El 14 de agosto de 2022, la sección 36 del Tribunal de Apelación de Teherán confirmó todas las penas de prisión que había impuesto previamente la sección 29 del Tribunal de la Revolución Islámica contra cuatro abogados/as de derechos humanos y una persona defensora de los derechos civiles y periodista tras las audiencias celebradas en abril y mayo de 2022 por "reunión y conspiración contra la seguridad nacional", en virtud del artículo 610 del Código Penal Islámico.
El Tribunal de Apelación confirmó todas las sentencias de la siguiente manera:
– Cuatro años de prisión y dos años de prohibición de ejercer la abogacía y cualquier actividad en los medios de comunicación para el Mostafa Nili, abogado de derechos humanos que ha representado en el pasado a muchas personas encarceladas por motivos políticos, entre ellas, activistas estudiantiles y sindicalistas.
– Dos años de prisión y la prohibición de ejercer la abogacía durante un año para Arash Kaykhosravi, abogado de derechos humanos que ha representado anteriormente a numerosas personas defensoras de los derechos humanos y activistas políticas.
– Seis meses de prisión para Mohammad-Reza Faqihi, abogado de derechos humanos.
– 95 días de prisión para Maryam Afrafaraz, abogada y defensora de los derechos civiles y miembro de la ahora prohibida Asociación de Caridad Imam Ali.
– Cuatro años de prisión y dos años de prohibición de actividades en los medios de comunicación para Mehdi Mahmoodian, defensor de los derechos civiles y periodista que denunció violaciones de los derechos civiles.
Todas las personas defensoras mencionadas, excepto Mehdi Mahmoodian, continúan en libertad en el momento de la publicación de esta declaración. De acuerdo con las sentencias que se comunicaron a las personas acusadas el 16 de agosto de 2022, los períodos que hayan transcurrido en detención anteriormente se contabilizarán y se deducirán de las penas de prisión impuestas en esta sentencia. En consecuencia, las cinco personas acusadas podrían ser detenidas en cualquier momento para cumplir el resto de sus condenas.
Estas cinco personas fueron detenidos por 15 agentes de las fuerzas de seguridad el 14 de agosto de 2021, durante una reunión en la oficina de la Asociación para la Protección de los Derechos Civiles en Teherán, cuando se encontraban con Mohammad Hadi Erfanian Kaseb y Leila Heidari, juristas de derechos humanos. Se había reunido para redactar una queja contra el Líder Supremo Ali Jamenei, el Grupo de Trabajo Nacional contra el coronavirus del país, el ministro de Sanidad y el resto del personal público responsable de la supuesta mala gestión de la pandemia de COVID-19 y de la prohibición de importar vacunas para el COVID-19 fabricadas en Estados Unidos y Reino Unido en enero de 2021. Antes de su detención, habían recibido amenazas por parte de personas desconocidas, pero se negaron a dar marcha atrás. Durante su arresto, las fuerzas de seguridad confiscaron algunas de las pertenencias de las personas defensoras, como sus teléfonos móviles. Se los condujo a un lugar desconocido y posteriormente se los mantuvo en detención en la prisión de Evin, en Teherán, bajo la supervisión del servicio de inteligencia del Poder Judicial. Tras unas horas de detención se puso en libertad a Mohammad Hadi Erfanian Kaseb y Leila Heidari.
Maryam Afrafaraz y Mohammad-Reza Faqihi fueron puestos en libertad bajo fianza el 29 de agosto de 2021. Mostafa Nili fue puesto en libertad condicional el 18 de diciembre de 2021 y Arash Kaykhosravi fue puesto en libertad condicional el 25 de diciembre de 2021. Mehdi Mahmoodian ya había sido condenado a un año de prisión por "difundir propaganda contra el sistema" y a cuatro años de prisión por "reunión y conspiración con intención de perturbar la seguridad nacional" en un caso diferente en septiembre de 2020 en relación con acciones cívicas realizadas anteriores. Su sentencia se confirmó y en el momento de la publicación de esta declaración se encontraba cumpliendo su condena en la prisión de Evin, en Teherán.
El 27 de febrero de 2022, Arash Kaykhosravi y Mohammad-Reza Faqihi presentaron conjuntamente una denuncia contra 18 funcionarios de alto rango, entre ellos el Líder Supremo y el entonces presidente Rohaní, por causar la muerte involuntaria de más de 100 mil compatriotas, por abuso de poder y autoridad, por no hacer cumplir las leyes, por transmitir información falsa al pueblo y por difundir mentiras. El Observatorio y LDDHI temen que se tomen nuevas represalias contra estas cinco personas defensoras.
El Observatorio y LDDHI condenan enérgicamente que se hayan confirmado en apelación las sentencias contra Mostafa Nili, Arash Kaykhosravi, Mohammad-Reza Faqihi, Maryam Afrafaraz y Mehdi Mahmoodian, en un acto cuyo único objetivo parece ser imponerles un castigo por sus legítimas actividades en materia de derechos humanos, e instan a las autoridades iraníes a que anulen las sentencias dictadas en su contra, retiren todos los cargos que se les imputan y pongan fin a todos los actos de acoso, incluso a nivel judicial, contra todas las personas defensoras de los derechos humanos en Irán.