París, 18 de junio de 2025. Durante la noche del 12 al 13 de junio de 2025, Israel lanzó una ofensiva militar sorpresa a gran escala y sin provocación previa contra más de un centenar de objetivos en Irán, entre otros, presuntas instalaciones nucleares y emplazamientos militares. Al parecer, los ataques alcanzaron a decenas de instalaciones nucleares y causaron la muerte de varios altos mandos militares, figuras políticas de primer orden y al menos nueve científicos nucleares, cifra que aumentó a al menos a 14 en los días siguientes. Algunos miembros de las familias de estos científicos nucleares y otras personas civiles que vivían en las proximidades también murieron en los ataques.
Como represalia, desde el 13 de junio, Irán lanzó una serie de ataques con misiles y drones contra el territorio de Israel, que continuaron desde entonces, mientras que Israel siguió lanzando misiles contra Irán, incluso con el ataque a un hospital el lunes 16 de junio de 2025, y cientos de ataques aéreos con aviones F35 y F16 de última generación. Según las autoridades iraníes, hasta el 17 de junio, fallecieron en Irán al menos 224 personas a consecuencia de los ataques israelíes. En muchos casos se trata de población civil y murieron al menos 20 niños y niñas, según informa la LDDHI, organización miembro de la FIDH. Las autoridades israelíes informaron de que murieron en su territorio 24 personas, entre ellas al menos cuatro ciudadanos/as palestinos/as de Israel de la localidad de Tamra. Ambos gobiernos aseguraron públicamente que pretendían intensificar sus ataques, a pesar de los urgentes llamamientos internacionales para reducir la tensión y que se pusiera fin de inmediato a los ataques deliberados contra la población civil y otras personas protegidas por el derecho internacional.
Lamentablemente, esta escalada también sirve de pantalla a los continuos crímenes internacionales de Israel, entre ellos el genocidio, la inanición y el bombardeo de infraestructuras civiles, como escuelas utilizadas como refugios, hospitales y empresas, en la Franja de Gaza. Mientras tanto, los/as colonos/as continúan arrasando y atacando comunidades palestinas, y la mayor parte de Cisjordania se encuentra sometida a cierre, con la práctica desaparición de toda circulación entre las ciudades y pueblos.
La FIDH y la LDDHI deploran la pérdida de vidas tanto en Irán como en Israel, y recuerdan a las autoridades de ambos países que el derecho internacional humanitario prohíbe estrictamente atacar intencionadamente a población e infraestructuras civiles. Instamos además a las autoridades de ambos países a que pongan fin de inmediato a la escalada del conflicto y comiencen negociaciones para un alto el fuego. Instamos a la comunidad internacional, en particular a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), a que actúen con determinación basada en principios –exigiendo el cese inmediato de las hostilidades, apoyando la realización de investigaciones independientes de todas las violaciones cometidas y haciendo cumplir las obligaciones jurídicas internacionales–, y a que se abstengan de tomar cualquier medida que agrave aún más la situación, como la intervención en el conflicto con la que amenaza el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es necesario luchar con decisión contra la impunidad de la que goza Israel desde hace mucho tiempo, propiciada por la falta de respuesta de la comunidad internacional y el escudo político de sus aliados, antes de que esta crisis se agrave hasta alcanzar un punto incontrolable y toda la región se vea envuelta en una violencia irreversible y a gran escala.
Cuestionamiento del argumento de la legítima defensa preventiva de Israel
Se debe rechazar de forma inequívoca el recurso de Israel al denominado "derecho a la legítima defensa preventiva". En virtud del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, el uso de la fuerza en legítima defensa solo está permitido en respuesta a un ataque armado real, y no a partir de conjeturas o presuntas amenazas. Este principio está reforzado por el derecho internacional consuetudinario y ha sido confirmado por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), entre otros, en la sentencia en el caso Nicaragua contra Estados Unidos. Además, en virtud del derecho internacional humanitario, aún cuando se permita el uso de la fuerza, toda operación militar debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y distinción entre objetivos militares y civiles. La magnitud y la naturaleza de los ataques de Israel contra Irán, que comprenden ataques contra zonas civiles e infraestructuras médicas, vulneran estos principios fundamentales y no pueden justificarse como legítima defensa.
El programa nuclear de Irán ya está bajo supervisión internacional
Las afirmaciones sobre el supuesto programa de armas nucleares de Irán, que Israel esgrime para justificar su agresión, deben abordarse a través de los mecanismos multilaterales existentes diseñados precisamente para dirimir este tipo de cuestiones. Irán sigue siendo parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y sus instalaciones nucleares están sujetas a inspecciones continuas por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que informa periódicamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza fuera de este marco establecido no solo es ilegal, sino que socava la confianza en el régimen internacional de no proliferación. Si Israel o cualquier otro Estado tiene pruebas fidedignas de incumplimiento, debe presentarlas al OIEA o al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para su evaluación, y no utilizarlas para justificar una acción militar unilateral. Por otra parte, Israel no es parte del TNP y posee un gran arsenal de armas nucleares. No se debe permitir que los países de la región desarrollen armas nucleares, dadas las controvertidas realidades y las violaciones que se puede prever se cometan en la región.
Llamamiento a la acción del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas
La FIDH insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que cumpla su mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales y convoque con urgencia una reunión para condenar el uso ilegal de la fuerza por parte de Israel, imponer un embargo de armas y ordenar una investigación internacional independiente sobre las violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes. En caso de bloqueo por el uso del derecho de veto, la Asamblea General de las Naciones Unidas debería apelar a su resolución "Unidos por la paz" para asumir su responsabilidad subsidiaria. Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas no puede remitir situaciones a la Corte Penal Internacional (CPI), puede solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, establecer organismos de investigación independientes y recomendar la imposición de sanciones u otras medidas colectivas a los Estados miembros. Llegó el momento de tomar medidas internacionales de forma coordinada y basada en principios, antes de que esta escalada suma a toda la región en una catástrofe irreversible.