterio y tienen impunidad por ello. Se han aplicado nuevos planes legislativos que reducirán de forma efectiva la participación de las mujeres en el mercado laboral. La Ley de protección de la familia (2013) facilita aún más la poligamia y ha reducido los ya muy limitados derechos de las mujeres;
• La edad de responsabilidad penal de las mujeres es de nueve años lunares, es decir, 8,7 años solares;
• Los matrimonios tempranos y forzados son una práctica generalizada y creciente:
• La policía y otras fuerzas de seguridad utilizan con frecuencia una fuerza y una violencia excesivas, así como medidas y multas legales para imponer a las mujeres un estricto código vestimentario (hiyab); desde finales de 2017 hasta 2018 y 2019, se arrestó o detuvo al menos a 112 mujeres por haber participado en protestas en público en contra del hiyab forzoso, algunas fueron condenadas a penas de prisión, y unas pocas abandonaron el país; en julio de 2019, había más de 10 activistas de los derechos de la mujeres detenidas, sobre todo en relación a la celebración del 8 de marzo;
• En años anteriores, varias mujeres "mal vestidas" han sido víctimas de ataques con ácido;
• Se han adoptado amplias medidas para segregar a las mujeres de los hombres en las universidades y en los servicios gubernamentales y para prohibir que las mujeres cursen varias carreras universitarias;
• Se prohíbe a las mujeres asistir a eventos deportivos masculinos.

Considerando que se ha negado el acceso a la justicia durante cuarenta años a miles de víctimas y de familias de víctimas de graves vulneraciones de los derechos humanos cometidas por el Estado:
• Miles de presos políticos fueron ejecutados a lo largo de los años ochenta y, sobre todo, durante las masacres de las cárceles de 1988;
• Tras las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009, miles de personas que se manifestaron por el fraude electoral fueron detenidas, torturadas y encarceladas; muchos manifestantes perdieron la vida en centros de detención al ser torturados, o en condiciones altamente dudosas, y todos los autores de estos crímenes siguen disfrutando de impunidad.
• Las familias y allegados de los presos políticos ejecutados y de los manifestantes han sido objeto de persecución y acoso, incluso a nivel judicial, por exigir responsabilidades o información sobre los lugares de inhumación de sus seres queridos; se ha condenado a varios familiares a largas penas de prisión por aproximarse a los órganos de las Naciones Unidas y presentar denuncias ante los mismos;
• Las autoridades se han negado sistemáticamente a reconocer oficialmente las ejecuciones y las graves violaciones cometidas o a exigir responsabilidades a los autores. Al contrario, Hojattolislam Ebrahim Ra’eesi, miembro del comité de defunción responsable de los juicios sumarios y ejecuciones de presos políticos en 1988, fue nombrado jefe del poder judicial en marzo de 2019.

Considerando que las comunidades étnicas han sido sistemáticamente reprimidas:

• Se ha privado a las comunidades étnicas de su derecho a aprender, enseñar y publicar libros y periódicos en su propia lengua;
• Han sido sometidas a una extensa discriminación política y económica;
• Los activistas políticos y culturales de las comunidades árabe y azerí han sufrido una dura represión cultural; las comunidades árabe, kurda y baluchi, especialmente, han sido víctimas de un número desproporcionadamente más elevado de ejecuciones.

