Irán: Las ejecuciones de manifestantes deben suscitar una respuesta internacional

SEAN GALLUP / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP

París, 13 de diciembre de 2022. Los gobiernos de todo el mundo y, en particular, los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben retirar a sus embajadores o a sus diplomáticos de más alto rango de Irán. Grupos de defensa de los derechos humanos sostienen que su estancia se ha hecho insostenible tras la brutal represión y las ejecuciones de dos manifestantes en menos de una semana, sin que el régimen de Teherán dé señales de ceder.

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Liga para la Defensa de los Derechos Humanos en Irán (LDDHI) instan a los gobiernos a que transmitan su extremo desagrado ante el absoluto desprecio de las autoridades iraníes por los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, y a que llamen de vuelta a sus embajadores. Deben tomar cualquier otra medida proporcionada en la escena internacional para que los autores de abusos contra los derechos humanos rindan cuentas, incluso facilitando la labor de la misión internacional de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en noviembre de 2022. Las organizaciones de derechos humanos también piden a todos los Estados miembros de la ONU que denuncien la ejecución de manifestantes e insten a las autoridades iraníes a imponer una moratoria inmediata sobre el uso de la pena de muerte.

El pedido se hace para llamar la atención, en particular, sobre las recientes ejecuciones de manifestantes y de decenas de personas que se enfrentan a cargos punibles con la muerte. El 8 de diciembre de 2022, un joven, Mohsen Shekari, fue ejecutado tras haber sido declarado culpable de bloquear una calle y herir a un miembro de la milicia Basij durante una reciente protesta en Teherán. El 12 de diciembre de 2022, otro joven, Majidreza Rahnavard, fue ahorcado en público tras ser acusado de apuñalar mortalmente a otros dos miembros de los Basij durante una protesta en Mashhad.

Una espeluznante serie de condenas por motivos políticos seguidas de ejecuciones

Shekari fue detenido el 25 de septiembre de 2022 y condenado a muerte por el Tribunal de la Revolución Islámica de Teherán el 20 de noviembre de 2022. El proceso completo hasta su ejecución duró sólo 56 días. El Sr. Rahnavard fue detenido el 19 de noviembre, tras su participación en una protesta el 17 de noviembre de 2022, y juzgado el 29 de noviembre. Todo el proceso hasta su ejecución duró poco más de tres semanas. Ambos fueron acusados de moharebeh. [1] El intervalo inusualmente breve entre las detenciones y las ejecuciones de ambos hombres también arroja serias dudas sobre el respeto de las autoridades a las garantías procesales y a su derecho a un juicio justo. El 5 de diciembre, el jefe del poder judicial alabó los "brevísimos" procesos y prometió la ejecución muy pronto de los manifestantes condenados por moharebeh y "corrupción en la tierra".

Las ejecuciones de los señores Shekari y Rahnavard, las dos primeras de personas implicadas en las recientes protestas, ponen de manifiesto el flagrante desprecio de las autoridades iraníes por las obligaciones jurídicas internacionales de Irán en materia de derechos humanos. La aplicación de la pena de muerte en los casos de Shekari y Rahnavard, así como las condenas a muerte impuestas a otros manifestantes, no alcanzan el umbral de los "delitos más graves" establecido por el derecho internacional y, por tanto, contravienen las obligaciones contraídas por el país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La represión desatada desde mediados de septiembre ha causado centenares de muertos y miles de encarcelamientos masivos

Las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022 se han saldado con una violenta represión por parte de las autoridades. Según datos recogidos por LDDHI, al 9 de diciembre de 2022, las autoridades iraníes habían matado al menos a 535 personas, entre ellas 61 mujeres y 75 niños, y detenido a miles de civiles en su implacable represión de las protestas y otros actos de desobediencia civil. Al menos 65 personas (entre ellas 11 mujeres y cinco niños) han sido acusadas de moharebeh, "corrupción en la tierra", insurrección o asesinato (estos tres últimos delitos se castigan con la pena de muerte) en relación con su participación en las protestas. Es probable que la cifra real sea mayor. Las acusaciones de moharebeh, "corrupción en la tierra", insurrección o asesinato se han utilizado frecuentemente contra disidentes políticos y miembros de comunidades étnicas y minorías religiosas, que han sido ejecutados con frecuencia.

Aquí figura una lista no exhaustiva de manifestantes acusados de moharebeh, "corrupción en la tierra", insurrección o asesinato a fecha de 13 de diciembre de 2022.

Leer más
statement