Considerando que las religiones minoritarias han sufrido una grave persecución:
• Las minorías religiosas reconocidas constitucionalmente, especialmente los musulmanes sunís, los chiís disidentes, entre ellos los derviches sufís, los cristianos y otras minorías, han sido objeto de una dura represión y muchos de sus seguidores han sido perseguidos, detenidos y condenados a largas penas de cárcel únicamente por sus creencias;
• Se ha atacado, dañado o demolido centros de oración de derviches y musulmanes sunitas; en febrero de 2018, 300 derviches de la Orden Gonabadi fueron arrestados durante las protestas y muchos de ellos sufrieron palizas durante su detención, lo que provocó la muerte de un manifestante detenido. Dos manifestantes y cinco agentes de seguridad resultaron muertos, entre ellos tres agentes de policía atropellados por un autobús. Mohammad Salas, miembro de la Orden, fue supuestamente torturado y obligado a firmar una "confesión" admitiendo que había cometido los asesinatos. A pesar de que posteriormente se retractó de su confesión, fue condenado a muerte y ejecutado el 18 de junio de 2018.
• Las iglesias cristianas han sido clausuradas; las casas de culto y sus activistas han sido atacados y sus sacerdotes y activistas han sido condenados a duras penas de prisión;
• Los seguidores de la fe Bahá’í, no reconocida, son objeto de una especial discriminación, que incluye detenciones arbitrarias, clausura de sus empresas, redadas en sus casas, confiscación de propiedades, profanación de cementerios, negativa a permitir que entierren a los muertos y prohibición de acceder a la educación superior; en marzo de 2019, había 83 seguidores de la fe Bahá’í encarcelados y algunos de ellos cumplían largas condenas de cárcel.
• En 2016, se ejecutó al menos a 25 musulmanes sunitas presuntamente implicados en activistas terroristas, que habían denunciado haber sido torturados para obtener su "confesión".

Considerando que las elecciones libres se impiden sistemáticamente:
• Las elecciones están abiertas únicamente a unos pocos candidatos seleccionados en el marco de una legislación muy discriminatoria;
• Solamente se permitió participar a seis candidatos en las elecciones presidenciales de 2017, y otros muchos fueron descalificados, entre ellas, las 137 mujeres candidatas;
• No se permite a las mujeres presentarse a las elecciones presidenciales;
• Se descalificó a más de la mitad de las aproximadamente 12 000 candidaturas inscritas y no se les permitió presentarse a las elecciones parlamentarias de febrero de 2016;
• Dos candidatos presidenciales en 2009, el antiguo primer ministro Mir Hossein Mousavi y el antiguo portavoz parlamentario Mehdi Karroubi, así como la esposa del Sr. Mousavi, Zahra Rahnavard, permanecen en arresto domiciliario desde febrero de 2011.

El 40.º Congreso de la FIDH expresa su firme apoyo a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos iranís, al resto de activistas de derechos, prisioneros de conciencia y víctimas de violaciones de los derechos humanos; Insta al Gobierno de la República islámica de Irán a que:
• Respete todas sus obligaciones en virtud del derecho internacional de derechos humanos y, en particular, que:
• Cese de inmediato la práctica de ejecutar a niños y las ejecuciones públicas;
• Cese de inmediato la aplicación de la pena de muerte por acusaciones políticas;
• Establezca de inmediato una moratoria sobre la pena de muerte, con vistas a su abolición;
• Respete y garantice la igualdad para las mujeres ante la ley y en la práctica;
• Respete y garantice la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y convicción, asamblea y asociación, así como los derechos de las minorías;
• Garantice la celebración de elecciones libres y justas;
• Garantice a todos las personas presas, la aplicación de las garantías procesales, el acceso a una atención sanitaria adecuada, a sus familias y abogados, así como su derecho a un juicio justo, conforme a las normas internacionales;
• Libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos de conciencia;
• Proporcione a las familias de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos información sobre la pérdida de sus seres queridos y exija responsabilidades a todos los autores de los odiosos crímenes de la década de 1980;
• Ratifique y aplique la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, los convenios fundamentales de la OIT, así como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares.

• Insta las Naciones Unidas, a la Unión Europea y a los Gobiernos nacionales a que: 
 
Pidan al Gobierno iraní que coopere con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y asegure su rápido acceso al país;
Planteen casos bien documentados de violaciones graves de los derechos humanos en sus intercambios con las autoridades iranís;
Insistan en que sus empresas cumplan con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos y con las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en todos sus acuerdos y contratos con contrapartes iranís;
Pidan a las autoridades iranís que cumplan con todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos consagrados en el PIDCP, en el PIDESC y en el resto de instrumentos de derechos humanos que Irán ha ratificado;
Pidan al Gobierno iraní que ponga en libertad a todos los presos de conciencia sin excepción, entre ellos a los defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y disidentes;
Insten a las autoridades iranís a que tomen medidas efectivas para luchar contra la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos y que se haga justicia a las víctimas de estas violaciones ocurridas en los últimos cuarenta años.

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